De nuevo hemos vivido otro episodio vergonzante, en el que el PSOE ha votado a favor de este tratado, así como el PP y Ciudadanos, aunque de éstos últimos no nos extraña.
Hago especial hincapié en el PSOE, porque aparte de autodenominarse socialista y obrero, en muchos municipios y en alguna Comunidad Autónoma han votado en contra, ya que al no ser competencia ni municipal ni autonómica, votan en conciencia, a sabiendas de que no va a tener repercusión. Ahora bien, en el momento de la verdad, cuando toca posicionarse en los estamentos que competen ahí es cuando se sitúan junto al poder establecido.
Pero claro, no todos los socialistas europeos lo han votado, algunos países, como Francia o Bélgica, han votado en contra. Para los socialistas franceses, el CETA es “inaceptable” e insisten en que el acuerdo va en la línea de una “liberalización excesiva” del comercio. La delegación francesa exige la exclusión de los servicios públicos del acuerdo, rechaza la cooperación reguladora y el sistema de resolución de los conflictos; además de exigir la inclusión de cuestiones climáticas y fiscales en el texto. Y a todo esto sus homólogos españoles ¿qué opinan? ¿Debemos preguntar a la gestora? ¿O a algunas ex dirigentes que hoy están en los consejos de administración de estas empresas?
Qué es el CETA
Todo comenzó en 2009, bajo el lema “Fomento del comercio y la inversión”. Es el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá.
Para Greenpeace, el CETA es el caballo de Troya del TTIP (Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea). Aunque no se apruebe este último, cualquier empresa estadounidense con filial en Canadá podrá exportar productos a la UE.
Además tanto el TTIP como el CETA comparten la creación de los llamados tribunales de arbitraje internacional (ISDS), en los que cualquier multinacional puede denunciar a un gobierno de la Unión si legislan en detrimento de sus intereses y beneficios; y ¡ojo! en ningún caso al revés. El mecanismo es muy perverso: una empresa denuncia a un Estado ante un tribunal privado, y por lo tanto influenciable, para poder obligar a este Estado a cambiar una ley que no le beneficia.
Entre otras cosas, este tratado supone una pérdida de control sobre el consumo de productos cárnicos. Hasta ahora Europa prohibía determinados tratamientos de las carnes industriales como el lavado de las carnes, especialmente de ave, con aguas cloradas para su desinfección; algo que no está claro que sea eficaz, ni mucho menos que sea saludable. También el uso de la ractopamina un fármaco utilizado en Canadá para estimular el crecimiento de los cerdos, el uso de transgénicos, desde el maíz hasta el aceite de colza pasando también por animales. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más.
De poco ha servido para impedir su aprobación en el Parlamento Europeo la movilización ciudadana en centenares de ciudades; solo en Berlín se manifestaron casi 500.000 personas y se han recogido más de 3 millones de firmas.
A partir de ahora, el CETA tiene que ratificarse en los 28 estados miembros de la UE. En el estado español tenemos que reclamar un referéndum previa información necesaria para que podamos decidir sobre las cuestiones que incluye este tratado y que nos afectan en diversos ámbitos.
Debemos organizarnos y hacer presión desde las calles para que PP, Ciudadanos y, sobretodo el PSOE, no voten a favor de un tratado que antepone los intereses comerciales de las multinacionales a nuestro estado de derecho.
