En conmemoración del 18 de diciembre, el Día Internacional de las Personas Migrantes, nos
convocamos las propias organizaciones, asociaciones y colectivos migrantes para exigir al
Gobierno de España, la Regularización Ya de las más de 600 mil personas que se encuentran
actualmente en el territorio español de forma administrativa irregular y les decimos alto y claro:
¡NO ES CARIDAD ES JUSTICIA SOCIAL!

En este sentido, alzamos la voz para exigir una solución al colapso de Citas de Extranjería,
sobre la que el gobierno tiene conocimiento, pero decide ignorar activamente, por su desprecio
a la vida y la dignidad de las personas migrantes. ¡SIN CITAS NO HAY DERECHOS!
Adicionalmente, denunciamos la falta de voluntad política del actual gobierno ante el rechazo
del Congreso de los Diputados a la Proposición No de Ley, redactada por el Movimiento
#RegularizacionYa.

Esto aunado al recrudecimiento de las redadas racistas, las paradas policiales por perfil racial,
la reapertura de los CIEs y CETIs, la vulneración de los derechos de la infancia que migra sola,
los vuelos de deportaciones, las devoluciones en caliente, las violaciones de los derechos
humanos en Canarias y el nuevo Marco Europeo de Migración que mantiene el racismo
institucional en la política Europea y estatal, demuestra que el Estado español le da espalda a
cientos de miles de personas haciendo imposible que accedan a sus derechos.
España, Europa y el “Norte Global” son responsables de convertir el derecho humano de migrar
libremente en un privilegio. Al tiempo que participan en redes criminales que perpetúan y se
benefician de la desigualdad sistémica, realizando pactos vergonzosos, continuando el expolio
de los territorios en pro del capital y no de la vida.
La criminalización de las personas migrantes es la estrategia actual por excelencia del Estado
para justificar un maltrato que no ha cesado por siglos.

La pandemia ha sido para muchos europeos un recordatorio del papel fundamental que los
trabajadores inmigrantes desempeñan en nuestras sociedades incluyendo los y las
trabajadoras que se encuentran en situación irregular.

Durante la crisis sanitaria los trabajos esenciales han estado mayoritariamente a cargo de las
personas migrantes. 1 de cada 2 trabajadores extracomunitarios está empleado en una de las
ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea.
Durante estas semanas muchos y muchas de ellas han sido claves para mantener el servicio a
domicilio, garantizar el cuidado de los mayores en sus hogares o recoger la fruta y verdura que
nos ha alimentado.

La migración hacia las economías consideradas dentro del sistema occidental capitalista actual
como “desarrolladas” ofrece un alivio demográfico a sociedades envejecidas y con dilemas
estructurales sobre el sostenimiento de sus estados de bienestar. La contribución fiscal neta de
los inmigrantes es positiva especialmente durante los primeros años de su experiencia. Es
decir, contribuyen de manera tangible al crecimiento de las economías y la creación de empleo.

La imagen de la inmigración irregular ha quedado asociada para mucha gente a los intentos
desesperados de acceso por la Frontera Sur o la dura situación de los colectivos como el de los
manteros y los trabajadores del sector agrario. Sin embargo, la realidad es otra. La migración
irregular en España proviene mayoritariamente de América Central y del Sur, en concreto el
77% de los extranjeros sin papeles tienen origen en esta región. Tan solo el 9.2% de los
migrantes irregulares provienen de África y de África Subsahariana. La frontera sur constituye
una obsesión política, mediática y racista sostenida por la industria del control migratorio.
Hoy en día se gasta más dinero en seguridad que en integración. En concreto España gasta 8
veces más en seguridad que en programas de acogida o de integración.
Por todo lo antes expuesto estamos hoy aquí en representación propia y también de:
– Los 480 jóvenes senegaleses que murieron intentando llegar a las Islas Canarias.
– Las 4 personas que murieron quemadas en el incendio de una nave en Badalona.
Como consecuencia de la exclusión a las que nos somete la Ley de Extranjería y el
racismo institucional.

– Fátima la compañera jornalera que murió de un cáncer de cérvix, que fue despedida al
enfermar, y nadie se quiso hacer cargo después de su muerte.
– Samba Martine, quien tras pedir más de 10 veces asistencia médica, murió un 19 de
diciembre hace nueve años por negligencia del Estado español.

Y por todas las otras personas que han muerto, y las que son y han sido explotadas y robadas
de dignidad humana por el sistema racista de Extranjería en España.

Aquí en Europa nadie llora a nuestros muertos. Nadie pide justicia.
BASTA DE SILENCIO, BASTA INDIFERENCIA AL DOLOR. BASTA DE TOLERAR EL
CRECIENTE DISCURSO DE ODIO.
Ya es hora de que los y las ciudadanas del territorio valenciano luchen por la verdadera
igualdad entre las personas ya que es la única forma de lograr un cambio real.

Migrar es un derecho y nadie debe morir intentando vivir, sobrevivir o mejorar su situación.
Reivindicamos la creación de un observatorio y/o mecanismos para medir las vulneraciones
de derechos humanos que sufren las personas migrantes y refugiadas por el Racismo
Institucional.
Apostamos por una Valencia diversa, feminista y pluriétnica donde se entiende este encuentro
en la diferencia como un enriquecimiento.
Rechazamos el Pacto Europeo de Migración y Asilo ( PEMA)

Compañeras y Compañeros que exigimos:

¡CITAS YA!
¡REGULARIZACIÓN YA!

Ndp19D2020

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