● El movimiento #RegularizacionYa, que cuenta con el apoyo más de 1.100
organizaciones, insta al Gobierno a no dejar verdaderamente a nadie atrás.
● Esta exclusión supone el incumplimiento de acuerdos internacionales firmados por
España como la Agenda 2030 y la declaración universal de los Derechos Humanos.
1 de junio de 2020- El movimiento #RegularizacionYa, formado por colectivos migrantes y antirracistas y
apoyado por más de 1.100 organizaciones adheridas a su manifiesto fundacional, denuncia que el Ingreso
Mínimo Vital, que fue aprobado el pasado viernes, 29 de mayo, deja atrás a las más de 600.000 personas
migrantes que se encuentran en situación irregular, lo que supone ahondar en la desigualdad de la
población migrante. Desde la red, instan al Gobierno a incorporarlas para no dejar verdaderamente a
nadie atrás y que esta consigna deje de ser una frase sin contenido, ya que la prestación excluye a la
población más precarizada y que menos apoyos recibe.
Así, el pasado día 12 de mayo, hicieron llegar a partidos políticos y entidades sociales el informe Propuesta
para que el Ingreso Mínimo Vital no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa
irregular en el que demandaban que esta prestación incluya a las familias migrantes no regularizadas.
Finalmente, esta petición no ha sido tomada en cuenta, ya que sólo podrán acceder en el estatus de
irregularidad mujeres víctimas de trata, violencia machista y prostitutas en una situación de especial
vulnerabilidad. Las personas solicitantes de asilo, que en un principio iban a poder optar a esta prestación,
también han quedado fuera.
Por otra parte, esta ausencia supone el incumplimiento de acuerdos internacionales. En ese sentido se ha
pronunciado Edith Espinola, portavoz de #RegularizacionYa. “Dejar fuera del Ingreso Mínimo Vital a las
personas migrantes en situación irregular -así como a aquellas migrantes regularizadas que residan menos
de un año en España- significa no cumplir con la Agenda 2030 que fue firmada por España para no dejar
a nadie atrás. No incluir a la población migrante más vulnerabilizada en una prestación como esta, que
está pensada para luchar contra la pobreza extrema, implica excluir a las personas según su estatus
migratorio, una medida discriminatoria y contraria a esta agenda internacional. Es una contradicción”,
afirma la representante del movimiento.
“El Ingreso Mínimo Vital -ha continuado Espinola- es una medida imprescindible de justicia social que se
implementa con el objetivo de cumplir con los derechos humanos y garantizar la dignidad de todas las
personas pero el Gobierno deja fuera a aquellas que lo tienen peor. Estas son las personas que han venido
desde sus países de origen a buscar una vida mejor y a las que se condena a una situación de irregularidad

y falta de acceso a derechos por los efectos de la Ley de Extranjería que las mantiene en trabajos precarios
de la economía sumergida que, en muchos casos, son, además, esenciales: trabajadoras del hogar y los
cuidados, jornaleros y jornaleras, etc.”, ha explicado la portavoz.
Desde #RegularizacionYa, se pide al Gobierno altura de miras en un momento clave de la historia en el
que es necesario ser valientes y dar un paso al frente por una sociedad verdaderamente justa que no
excluya a una parte fundamental. Además, cuestionan la eficacia de esta prestación. “¿Cómo uno de los
colectivos más vulnerabilizados queda excluido de esta medida? ¿Qué coherencia puede haber con el
lema de no dejar a nadie atrás? De mantenerse así, esta medida no será eficaz para acabar con la
desigualdad y pobreza si no que las perpetuará en las vidas de las personas en situación administrativa
irregular”, ha concluido la representante de #RegularizacionYa.

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