Para la formación morada, la figura de asesor jurídico en materia de hipotecas, desahucios y alquileres debe ser autónoma tanto de la Concejalía de Igualdad e Inclusión Social, como de la Concejalía de Urbanismo, para garantizar la prioridad del derecho a la vivienda digna.

A finales del año 2016, la Comisión Municipal de Vivienda consensuó el pliego de condiciones técnicas para contratar la figura del asesor jurídico de vivienda, como primer paso para poner en marcha la oficina de vivienda.

La publicación de este pliego técnico se ha paralizado de manera unilateral sin tratarse en la Comisión Municipal de Vivienda. El Concejal delegado de Igualdad e Inclusión Social, contestó en el pleno ordinario del mes de enero, a la pregunta sobre esta cuestión que le planteamos desde Sí-Podem, que el equipo de gobierno ha decidido aprovechar la figura de asesoramiento jurídico que va a habilitar la Consellería en los municipios para que, entre otras muchas funciones, también pueda asesorar en materia de vivienda.

Desde Sí-Podem Petrer creemos que esta propuesta desvirtúa el objetivo consensuado en la Comisión de Vivienda, la cual apuesta por dar centralidad a la política municipal en materia de vivienda social. Desde esta concejalía no se ha entendido la urgencia de esta iniciativa. Esta centralidad y prioridad solamente es posibles con la autonomía del asesor tanto de Servicios Sociales como de la Concejalía de Urbanismo.

En primer lugar, una figura subordinada a la dinámica de los Servicios Sociales, lógicamente no podrá priorizar la política de vivienda, debido a la cantidad de funciones que tendrá que desempeñar para desatascar el trabajo acumulado en los servicios y programas que han ido asumiendo los equipos de la Concejalía de Igualdad e Inclusión Social, como la dependencia, legislación, etc. Es una figura necesaria pero no es la figura que necesita el programa de vivienda digna.

En segundo lugar, ni la Consellería de Bienestar Social, ni los equipos de Servicios Sociales, contemplan el “derecho a la vivienda” como un derecho a garantizar desde estos servicios. Por lo que aún con más razón, si desde los municipios queremos garantizar este derecho universal, hay que ir construyendo una estructura autónoma y con capacidad de respuesta a las necesidades de la gente. Es voluntad del equipo de gobierno que esta estructura nazca en precario o con todas las garantías.

Desde Sí-Podem lamentamos la decisión tomada por el equipo de gobierno, pues consciente o inconscientemente, se está dando un paso atrás en las políticas de rescate ciudadano. Apelamos a su buen criterio, que se rectifique esta decisión y que facilite el debate y el estudio de diferentes alternativas, convocando la Comisión Municipal de Vivienda.

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