El PARTIDO POPULAR Y EL PARTIDO SOCIALISTA SE OPONEN A LOS DERECHOS DE LOS PESCADDORES ARTENSANALES EN EL REPARTO DE LA CUOTA DEL ATÚN ROJO
La Comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, ha rechazado hoy con los votos en contra del PP y del PSOE la propuesta no legislativa presentada para impulsar un reparto en España de la cuota de atún rojo que favoreciera a la pesca artesanal y de bajo impacto. La propuesta ha sido expuesta por la diputada valenciana Rosana Pastor.
Reparto significa reparto. Así lo expresado Rosana Pastor a la salida de la Comisión a preguntas de los periodistas. “Es increíble que un solo barco de pesca del Mediterráneo tenga más cuota que toda la flota Canaria con más de 200 embarcaciones artesanales registradas”, ha dicho la Secretaria Segunda de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso.
Los informes científicos muestran la recuperación de la especie del atún rojo y la Comisión Internacional que le da seguimiento autorizó el incremento de las capturas. Ante ello, según la diputada de Podemos “es hora de orientar la política pesquera hacia la sostenibilidad ambiental y social, y es la pesca artesanal y de bajo impacto la que garantiza ambas cuestiones. Existe una clara distorsión en el reparto de cuotas que opera a favor de las mega empresas del sector que concentran la mayor parte de la cuota nacional, pero además, hablamos de un sector con un valor de mercado especulativo y altísimo que reporta una enorme rentabilidad por lo que su reparto resultaría crucial para el sostenimiento de las pequeñas embarcaciones artesanas. No es posible mantener el modelo ordenación y los criterios de reparto de las cuotas asignadas a España para el ejercicio 2017 en base a las normas reguladoras de la pesquería del atún rojo existentes hasta la fecha, por cuanto esa normativa no se ajusta a lo establecido en los reglamentos comunitarios, ya que priman a los grandes barcos cerqueros cargueros, escasos en número pero con un grandísimo impacto ambiental”.
Pastor ha destacado en su exposición que “el sector pesquero es un sector vulnerable y frágil por lo que es crucial garantizar la estabilidad relativa de las actividades pesqueras, distribuyendo las posibilidades de pesca entre los Estados miembros en base a una estimación de la parte de las poblaciones que corresponda a cada Estado miembro. Este sector ha sido maltratado por las sucesivas administraciones estatales”.
También se ha referido a la ordenación del sector y al reparto de cuotas llevado a cabo hasta la fecha. A este respecto ha dicho que “no se ajusta al marco normativo europeo, puesto que no se ha tenido en cuenta la consideración preferencial y fundamental que es el factor medioambiental a la hora de regular esta pesca, el artículo 17 de la Política Pesquera Común explicita que los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. Los Estados miembros, dentro de las posibilidades de pesca que se les hayan asignado, se esforzarán por prever incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, tales como un bajo consumo de energía o menores daños al hábitat.” Hay que recordar al Gobierno de España que La Política Pesquera Común europea es de obligado cumplimiento, pero además, es necesario establecer un nuevo equilibrio justo entre las diferentes pesquerías del atún rojo”.
Por último ha señalado que “los propios hombres y mujeres de la mar son los y las que reclaman que sea la flota sostenible y de bajo impacto tengan acceso al conjunto de pesquerías del país, y este sea por un sistema de reparto justo equilibrado y sostenible que deje garantizando su medio de subsistencia”.