Aprovechando que el día 20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia Social, el Grupo Municipal Sí-Podem presenta para el pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Petrer una moción para promover este día y los principios que representa, iniciativa de la Secretaria de Movimientos Sociales de Podem País Valencià.
La Asamblea General de la Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al invitar a los Estados Miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.
Elegir un día mundial sirve para sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
En sus resoluciones, la Asamblea General suele hacer una descripción de la situación que le mueve a proclamar Día Internacional una determinada fecha, también aprovechan para mostrar el camino a los Estados señalando las acciones que deben adoptar en la búsqueda de la solución a los problemas.
Se promueve la justicia social cuando se eliminan las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. Pero también cuando se lucha contra toda expresión de precariedad, como el derecho a una vivienda digna o cuando se lucha contra la economía sumergida, lacra que, aquí en nuestra comarca, padecemos directamente en nuestras vidas.
Para Sí-Podem defender la justicia social es desarrollar un modelo radicalmente democrático. Significa promover un reparto más equitativo de la riqueza y, por lo tanto, también cuestionar el modelo de sociedad capitalista que impide esta redistribución justa provocando tantas injusticias y desigualdades.
En definitiva, es necesario promover un nuevo modelo democrático de convivencia que anteponga los intereses de los de abajo al de una minoría egoísta y corrupta. Un modelo que garantice una redistribución justa de la riqueza, que ponga las bases para que lo económico se subordine al bien común, con un sistema productivo generador de empleo de calidad. Un nuevo contrato social respetuoso con el medio ambiente que desarrolle un efectivo estado social y de derecho, profundamente democrático.
No habrá justicia social si no ponemos en marcha un cambio real de sociedad.
En la moción que presenta la formación morada se insta al Gobierno Central a revertir los recortes en partidas como Educación, Sanidad y Protección Social sufridos en los últimos años en primera instancia, incluso en implementarlos más allá de estos.
También que se ponga en marcha un plan para recuperar y fortalecer el modelo público, derogando la nueva ley de contratos de la Administración pública, que no hace más que profundizar en el modelo que nos ha llevado a la crisis.
Insta al mismo tiempo a que pare el proceso centralizador que se está produciendo y que se negocie otro modelo de financiación que priorice el gasto social.
La moción insta al mismo tiempo al gobierno central a que revise el pacto autonómico y que se abra un nuevo proceso constituyente que blinde el estado social y de derecho.
También, en esta moción se pide a la Generalitat Valenciana recuperar y fortalecer el sistema público valenciano, revirtiendo los recortes, privatizaciones impuestos por el anterior gobierno y negándose a priorizar el pago de la deuda ilegítima.
Desarrollar una gestión eficaz y de calidad aportando también el personal o los medios necesarios para que estos servicios sean de calidad y accesibles a toda la ciudadanía en aquellas áreas como son de su competencia.
Por último, que el municipio se comprometa en la recuperación los servicios públicos que han sido privatizados, como objetivo para el fortalecimiento del sistema público municipal, único garante de derechos y de redistribución.
Así como desarrollar programas de ayuda social y protección a la ciudadanía en todos aquellos ámbitos que sean de competencia municipal ampliando los programas ya existentes y buscando fórmulas para dar un mejor, más rápido y justo servicio a la ciudadanía entendiendo que la cercanía desde el municipalismo ha de ofrecer los mejores servicios y soluciones para sus habitantes.