Es verdad, el paro ha bajado en número, pero las personas con empleo apenas han aumentado un 1,96% en el último lustro. Es decir, hay sólo 355.100 ocupados más pese a que la rebaja del paro supera el millón. La causa es debida a la caída de la población activa. Hay unas 700 mil personas menos en el país en disposición de incorporarse a un empleo, bien porque han abandonado el país, bien porque se han jubilado o bien se han desanimado o desmotivado en la búsqueda de trabajo. Los números cuadran. La mayoría de estas 300 mil personas ocupadas trabajan en precario. La temporalidad se ha disparado al 26,5%, casi dos millones de personas en nuestro país. Las reformas laborales, tanto la de Zapatero como la de Rajoy, no han mejorado las condiciones de vida de la mayoría, al contrario, han generado más pobreza, desigualdad y precariedad.

A esta realidad hay que sumar las políticas de “ajustes”, como eufemísticamente se refieren el PP y C’s a los recortes sociales, los cuales han provocado desprotección social de miles de personas y familias. El gasto social se va a seguir reduciendo, tal y como viene reflejado en los Presupuesto Generales para el 2018, poniendo en peligro las pensiones y las prestaciones económicas de miles de personas. Sin trabajo y sin cobertura social, la pobreza y la desigualdad seguirán aumentado.

Las viejas recetas de creación de empleo no sirven. Son años incentivando un modelo basado en dar facilidades al mercado para que se autorregule y el resultado está a la vista. A pesar de esta lógica aplastante, la mayoría de los actores sociales implicados siguen obcecados en repetir errores. En una situación como la actual, la generación de empleo público deviene central. Una medida que garantizaría derechos, estabilidad y calidad. Es de sentido común. Pero los partidos políticos del régimen utilizan sus leyes para priorizar el pago de la deuda, que se ha obligado a contraer primero a ayuntamientos y a autonomías, para rescatar a los bancos y no aumentar el gasto social. No podemos crear empleo público a nivel municipal porque nos lo prohíben sus leyes. Y cuando se les escapa alguna iniciativa del “bloque del cambio” las bloquean denunciándolas en el Tribunal Constitucional. Medidas que podrían mejorar la calidad de vida de muchos valencianos y valencianas. Al mismo tiempo mantienen la infrafinanciación, tanto autonómica como local, para proteger sus privilegios y no dejar que otras podamos implementar otro modelo.

Esto es importante que se sepa, nuestras limitaciones son consecuencia del blindaje interesado de un modelo de gestión que sólo beneficia a unos pocos. Digámoslo claro, la derecha tanto la vieja como la nueva, nunca se ha preocupado por el bienestar de la mayoría. Si no, no se entiende que mientras las familias eran golpeas por la crisis-estafa, se hayan lucrado y beneficiado con el dinero de todas de manera indirecta con el fenómeno definido como “acumulación por desposesión”, al mismo tiempo que también lo hacían de manera directa, descarada y delictiva.

Es necesario, ahora más que nunca, promover un nuevo modelo de convivencia que anteponga los intereses de los de abajo al de una minoría egoísta y corrupta. Un modelo que garantice una redistribución justa de la riqueza, que ponga las bases para que lo económico se subordine al bien común, con un sistema productivo generador de empleo de calidad. Un nuevo contrato social respetuoso con el medio ambiente que desarrolle un efectivo estado social y de derecho, profundamente democrático y participativo.

Sergi Cremades.
Concejal-portavoz de Sí-Podem
en el ayuntamiento de Petrer.

 

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