La diputada valenciana del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha dirigido una batería de preguntas al Gobierno relativas al Proyecto de Ley valenciano de Cooperación y Desarrollo Sostenible.

Ante la comunicación del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas al Gobierno Valenciano señalando la posible inconstitucionalidad de la propuesta de ley valenciana, Àngela Ballester ha advertido que “éste no es el único caso en que el gobierno de Mariano Rajoy trata de limitar las competencias legislativas de las Cortes Valencianas, asistimos a un exceso de celo recentralizador que se está convertido en los últimos tiempos en una mala tendencia y una mala costumbre. Además, en este caso, el Gobierno no solo ha recortado en materia de cooperación más del 70 por ciento de la contribución estatal, sino que ahora quiere limitar el trabajo que realizan en esta materia las administraciones autonómicas, que sorprendentemente son las que proporcionalmente están destinando más recursos a las políticas de cooperación”.

La parlamentaria valenciana ha hecho alusión al artículo 16 del citado Proyecto de Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible, correspondiente a la coordinación de la Generalitat con otras instituciones y entidades nacionales e internacionales y que según el gobierno estatal supondría una intromisión en las relaciones internacionales. A este respecto Ballester ha subrayado que “el papel de comunidades autónomas y entes locales en la cooperación al desarrollo tiene respaldo en la legislación vigente”, y en este sentido pregunta al gobierno cómo se puede desarrollar una agenda internacional como la Agenda 2030 sin una coordinación a nivel internacional.

Sobre el motivo de la comunicación del Gobierno central, la diputada ha apuntado además que “no es en absoluto coherente con su voluntad manifestada en sede parlamentaria de desarrollar e implementar la Agenda 2030, uno de cuyos pilares es la implicación y coordinación con los distintos actores políticos, económicos y sociales y con las distintas escalas de la administración, así como la coordinación y trabajo conjunto entre éstos y los organismos internacionales encargados del seguimiento e impulso de la Agenda 2030”.

Ballester mantiene que la posición del Gobierno del PP no es compatible con un modelo de cooperación descentralizada que “mejore los resultados de la política de cooperación”. Y ha manifestado que “de hecho esta cuestión no se limita a la cooperación valenciana, pues lo establecido en el artículo 16 se encuentra también en las leyes de cooperación de otras comunidades autónomas, como la de Madrid, Euskadi o Galicia”.

Estas son las preguntas que Àngela Ballester ha dirigido al Gobierno:

  • ¿Qué tipo de coordinación territorial en materia de cooperación al desarrollo plantean el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas y la Vicepresidenta del gobierno? ¿En qué modelo institucional y de país se basa esta coordinación?
  • ¿Qué tipo de cooperación descentralizada, en especial para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030, tiene previsto promover el Gobierno?
  • ¿Va el Gobierno a impugnar otras leyes de cooperación autonómicas?
  • ¿Qué aspectos del artículo 16 del Proyecto de Ley de Cooperación valenciana considera el Gobierno que pueden ser contrarios a la Constitución? ¿Por qué?
  • ¿Está considerando el Gobierno a acudir al Tribunal Constitucional para frenar una ley de cooperación coherente con lo establecido por los organismos internacionales con respecto a la Agenda 2030?
  • Según el Gobierno, ¿cómo se podría implementar desde la Comunitat Valenciana la Agenda 2030 sin coordinación internacional?

En la actualidad el Proyecto de Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible, de la Generalitat Valenciana, se encuentra en proceso de tramitación en las Cortes Valencianas.

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