«Si algo positivo ha tenido la crisis económica iniciada en 2008, ha sido que los recortes sociales,
junto con la aparición de numerosos casos de corrupción, han despertado el interés de los
ciudadanos en participar en la gestión de los asuntos públicos y en conocer en qué se gasta el dinero
de nuestros impuestos. La ciudadanía exige mayor transparencia a las instituciones públicas, al
haber aumentado la desconfianza hacia las mismas».
(Miguel Ángel Blanes Climent), Doctor en Derecho. Letrado de la Diputación de Alicante.
Abogado del Síndic de Greuges y (Defensor del Pueblo) de la Comunidad Valenciana.
Veamos que sigue diciendo…
«Todo el mundo habla de transparencia. ¿Qué es exactamente?. La característica que mejor define
el concepto de transparencia es la estrecha e indisoluble vinculación con la esencia de la
democracia. Constituye, además, un presupuesto indispensable del Estado de Derecho en cuanto
posibilita el control y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la gestión pública».
Es evidente, que el Abogado quiere explicar el vínculo de la transparencia con el concepto de
democracia, es decir, sin transparencia en las instituciones públicas no puede haber democracia.
Pero hay que reparar en una cuestión que me parece fundamental y que es reveladora de la posición
como experto jurista en estos temas. Hace mención a “la esencia de la democracia”, ¿Qué quiere
decir con esto?, ¿cual es la esencia de la democracia?. La esencia es el «conjunto de características
permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es» o
«parte o característica fundamental o más importante de algo». Si nos detenemos en un ejercicio de
análisis utilizando la razón, nos daremos cuenta de que la esencia son “las relaciones humanas”, por
consiguiente, la transparencia tiene un estrecho vínculo con las relaciones entre las personas; sin
transparencia, las relaciones se vuelven superfluas, con bajo contenido conceptual, es decir, la
demagogia campa a sus anchas y no hay espacio para el debate abierto.
Sigamos despacio… Habla el Abogado:
«Algunos autores hablan ya sin tapujos de que el llamado “derecho a la transparencia” forma parte
de la tercera generación de derechos del hombre, y engloba, a su vez, los siguientes derechos:
a) El derecho a saber: los ciudadanos tienen el derecho a saber qué ocurre en el interior de los
poderes públicos que están a su servicio.
b) El derecho a controlar: si se conoce la actuación de los poderes públicos es posible controlar la
legalidad y la oportunidad de las decisiones que se adoptan, pudiendo saber además cómo se
utilizan los fondos públicos y cuál es su destino.
c) El derecho de los ciudadanos a ser actores y no solo espectadores de la vida política: limitar la
participación en el ejercicio del poder a votar cada cuatro o cinco años equivale, en opinión de
García de Enterría, a “negar precisamente la esencia democrática misma”.
Ello explicaría el desinterés generalizado de los ciudadanos por la vida política y la desafección
cada día mayor entre los representantes del pueblo y los representados».
Como vemos el Abogado quiere insistir en que “el derecho a saber”, “el derecho a controlar” y el
“derecho a ser actores y no espectadores” debería estar contemplado como un derecho fundamental
y no tener que pedir a las instituciones públicas que se regule dentro del marco jurídico.
El Abogado argumenta:
«La participación no solo resulta beneficiosa para los ciudadanos, sino también para los poderes
públicos. Los primeros consiguen expresar sus opiniones y sugerencias en los proyectos financiados
con dinero público, y los segundos obtienen una información valiosa sobre lo que piensan y
conocen los distintos sectores especializados de la sociedad civil».
Y sigue…
«En la actualidad, no hay problema en publicar la información que el ciudadano necesita para pagar
impuestos o cumplir con sus obligaciones. Más difícil es conseguir que se publiquen los datos
económicos que permitan a los ciudadanos comprobar el destino efectivo de los ingresos obtenidos
con los impuestos, para evitar su conocimiento por la opinión pública y, con ello, las críticas sobre
posibles casos de despilfarro o corrupción».
«Nadie discute que quien administra intereses o bienes ajenos debe rendir cuentas de su gestión.
Los gobernantes, que gestionan intereses públicos, también deben cumplir con esa elemental y
básica obligación. Sin información no hay conocimiento, y sin conocimiento no hay control alguno,
por mucho que formalmente se diga que el sistema es democrático».
Quiero demostrar con estas aclaraciones de este prestigioso abogado, la cantidad de camino que nos
queda por recorrer para que las instituciones públicas garanticen estos derechos fundamentales y
que no valen la demagogia, el maquillaje institucional, ni dar rodeos para llegar al punto que nos
interesa, que no es otro, que tener información objetiva para participar y colaborar en hacer que
nuestro pueblo sea un ejemplo de prosperidad.
Ahora da un punto de vista original sobre lo que para él es el Gobierno Abierto.
¿Qué es el gobierno abierto?
Aquí está hablando de la transparencia………
«El gobierno abierto es un modelo que consiste fundamentalmente en abrir la gestión de los asuntos
públicos a los ciudadanos a través de Internet, de forma que estos puedan, de una parte, tener un
mayor conocimiento, información y control sobre las actuaciones de los políticos y gestores
públicos, y de otra, intervenir, colaborar y participar en dicha gestión, recuperando así la
proximidad entre la gestión pública y los ciudadanos».
«Además, ofrece otra importantísima ventaja que es la posibilidad de que las personas puedan
exigir una efectiva rendición de cuentas a los gestores públicos».
«Algunos autores ya han destacado las bondades del gobierno abierto. Se trata de un poderoso
instrumento frente a la mala gestión, la corrupción y el despilfarro. La publicación de los
presupuestos generales de las entidades públicas en los boletines oficiales no es suficiente. Como
advierte de la Nuez, si se analiza la lista de asuntos sobre los que se carece de información relevante
y donde hay mayor opacidad –contratación pública, subvenciones, empresas públicas, empleo
público–, se verá cómo coincide con las principales causas de la corrupción y del despilfarro».
«El modelo de gobierno abierto es inconcebible sin Internet. La ingente cantidad de información
producida o detentada por las entidades financiadas con ingresos públicos, no contaba con un
escaparate al que todo el mundo se pudiera asomar al mismo tiempo para conocer dicha
información».
Aquí está refiriéndose a la transparencia vinculada a la participación ciudadana.¿Y qué es la
participación ciudadana?; relaciones entre las personas, la esencia en democracia.
«Conviene efectuar algunas aclaraciones. El gobierno abierto no se circunscribe solo a lo que se
conoce como administración electrónica. No se trata únicamente de prestar servicios o comunicarse
con los ciudadanos a través de Internet, facilitando información cuando se solicita. Cuando se habla
de gobierno abierto se está haciendo referencia a la obligación de difundir información de oficio, de
forma activa, a través de Internet, tanto en las páginas web como en las redes sociales».
«También es importante aclarar el tipo de información a difundir. En ocasiones se habla de gobierno
abierto cuando solo se difunde la información que se ha calificado de favorable. Esto no es gobierno
abierto. Tampoco cuando se difunde información comercial o datos estadísticos susceptibles de ser
reutilizados –por ejemplo, sobre el tráfico o la meteorología–, puesto que en estos casos estamos
ante lo que se llama portales de open data o “datos abiertos”, en los que el objetivo principal no es
la transparencia, sino la reutilización de dicha información por parte de los ciudadanos y, sobre
todo, de las empresas».
«El gobierno abierto implica mucho más. Impone la obligación de difundir también la información
desfavorable o comprometida en relación con los gastos públicos, por ejemplo, el sobrecoste de los
contratos, las retribuciones de todo tipo percibidas por los representantes políticos y empleados
públicos, los gastos realizados con las subvenciones públicas otorgadas, o las listas de espera
existentes para ser operado o acceder a una vivienda de protección pública».
En conclusión:
Si no hay transparencia, no hay participación ciudadana ni rendición de cuentas. Si no hay rendición
de cuentas favorece la desafección política por parte de los ciudadanos/as, y si las cosas siguen
funcionando de esta manera se produce crispación, y por consiguiente, manifestación por la
democracia.
