EXAMEN A LA LEY DE DEPENDENCIA 11 AÑOS DESPUÉS DE SU APROBACIÓN

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El 14 de diciembre de 2006 el gobierno español aprobaba la Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Ese momento histórico en nuestro país, que marcaba el nacimiento de un nuevo Derecho universal e inviolable para toda la ciudadanía, equiparable al derecho a las pensiones, a la sanidad o l‟educación es el que abre nuestro análisis.

Desde ese instante hasta 2012 podemos describir el funcionamiento de la Ley, tanto por parte del gobierno central como del autonómico, como un auténtico desbarajuste administrativo y burocrático. La Ley, en lugar de otorgar derechos y ofrecer servicios, sólo suponía angustia, desinformación y frustración, puesto que muchas familias habían depositado en ella grandes esperanzas que pronto se verían frustradas por la incompetencia de nuestros gobernantes a traerla adelante.

El surgimiento de las Plataformas en 2008 en Alicante y posteriormente en Valencia y Castellón, fue el fruto de muchas personas de todas partes del País Valenciano, que frente a la nula capacidad de los responsables para ofrecernos respuestas y soluciones nos hubimos de unir para hacer frente con todo tipo de acciones: manifestaciones, concentraciones, reuniones, etc.

Ni se imaginan los momentos de desesperación que hemos tenido que pasar. Compaginar la vida de por sí dura y comprometida de un dependiente y su familia luchando contra tanta injusticia no ha sido una tarea fácil, más todavía cuando los profesionales de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, el Observatorio de la Dependencia, el Síndico de Agravios, el Defensor del Pueblo y los jueces, con sus informes, dictámenes y sentencias corroboraban nuestras denuncias y nos daban la razón.

Pero cómo si de la Ley de Murphy estuviéramos hablando, lo que no podíamos imaginar es que con la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del gobierno y la aprobación del Decreto de recortes de julio de 2012, las cosas iban a empeorar.

Más de 2.800 millones de euros se calcula, según los informes del Observatorio de la Dependencia que restó el gobierno central al Sistema de Atención a la Dependencia durante la pasada legislatura, unas cifras devastadoras que no hicieron más que empeorar el delicado equilibrio de cofinanciación del sistema, puesto que la aportación del Estado nunca ha superado el 18%, un claro ejemplo de incumplimiento de la Ley por parte de un presidente del gobierno, cuando habría de estar aportando el 50%

El decreto calificado de “inmisericorde” por Jose Manuel Ramírez, al frente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, también introducía los recortes de un 15% en todas las prestaciones de los cuidadores no profesionales dentro del entorno familiar y la eliminación de las cotizaciones a la seguridad social de este colectivo, formado en más de un 90% por mujeres, dejándolas en la más absoluta desprotección social, el retraso en la incorporación de los dependientes de grado III y la eliminación de los niveles dentro de los grados de dependencia, medidas estas que dejaron la Ley asestada de muerto.

A los recortes del gobierno central le siguieron, a partir de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, nuevos ataques frontales contra uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. No sólo sufrimos un segundo recorte en las prestaciones sino que además el gobierno valenciano introdujo el copago en centros ocupacionales y de día. Hay que recordar que en marzo de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaraba nulo este decreto, hecho que ha posibilitado que miles de personas al PV hayan podido reclamar a la administración las cantidades que injustamente tuvieron que pagar o les recortaron. Hoy en día, estas reclamaciones por responsabilidad patrimonial todavía no se están resolviendo, a pesar de que la Consejera cogió el compromiso público de restablecer lo que por justicia es suyo.

La etapa que se extiende de 2012 a 2015 podemos interpretarla como la más nefasta en Dependencia a nuestra comunidad. Los expedientes de dependencia iban engordando la lista de espera conformando lo ya conocido como el ‘limbo’ de la dependencia. Más de 45.000 personas permanecían en 2015 en los cajones como simples números de expedientes olvidando que detrás de cada una de esas solicitudes había una persona con muchas carencias y necesidades que no podían esperar. Muchos de ellos incluso, se calcula que más de 30.000, les llegó la muerte antes de que los servicios que los otorgaba la Ley, mientras estaba el PP al gobierno de la Generalitat, con total impunidad para ellos por haber cometido esta barbarie.

Mientras los valencianos vemos invertir el dinero de nuestros impuestos en proyectos inservibles que sólo llenaban los bolsillos de unos pocos, los dependientes acumulábamos hasta cuatro mensualidades de la nómina de dependencia. Pero al anormal funcionamiento de la GV, que no era capaz de cumplir los plazos de resolución, acumulando expedientes durante más de 4 o 5 años sin respuesta y el retraso en los pagos se sumaba la aplicación de los dos años de suspensión en el abono de la retroactividad, con lo cual se calcula que la administración autonómica dejó de pagar alrededor de 72 millones de euros a los dependientes afectados por esta disposición normativa. Todo un ejemplo de morosidad y defectuosa gestión la que hizo el PP durante toda esta etapa.

Además, el gobierno autonómico introducía el copago farmacéutico, que obligaba a pagar a aquellos que hasta ese momento habían disfrutado de la gratuidad en productos farmacéuticos u ortoprotésicos (personas con diversidad funcional que presentan una discapacidad reconocida del 65% o más, en el caso de los mayores de edad, y del 33% o más, en el caso de los menores). La medida la podemos calificar de miserable, puesto que para muchas personas supuso un fuerte golpe, economías ya de por sí fustigadas con terribles gastos por tener un dependiente en casa tuvieron que elegir entre suspender la medicación y poner en riesgo su salud o dejar de comer. Pero calificativos más deplorables merece el recurso contencioso administrativo que interpuso el Estado, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), contra el restablecimiento de esta gratuidad que hizo el nuevo gobierno valenciano a partir de enero de 2016. Parece que el Presidente del gobierno tiene fijación por recurrir todas aquellas medidas que van en beneficio de la salud y el bienestar de las personas en situación de dependencia.

Con la llegada del gobierno del Botánico en 2015, podemos decir que muchas de las reivindicaciones de las Plataformas se han visto reflejadas con el nuevo rumbo que ha tomado la Ley de Dependencia a nuestra comunidad. La puesta al día de los pagos, el abono desde el primer día de la retroactividad acumulada en el momento de la resolución, la recuperación de la gratuidad de los productos farmacéuticos, la eliminación del copago en centros de día y ocupacionales, la recuperación desde enero de 2016 de las cantidades recortadas por el gobierno valenciano con el decreto de octubre de 2012, son algunos ejemplos.

Pero no todo son buenas noticias. La importante lista de espera que todavía arrastramos en la CV es una de nuestras grandes preocupaciones, 29.148 personas (a 1 de diciembre de 2017) todavía esperan ser atendidas. Es innegable que en 2016 y 2017, con la mejora del funcionamiento del sistema, el número de solicitudes casi se ha cuadruplicado, observación esta que explica porque si se han incorporado al sistema 35.446 nuevos beneficiarios sólo se haya reducido la lista de espera en 15.338 personas desde julio de 2015.

Si analizamos las cifras de los datos publicados mensualmente en la web de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, deducimos que el sistema de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana ha superado por primera vez, desde la aprobación de la ley la cifra de 60.000 personas en situación de dependencia que son atendidas a través de algún servicio o prestación económica. Cuando se cumplen 11 años desde la aprobación de la Ley hay un total de 60.826 personas atendidas en la Comunidad Valenciana, 19.468 en la provincia de Alicante, 6.976 en Castelló y 34.382 en la provincia de Valencia.

Concretamente durante el mes de noviembre se han incorporado 2.016 personas al sistema, un dato que si se contabiliza desde enero de este año, consigue un total de 13.301 resoluciones.

Es destacable, como decíamos antes, el incremento que se ha producido en el número de solicitudes presentadas, puesto que desde enero de este año se han recibido 21.048 nuevas solicitudes, 2.148 durante el mes de noviembre. Esta cantidad supone una media mensual de 1.900.

Hay que decir que esperamos del nuevo modelo de tramitación de los expedientes, con el nuevo Decreto de Dependencia, aprobado estos verano, y la delegación de competencias en valoraciones a los Ayuntamientos, un mayor impulso para acabar con la lista de espera en 2018. El nuevo sistema de valoraciones implantado, es el que venimos recomendado las Plataformas desde los inicios de la Ley y ha permitido incrementar el número de valoraciones desde que estas se hacen desde los departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos, pero pensamos que la Consejería tiene que seguir invirtiendo en más personal y más formación.

La implantación del nuevo sistema de valoraciones en 2016 ha permitido que el ritmo del número de valoraciones realizadas haya aumentado considerablemente, se calcula que más de 18.000 valoraciones se han realizado desde enero de 2017. Respecto al mismo periodo de tiempo de 2014, es decir, desde enero hasta diciembre de ese año se realizaron un total de 8.433 valoraciones, lo cual supone que durante este año se han duplicado.

En materia de personal hemos sido insistiendo mucho a la Consejería, a través de las reuniones periódicas que hemos mantas al largo de esta legislatura, la necesidad de reforzar los servicios de dependencia de la Consejería con nuevos funcionarios, para no trasladar el tapón a la GV. También se han reforzado los servicios municipales con un importante incremento presupuestario desde 2017, para crear una red profesional que permita en los ayuntamientos asumir la valoración y tramitación de expedientes.

Somos sabedores que para 2018 la Consejería tiene previsto un incremento de presupuesto de 10 millones de euros con los cuales los ayuntamientos podrán financiar los servicios de ayuda a domicilio y un asesoramiento jurídico que se incorporará a los equipos de servicios sociales municipales a partir del próximo año, entre otros.

Además, a partir del próximo mes de enero los más de 400 profesionales de los departamentos municipales se incorporan al sistema de registración de expedientes el que esperamos sirva para agilizar todavía más el procedimiento de resoluciones y acabar así con la angustiosa lista de espera y cumplir por fin con los plazos de resolución de seis meses que marca la Ley.

El último informe del Observatorio de Dependencia publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales situó en la Comunidad Valenciana como la tercera autonomía donde más avanzó el sistema de atención a la dependencia en 2016 y a pesar de que hemos abandonado la cola de la lista de comunidades que peor aplican la Ley, todavía nos encontramos en un lugar que no nos gusta y que nos mueve a seguir luchando por el que los valencianos y valencianas merecemos.

Si tuviéramos que finalizar esta evaluación metiendo una nota a las dos administraciones responsables del normal funcionamiento de la Ley, valorando todo lo que ha pasado en estos 11 años y que en cierto modo hemos tratado de explicar, podríamos concluir que:

A fecha de hoy, día 13 de diciembre de 2017, a punto de cumplirse 11 años de la aprobación de la Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, el Estado suspende con sobrados argumentos y motivos y la Consejería progresa adecuadamente, a pesar de que necesita mejorar.

Ya para acabar, queremos recordar que aquellos que precisan de la atención de otra persona para desarrollar las actividades de la vida cotidiana no han escogido ser dependientes, simplemente lo son y que esta no es sólo una lucha nuestra sino de todas y todos, porque recordáis que “Todas y todos podemos ser dependientes, no lo olvides tú también!”

Os invitamos a partir de este momento a compartir el vídeo que los hemos mostrado y que muestra nuestra lucha al largo de estos años.

Plataformas en defensa de las personas en situación de dependencia del País Valenciano
13 de diciembre de 2017

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