Actúa urge al Gobierno a negociar en el marco del Pacto de Toledo una solución que garantice el futuro del sistema de pensiones públicas dignas y suficientes
Actúa urge al Gobierno del Partido Popular a abandonar su propaganda en el tema de las pensiones públicas y empezar a negociar medidas concretas con los agentes sociales y políticos en la Mesa de Diálogo Social y en la Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo. Necesitamos soluciones estables y duraderas.
Consideramos muy grave el tiempo perdido y vemos imprescindible un nuevo acuerdo que persiga cuatro grandes objetivos:
• Incrementar las cuantías de las pensiones mínimas hasta niveles de suficiencia y dignidad.
• Garantizar la revalorización de todas las pensiones para mantener su poder adquisitivo al menos con el IPC.
• Establecer las medidas de refuerzo de ingresos del sistema de Seguridad Social.
• Todo lo anterior pasa necesariamente por dignificar el empleo.
Cabe recordar que el último acuerdo de pensiones tomado por unanimidad en el Pacto de Toledo fue hace más de 20 años, en 1995. El Gobierno del PP lo rompió unilateralmente en 2013. Antes, el PSOE decidió congelar las pensiones contributivas en 2011 y retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años para reducir el déficit público. Las consecuencias han sido nefastas para los pensionistas. Aquella reforma de 2013 no tuvo legitimidad política. Fue aprobada en solitario por el rodillo de la mayoría absoluta del PP, justo como no debe hacerse.
Es importante señalar que hay 9,5 millones de pensionistas en el territorio nacional con una pensión media de 921 euros. La mayor parte de las personas mayores son mujeres, muchas de ellas viudas, y un tercio de ellas solas. Los recursos de estas mujeres son menores, no solo herencia de la precariedad laboral que tuvieron que sufrir (en su vida laboral cobraron salarios un 35% menores que los hombres, también porque estuvieron sometidas a mayor parcialidad para conciliar con los cuidados); muchas otras ni siquiera llegaron a incorporarse al mercado laboral y su único ingreso es viudedad. Desde Actúa entendemos que la protección de este sector creciente de la población es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema de Bienestar social español, porque el derecho a una pensión digna es un derecho constitucional básico. No preservarlo provocaría un grave problema de legitimidad social.
Nos parece un insulto a la ciudadanía cuando Fátima Báñez, ministra de Empleo, manipula el problema de las pensiones y envía cartas triunfalistas a cada pensionista, anunciándole la ‘grata’ noticia de que su pensión aumentará un 0,25% (un promedio de 2 euros) cuando el coste de la vida aumenta un 3%.
Denunciamos por ello la “singularidad” del sistema de revalorización de las pensiones en España, que solo tiene en cuenta el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), y no la evolución de los precios o de los salarios, como en otros países europeos. Porque lo que está ocurriendo desde la reforma de 2013 es una pérdida continuada y creciente del poder adquisitivo de las pensiones, un 7% desde entonces. Para más inri, los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 sufrirán un recorte del 0,5% (75 euros de promedio) con la entrada en vigor del denominado factor de sostenibilidad, un elemento corrector que el Gobierno introdujo en su reforma de pensiones del año 2013 para adecuarlas a la mayor esperanza de vida. Y las pensiones seguirán bajando un 6% cada diez años, de tal forma que, si no se suprime el mencionado factor, un trabajador que se jubile dentro de 30 años cobrará un 22% menos que lo que cobraría en la actualidad.
De vez en cuando el Gobierno lanza un globo sonda dentro de una estrategia orientada a debilitar el sistema público y favorecer los fondos privados de pensiones. En 2015 anunció que aumentaría la financiación vía impuestos. Luego que convertiría la tarifa plana de cotizaciones a los autónomos por 3.500 millones de euros en bonificaciones a cargo del Estado.
Prometió que aumentaría las bases máximas de cotización a los altos salarios. Y hace un año, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, propuso la peregrina idea de que la edad de jubilación fuese más allá de los 67 años (para este año 2018 la edad de jubilación será de 65 años y seis meses), una medida injusta e innecesaria.
Hace unos días Báñez ha lanzado la idea de optar voluntariamente por un periodo de cálculo más amplio cuando sea más beneficioso: elegir los 25 mejores años para calcular la pensión, si se cotiza hasta los 67 años.
En definitiva, el Gobierno sigue parcheando el problema, en lugar de proponer soluciones estables. Vacía por un lado el Fondo de Reserva de las Pensiones, algo sólo previsto para situaciones puntuales y coyunturales. Sablazo tras sablazo, de los 70.000 millones de euros que había, en la caja solo queda para una paga más. Luego, rebajando las cotizaciones sociales a los empresarios para que fueran más competitivos, medida que a éstos benefició poco y sí perjudicó mucho al sistema de Seguridad Social. De hecho, este mes se ha conocido que el agujero en la SS se sitúa en torno a los 18.000 millones de euros, lo que hace que salten todas las alarmas.
El Gobierno prevé conceder en 2018 un nuevo préstamo a la Seguridad Social por importe de unos 15.000 millones de euros para garantizar el pago de las pensiones, tras el préstamo de 10.192 millones que ya le transfirió en 2017. Son medidas que, desde Actúa, entendemos que son pan para hoy y hambre para mañana.
¿Qué proponemos en Actúa?
Para empezar, como decíamos al principio, exigimos al Gobierno que empiece a negociar ya en el marco del Pacto de Toledo.
Desde Actúa planteamos que el cálculo de las pensiones se realice de forma directa, teniendo en cuenta las cotizaciones más ventajosas a lo largo de la vida laboral.
También entendemos que el problema de la sostenibilidad del sistema público de las pensiones no está en el capítulo de gastos, sino en el de los ingresos, que son insuficientes. Se necesita incrementar de manera estructural los ingresos a la Seguridad Social el equivalente a cuatro puntos del PIB para equipararlos con el gasto medio de la eurozona. Por ello, proponemos que la contribución de los Presupuestos del Estado sea, como en los países de nuestro entorno con un elevado nivel de gasto en pensiones, el complemento necesario para mantener en el presente y en el futuro unas pensiones suficientes y actualizadas. ¿Cómo? A través de una profunda reforma fiscal que homologue la presión fiscal con Europa y que ponga los medios necesarios desde la inspección de trabajo para hacer emerger la economía sumergida y luchar contra el fraude.
Además, en Actúa consideramos que para aumentar la masa de cotizaciones (la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social), es imprescindible elevar el nivel de empleo y su calidad, la productividad y los salarios reales, que son escandalosamente bajos por la devaluación impulsada desde el Gobierno. Ello pasa necesariamente por las derogaciones de las reformas laborales para dignificar el empleo.
También hace falta culminar el proceso de separación de fuentes de financiación, con especial relevancia de los complementos a mínimos, y la asunción por parte del Estado de los gastos de personal de los empleados de la Seguridad Social y del Servicio de Empleo, que supondría un mayor ingreso anual de unos 7.000 millones de euros.
Otra medidas interesantes a estudiar consistirían en devolver la cotización a los parados mayores de 52 años por el 125% del SMI; hacer cotizar a los centros de enseñanza y a las empresas por los estudiantes en prácticas y becarios; devolver la cotización a los cuidadores de dependientes; eliminar el fraude en la cotización por contratos inferiores a cinco días para que incorporen festivos y vacaciones no trabajados y el de las horas extras; aumentar las bases de cotización de los contratos temporales de duración muy reducida y los de a tiempo parcial; y recargar la cotización de los empleos con coeficientes reductores de la edad de jubilación.
