Àngela Ballester “el Rana Plaza de Bangladesh no fue un accidente, fue un crimen y tenemos la obligación de evitar que se repita”.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea acaba de iniciar los trabajos para preparar una ley que obligue a las empresas españolas a cumplir los Derechos Humanos (laborales, sociales, medioambientales) en cualquier país donde desarrollen su actividad. Para ello se celebró en el Congreso una reunión de trabajo con Danielle Auroi, Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos en la Asamblea Nacional de Francia, sobre la ley francesa relativa al deber de vigilancia de las sociedades matrices, aprobada el pasado 21 de febrero. La ley incluye una serie de obligaciones para las multinacionales francesas con respecto a las violaciones de los derechos humanos en otros países, incluyendo también sus filiales. A la reunión han asistido la diputada Àngela Ballester, como portavoz de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, y el diputado por Alicante y secretario general del Grupo Parlamentario Txema Guijarro.

Según Ballester “esta ley es la más avanzada en la materia que existe y nos servirá de referente para el trabajo que empezamos, pero pretendemos avanzar en algunos aspectos todavía más. Nuestra intención es promover una ley que contribuya a resolver en nuestro país los continuos conflictos entre el Derecho Internacional del Comercio y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para que la vida de las personas se proteja más que los beneficios económicos. Hemos impulsado iniciativas para que las empresas respeten el medio ambiente, para que los gobiernos autonómicos y central no contraten con bancos que desahucian o con empresas envueltas en casos de corrupción. Ahora toca dar un paso más para exigir también que las empresas españolas respeten los Derechos Humanos en sus actividades fuera del país”.

La reunión ha coincidido con el cuarto aniversario del derrumbe del Rana Plaza de Bangladesh, donde perdieron la vida 1100 personas y otras 2500 resultaron heridas. “No fue un accidente, fue un crimen. Miles de personas cosían a destajo ropa para subcontratas de empresas como Mango o El Corte Inglés, en condiciones laborales precarias e insalubres, por sueldos de miseria. En algunos casos se trata de derechos laborales, en otros de contaminación de recursos naturales y en otros de intimidación e incluso asesinato de activistas, como Berta Cáceres. La actividad de las multinacionales tiene que estar sujeta a su deber de respetar el estado de derecho y los derechos humanos”, ha manifestado Ballester.

La sesión de trabajo del Congreso ha incluido reuniones con organizaciones de la sociedad civil española que llevan tiempo impulsando una iniciativa de este tipo, ante la constatación de que la actual arquitectura jurídica estatal e internacional permite la impunidad de las empresas transnacionales.

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