La campaña contra el decreto de plurilingüismo del Consell, iniciada por el Partido Popular y apoyado por Ciudadanos en el País Valencià, obedece a una vieja estratagema para instrumentalizar la “cuestión” lingüística y seguir sembrando alarma y conflicto social con un tema muy sensible. La derecha aprovecha cualquier excusa para tachar de antiespañol todo lo que sea recuperar autonomía, reconstruir tejido y vertebrar sociedad, defender una mejor financiación o proteger una lengua minorizada como es el valenciano. Al mismo tiempo es una cortina de humo para esconder el fracaso de su decreto de plurilingüismo vigente hasta enero de este año.
No es cierto, y el PP lo sabe, que el nuevo decreto sea inconstitucional, todo lo contrario, tiene la voluntad de hacer efectivo su mandato. El PP, se protege tras el artículo tercero de la Constitución, que nos recuerda que la lengua oficial de todo el Estado es el castellano. A partir de esta obviedad legislativa van construyendo un falso relato de defensa de las libertades. Se olvidan mencionar que el artículo tercero de la Constitución también se refiere al valenciano como lengua oficial y patrimonio cultural, objeto de especial respeto y protección. Además el Estatuto de Autonomía del País Valencià la define como “La lengua propia de la Comunidad Valenciana”. Toda la ciudadanía tienen derecho a conocerla, a usarla y a “recibir la enseñanza del, y en valenciano”, otorgándole protección y respecto a su recuperación. Todo lo contrario a una imposición o a un chantaje, sino un derecho de todas y todos que se debe hacer cumplir. Al contrario de lo que pretenden hacer entender a la ciudadanía, el decreto anterior era el inconstitucional, el que incumplía con el Estatuto de Autonomía contraviniendo la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano al no proteger y recuperar la lengua propia. De ahí el intento actual del PP de caracterizar como antidemocráticos e inconstitucionales los avances que puedan venir del decreto de Marzà
Es un hecho innegable que el anterior decreto del PP valenciano fracasó estrepitosamente en su vertiente pedagógica. La incorporación de una tercera lengua ha sido desastrosa. Muy pocos docentes tienen la formación en inglés y, a pesar de que el alumnado y los padres y madres podían elegir un programa donde el valenciano fuera la lengua vehicular de enseñanza, el decreto del PP obligaba a introducir una asignatura impartida castellano rompiendo en la práctica con los programas de inmersión lingüística y de incorporación progresiva. Esta situación contradecía las teorías sociolingüísticas sobre plurilingüismo que se han estado llevando a cabo desde los años ochenta con grandes resultados, ya que el alumnado acababa la educación obligatoria con excelentes competencias básicas en las dos lenguas. Para el PP no era prioritario implementar modelos plurilingües fiables y avalados por los expertos, la intención era atentar contra el valenciano, puesto que en la práctica desaparecía la inmersión lingüística y la posibilidad de cursar íntegramente los estudios en valenciano según confirma el STEPV, sindicato mayoritario en la enseñanza, o Escola Valenciana, entidad cívica de gran prestigio en todos los ámbitos de uso de la lengua, con especial incidencia en el sistema educativo valenciano. Además por muchas direcciones de Centros y AMPAs de centros educativos en todo el País Valenciano también se denunciaba este hecho.
Otra maniobra utilizada ha sido acusar al decreto del actual Consell con acabar con la “libertad de las familias” a elegir una modalidad de enseñanza. Este argumento es falso. La capacidad de decisión de los padres y madres se hace efectiva en la matriculación del alumnado y con la elección de hasta 6 niveles lingüísticos diferentes, en vez de dos e incompletos como planteaba el decreto del PP. El modelo que impuso la derecha tuvo muchos problemas para su aplicación ya que el propio personal docente cuestionaba su eficacia.
Como conclusión, no se trata de elegir entre castellano y valenciano, sino de cómo la escuela puede garantizar, en las mejores condiciones pedagógicas, la adquisición de las dos lenguas oficiales en la comunidad y una tercera lengua, teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad contextual, como
refleja el Estatuto, que desarrolla la LUEV y que avalan los expertos en la materia. El anterior decreto fracasó pedagógicamente. Sólo tenía como objetivo frenar el desarrollo de la enseñanza en valenciano. El nuevo no acaba de arrancar, pues está sufriendo un ataque feroz por parte de esta derecha reaccionaria, que ha encontrado errores de inicio y que está permitiendo al régimen instrumentalizar el debate faltando a la verdad, generando confusión y enfrentando la ciudadanía. No nos dejemos manipular y engañar con su campaña agresiva y descalificadora.
