Los presupuestos de 2020 eran los de Cristóbal Montoro prorrogados y el COVID no
estaba previsto en ellos. Este gobierno PSOE-Podemos se constituyó en enero. En
febrero la OMS declaró pandemia al COVID-19. En marzo fuimos al confinamiento, a los
ERTOS o pasamos a trabajar en casa, en el supermercado, en sanidad…y el estado
español fue líder en la primera ola en muertes, infecciones e infecciones de sanitarios. No
se aplicó el protocolo de alerta temprana de epidemias aprobado 15 años antes. No se
reforzó la Atención Primaria, enferma de precariedad y de plantillas crónicamente
insuficientes y persistentemente recortadas.
Los presupuestos del estado para 2021 se confeccionan en el contexto de la segunda ola
de la pandemia, que afecta a países de nuestro entorno que apenas tuvieron primera ola
y que hacen que los pronósticos para 2021 sean inciertos. De todas maneras, la categoría
de líder en muertes del estado español en 2020 y de falta de anticipación nos debería
colocar en una expectativa de prepararnos para lo peor. En cambio, el gobierno se
prepara para un escenario suave, cuando no optimista. Así, presenta los PGE como los
mayores en gasto público, pero sin incrementar significativamente los ingresos reales vía
impuestos, sino contando con elevar el techo de gasto y con lo que se vaya a recibir de la
UE, por lo que ya se prevé acabar el 2021 con una deuda del 121,3% del PIB, que
obviamente también tratarán de que paguemos nosotros.
Impuestos
Se sube algo el IRPF a las rentas muy altas, el impuesto de patrimonio a fortunas de más
de 10 millones, el impuesto de sociedades a grandes empresas, el IVA a bebidas
azucaradas, el impuesto a las primas de seguros y a los coches diesel. Todas estas
medidas suponen un incremento conjunto de ingresos de entre 2.000 y 4.000 millones
anuales.
La Asociación de técnicos de Hacienda GESTHA denuncia que el fraude fiscal se estima
en 91.000 millones anuales y que en 10 años ha bajado la media de los importes
defraudados detectados un 85% por la política de no molestar a los grandes
defraudadores, en una especie de amnistía fiscal continua no declarada. Apple, Amazon,
Google y Facebook pagan entre las cuatro sólo 22 millones al año a Hacienda.
En el capítulo de impuestos nos hallamos ante una política de imagen que sigue sin
perseguir a los grandes capitales y empresas que son los grandes defraudadores.
Unión Europea
La Unión Europea ha relajado la política neoliberal de recortes y austeridad hasta que se
supere el COVID. En 2020 ha habido un gasto suplementario por el COVID en el estado
español de 239.765 millones que mayoritariamente van a deuda pública. Deuda pública
que se refinancia un año detrás de otro, sin amortizarla. Este año se pagan más de
31.000M, más que la partida por desempleo.
Dependemos del tratado de Maastrich por el cual el Banco central europeo crea dinero y
lo transfiere a interés casi cero a bancos y grandes empresas, que a su vez nos los
prestan a un interés comercial. Es como un rescate continuo de la banca mediante dinero
público. Eso después del último rescate de 60.000 millones a los bancos del estado
español. Precisamente 60.000 millones suman los beneficios del Banco de Santander de
los últimos 10 años. El rescate bancario anterior no se ha devuelto y ha servido de
justificación para una política de privatizaciones, recortes en los servicios públicos y para
usar a menudo la frase “No hay dinero” para pensiones (que no recuperan poder
adquisitivo con la subida del 0,9%), prestaciones y subsidios que aminoren la pobreza
general y creciente.
Para 2021 están los ingresos a “fondo perdido” procedentes de la UE –actualmente
bloqueados- de 26.500M para el estado español, y la posibilidad de préstamos de hasta
67.000M, seguramente condicionados. En los PGE, el Gobierno cuenta con los primeros y
no hace uso de los segundos, en principio, aunque puede cambiar: la partida del paro de
2021 sólo recoge pagar los ERTOS hasta 31/1/21.
El régimen del 78 no sale gratis
Una de las decisiones económicas del gobierno en 2020 ha sido permitir la fusión y
privatización de Caixabank-Bankia. Bankia había recibido 20.000 millones de dinero
público en la crisis anterior. Paralelamente el sistema judicial ha absuelto a los directivos
de Bankia de la fraudulenta salida a bolsa (una estafa masiva). Fusiones bancarias que
anuncian una oleada de despidos en el sector.
El mismo año en el que ha huido el Rey emérito a un país sin tratado de extradición con
Suiza, donde escondió una parte de su fortuna estimada en 2.000 millones. Aún y así
seguimos financiándolos, con un incremento casi del 7% llegando a los 8,5M.
El presupuesto de defensa para 2021 se halla repartido entre el presupuesto del
Ministerio (donde sólo encontramos el 30% del presupuesto militar) y el de otros
ministerios donde se hallan camufladas el resto de partidas. En el caso de las inversiones,
la compra de armamento absorbe el 40% del total. En suma, el presupuesto de defensa
real es de más de 34.525 millones (por comparar: la partida para desempleo es de
25.012M). Élites, Monarquía y ejército todavía se cobran los réditos de la victoria del golpe
de estado de Franco, aún con el gobierno “más progresista” de PSOE-UPodemos.
Colapsos parciales anunciados en los servicios públicos
Los desahucios y despidos continúan con el COVID. Se ha permitido hacer ERTOS a
empresas con beneficios y/o con sucursales en paraísos fiscales con las que eluden el
pago de impuestos. Hay un número no conocido de trabajadores en ERTO que llevan 8
meses sin cobrar. Los nuevos trabajadores en paro tienen un retraso en cobrar de 3
meses. Las jubilaciones no se pueden tramitar pues el personal de la Seguridad Social
está saturado con la tramitación del IMV (Ingreso mínimo vital). IMV que es una muestra
de maltrato por las exigencias burocráticas y por la reducida partida presupuestaria
(3.000M). En los momentos que más se los necesita hay colapsos todavía parciales de
los Servicios públicos, castigados durante años con la reducción de presupuestos,
plantillas y abuso de la precariedad.
Por un plan de rescate para los y las trabajadoras y sectores populares.
Contra el paro estructural, reparto de horas manteniendo el poder adquisitivo.
Contra la especulación en vivienda y productos, control de precios.
Contra los despidos: movilización y nacionalización.
Por una sanidad, enseñanza y servicios públicos de calidad y de gestión directa.
Contra las privatizaciones, estatalización y municipalización.
Nacionalización de la banca.
No al pago de la deuda.
