No sabemos cómo llamarlo, pero el juego parece incorporar distintos elementos como incoherencia, hipocresía y “postureo”. Básicamente la estrategia del juego es presentar y/o apoyar mociones en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos instando a acuerdos sobre temas de los que se carece de competencias, para después abstenerse o votar en contra en las instituciones competentes en cuanto a lo que venían solicitando en los anteriores.
Sin ir más lejos, Empoderem Massamagrell presentó al pleno del ayuntamiento el pasado mes de octubre la “Moción de Apoyo a la Proposición de Ley para la Aplicación de Medidas Urgentes en Materia de Régimen Local Presentada en el Congreso de los Diputados”, que resultó aprobada, entre otros, gracias al apoyo de los concejales socialistas de Massamagrell.
Lo más sorprendente es que en el pasado pleno ordinario, celebrado el 25 de enero, se presentó la “Propuesta del Grupo Socialista de Massamagrell sobre la Ley de Régimen Local y modificaciones Legales respecto al techo de gasto y la tasa de reposición”. En la misma, se presentaba para su consideración y aprobación, entre otros acuerdos, la derogación de la Ley 27/2013, de 29 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, más conocida como “Ley Montoro”.
Algunas consecuencias de esta ley son:
- Tasa de reposición cero en materia laboral, salvo para los servicios considerados como esenciales, lo que provoca un envejecimiento progresivo de la plantilla, ya que las jubilaciones no se cubren, al igual que las bajas.
- Imposibilidad de dotación de presupuesto en materia de inversiones.
- Financiación de servicios mediante precios públicos y tasas.
- Reducción de competencias al mínimo legal. Esta medida, esconde amplias consecuencias económicas, y políticas, ya que al tener que renunciar necesariamente las competencias que no son propias, se favorece un proceso recentralizador, en el que el Ayuntamiento acaba convertido en un cascarón vacío, con poca capacidad de acción más allá de cambiar papeleras, con lo que una privatización posterior, quedaría ya completamente fuera de la capacidad de decisión a nivel municipal.
