El pasado viernes 15 de septiembre, Queremos Guardamar presenta una moción a debatir en el próximo pleno del día 28 para la realización de una auditoría de la deuda municipal y políticas públicas.

El ayuntamiento de Guardamar que llegó a tener una deuda de más de dieciocho millones de euros cuando entró a gobernar el PP en el año 2011, presenta en la actualidad una estimación de deuda viva a 31 de diciembre de 2017, de 8.526.645,88 euros.

Desde hace trece años el presupuesto municipal para cada ejercicio supera los quince millones de euros, incluso se han superado los 18 millones en tres legislaturas. El porcentaje destinado a pagar deuda en el mismo periodo ha pasado del 4,17% (año 2004) al 7,42% del presupuesto para 2017, es decir, de 717.819 euros en el 2004 a 1.192.278 euros para 2017.

Además hay que añadir el importe de la última sentencia judicial que condena a nuestro ayuntamiento al pago correspondiente a la expropiación forzosa de una parcela privada. Esta cuantía supone 1.259.550 euros más intereses, que a fecha de hoy creemos que supera un total de 1,5 millones de euros.

También sabemos que un juzgado de Elche condena a este ayuntamiento a indemnizar a la empresa que iba a construir un centro comercial en la Plaça del Mercat, en lo que actualmente es el Casal de música. El importe del lucro cesante que condena este juzgado a pagar es de 9,5 millones de euros. Desconocemos hasta ahora qué o cuales sorpresas nos espera en los juzgados porque sabemos que existen otros casos en pleito y trámite.

Como cualquier vecina o vecino, en Queremos Guardamar nos preguntamos cuál es el origen y qué ha ocasionado esta deuda. Sabemos que, a través del Plan de Pago a Proveedores en el año 2012, casi cuatro millones de euros provienen de haber convertido la deuda con proveedores en deuda con los bancos, pero seguimos desconociendo cómo se originó esa deuda con los proveedores.

Hasta ahora ambos partidos con responsabilidades de gobierno municipal, PSOE y PP, presumen de que gracias a su gestión se ha reducido la deuda pero ninguno de ellos, hasta ahora, ha dado explicaciones a la ciudadanía sobre qué o como se ha ocasionado la misma. No podemos olvidar que el mérito que se otorgan viene impuesto por la llamada Ley Montoro, derivada del cambio del artículo 135 de la Constitución Española, que prioriza el pago de la deuda por encima de los derechos sociales obligando a todas las administraciones públicas a recortes sociales en educación, sanidad, pensiones, dependencia, inversiones públicas, contratación de personal en educación, sanidad, etc. Este cambio en la Constitución, como muy bien es sabido, se produjo con el acuerdo de dos partidos: el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy y sin debatirse en la Cortes. Es evidente que para este cambio, nuestra Constitución no era tan intocable ni se pusieron trabas como ahora se ponen para paralizar en el Tribunal Constitucional leyes relativas a la vivienda o modificaciones para referéndums o estatutos autonómicos.

Desde el grupo municipal Queremos Guardamar entendemos que es imprescindible realizar un proceso de identificación y análisis de las causas que hayan podido generar semejante cantidad de deuda, pasada y futura, en un municipio tan pequeño como Guardamar del Segura, de manera que se puedan tomar medidas que impidan su repetición en el futuro.

Para ahondar en la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, creemos que es indispensable que esta ciudadanía forme parte de dicho proceso, además de que los resultados del mismo se expliquen de manera clara a la misma, al mismo tiempo que se exponga dicha información en el Portal de Transparencia.

Las propuestas de acuerdo que propone Queremos Guardamar son:

1. Que los servicios técnicos municipales estudien y analicen las distintas alternativas y metodologías para llevar a cabo una Auditoría Municipal de Deuda y Políticas Públicas de, como mínimo, las tres últimas legislaturas, con el objetivo de identificar la forma más práctica de llevarla a cabo, así como los resultados más interesantes y útiles para la ciudadanía. Que este proceso se lleve a cabo en el primer semestre de 2018, y que se inicien los trabajos propios de la auditoría antes de que finalice el año.

2. Que los objetivos que dirijan el proceso sean:
a) La identificación de prácticas o proyectos que hayan originado la deuda del municipio, analizándolos según criterios de utilidad pública para la ciudadanía.

b) La obtención de conclusiones que eviten la repetición futura de las posibles malas prácticas detectadas en el pasado, consensuando unas recomendaciones finales.

c) La incorporación del control ciudadano y de expertos en la materia.

3. Que la información obtenida se haga pública en el Portal del Transparencia y se dé publicidad a la misma por todos los canales informativos del Ayuntamiento.

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