• La casi veintena de poblaciones reclamarán también nuevos criterios para la calificación de “municipio turístico” y la regulación del alquiler de apartamentos particulares para este uso.

Una veintena de municipios de las tres provincias de la Comunidad Valenciana han aprobado debatir una moción en la que se reclama la Tasa Turística promovida por Podem y aprobada en el Debate de Política General. La propuesta que será debatida por los plenos de estos ayuntamientos reclama además la regulación urgente de los conocidos como “pisos turísticos” de alquiler de particulares y la rectificación de la postura del PP que impidió con sus votos la aprobación en el Senado de una ley que cambiaba los criterios para que una población fuera considerada “municipio turístico” y que dejan fuera a ciudades como Benidorm, Gandia o Peñíscola.

«Con esta moción, reclamamos la creación del impuesto sobre la actividad turística conforme a la resolución aprobada por Les Corts,» explica Jaume Monfort, responsable de la secretaría de Municipalismo del Consejo Ciudadano Autonómico de Podem, «un impuesto para reforzar la calidad de nuestro turismo, promocionar el País Valenciano como destino turístico y destinar recursos a regularizar los apartamentos turísticos ilegales. Este impuesto contribuirá a pagar las infraestructuras y servicios públicos que los ayuntamientos ofrecen a la ciudadanía y que también son utilizados por los turistas; y lo hará tanto en las poblaciones turísticas como en el resto, ya que la actividad turística no queda limitada a los municipios donde se pernocta.»

Monfort ha comentado también que la moción ha sido propuesta por «diferentes candidaturas municipalistas para dar apoyo al modelo turístico que defiende Podem. Destacamos que muchas de ellas representan a zonas tradicionalmente turísticas, como Vinarós, Calp, Dénia, l’Alfás del Pi, El Campello, Finestrat, Guardamar del Segura u Oriola», continúa, «en el último caso, la candidatura municipalista autónoma “Cambiemos Orihuela” ha presentado una moción propia exigiendo medidas al gobierno oriolano al tiempo que se suma a la regulación turística autonómica en los mismos términos que lo hacemos desde Podem.»

El responsable de municipalismo de Podem concluye que hay un segundo grupo de poblaciones «no estríctamente turísticas que se han adherido porque el modelo que defendemos desde Podem plantea que el  impuesto sobre la actividad turística revierta en el propio municipio mediante un tramo propio y también a nivel autonómico, con una mejora de la distribución de los recursos que abunde en la vertebración territorial y promueva el turismo en zonas menos visitadas pero también atractivas. En este segundo grupo de municipios estarían poblaciones algo más pequeñas como Alaquàs, Alginet, Buñol, Canals, Gata o Vilamarxant.»

Tres peticiones

Podem propuso la creación de una Tasa Turística en el pasado Debate de Política General, inspirándose en otras similares aprobadas en diferentes comunidades españolas y en diversos países, como Francia, Holanda, Alemania, Portugal, La República Checa, Italia o Austria. La tasa, que se está acabando de perfilar, se cobrará por pernoctaciones, oscilará entre 50 centímos y dos euros y el importe recaudado deberá repercutir directamente en el mantenimiento del entorno natural y mejora de las infraestructuras que dan soporte al sector.

El grupo Unidos Podemos en el Senado propuso, por otro lado, la modificación de los criterios por los que una población era considerada a efectos legales como “municipio turístico”. Podemos considera que el que esta calificación -que lleva aparejados diversos beneficios económicos y fiscales- deje fuera localidades como Benidorm, Gandía, Peñíscola o Torrevieja hace necesaria su actualización. Sin embargo, mayoría del Partido Popular en el Senado bloqueó esta renovación.

Finalmente, la moción señala también el vacío legal en el que se encuentran los conocidos como “pisos turísticos” y su crecimiento descontrolado estos últimos años, coincidente con la crisis provocada, entre otros motivos, por la burbuja inmobiliaria. Solicita que se regulen adecuadamente dados los daños y molestias que esta actividad puede provocar a las empresas legales del sector y a los vecindarios y se solicita que sean gravados con los impuestos que corresponden a su actividad.

La moción también especifica que el aumento de beneficios empresariales en el sector no ha conllevado mejoras en las condiciones laborales de las personas empleadas, cuya alarmante precarización se caracteriza por bajos salarios, contratación temporal y un elevado porcentaje de economía sumergida. El coste medioambiental y las carencias en infraestructuras también tienen cabida, recordando el texto que “tan sólo quedan 54 kilómetros de costa por urbanizar en la Comunidad Valenciana” y que la falta de recursos hacen que  muchos municipios se hayan encontrado “con unos servicios públicos colapsados, infraestructuras insuficientes y falta de recursos para mantener cuidado nuestro entorno, tanto natural como construido”.

Los ayuntamientos en los que se debatirá esta propuesta son: Gata, Onda, Guardamar del Segura, Dénia, Calp, Finestrat, Vinarós, Alaquàs, El Campello, Alfàs del Pi, Paterna, Vilamarxant, Buñol, Canals, Xirivella, Alginet y Orihuela.

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