El diputado de Podem critica la falta de convicción del Consell en la reorganización del País Valenciano
La Ley de Mancomunidades y la Ley de Demarcaciones Comarcales son dos de los textos legislativos más relevantes para la transformación del funcionamiento institucional de las administraciones valencianas en esta legislatura. A pesar de eso, el Govern de la Generalitat no parece tener una estrategia clara en esta materia, según el Diputado de Podem en les Corts Valencianes, César Jiménez . «No podemos dar un paso adelante y dos atrás. La transformación del funcionamiento institucional valenciano es una pieza clave para hacer irreversible el cambio valenciano, para hacer más eficiente nuestro estado del bienestar y para evitar que se pueda volver a hacer un uso clientelar de las administraciones valencianas».
Jiménez considera que en los próximos 2 años es necesario «sembrar políticas que hagan irreversible el cambio valenciano. Y avanzar en la sustitución del modelo valenciano de las provincias, desvertebrado y clientelar, por un modelo comarcal es una de esas transformaciones irreversibles», considera César Jiménez. «La semana pasada Mónica Oltra anunció la reducción del 40% de la lista de espera en Dependencia y lo atribuyó, en parte, a la participación de algunos ayuntamientos como entidades evaluados. Se está demostrando que la gestión desde la proximidad es más eficiente, es inexplicable que el Consell todavía tenga tantas dudas sobre la comarcalización».
Además, el diputado de Podem considera que algunos de los temas donde el Consell está teniendo más dificultades se podrían resolver con estas transformaciones. «Es muy difícil gestionar todos los centros de menores desde la Conselleria. Si las mancomunidades o las comarcas pudiesen asumir una parte de esa gestión por cesión de la Generalitat conocerían mucho mejor los déficits». Jiménez considera que la comarcalización «sigue el modelo de evitar duplicidades que se está dando en Francia con la reforma de los departamentos o en Italia con las provincias. Y resultaría una bombona de oxígeno para los ayuntamientos, intervenidos por la Ley Montoro, para poderse asociar y ofrecer servicios conjuntamente, sin tener que privatizarlos. Frente al modelo de las provincias de Ripoll, Rus y Fabra; desde el Botànic tenemos que avanzar hacia un modelo de proximidad que haga más eficaz cada euro de dinero público.»