CGT ha ejercido la acusación popular en este caso, y manifiesta su total desacuerdo con el sentido de la sentencia, estamos convencidos de nuestra acusación, que está totalmente justificada en los hechos que han sido considerados probados y en nuestra calificación jurídica del delito.
No obstante, nuestros limitados recursos económicos nos impiden continuar o iniciar procesos judiciales por corrupción como acusación popular, que suponen un coste desorbitado para nuestra organización. Por ello, anunciamos que no podemos recurrir, exclusivamente, por limitaciones económicas.
No es la primera vez que nos cortan el paso a su “justicia”, la CGT se ha personado como acusación popular en casos muy concretos donde el resto de actores sociales (partidos políticos, gobiernos, organismos públicos de control, resto de sindicatos, asociaciones, etc), no han querido ejercer la función, que también les correspondería, de velar por los derechos de las personas trabajadoras y de una Función Pública limpia y al servicio de los intereses generales.
En estos casos tan señalados de denuncia de la corrupción sistémica, hemos sufrido todo tipo de obstáculos. Hay que recordar que, en el que nos ocupa, tanto el juez instructor como la Audiencia nos negaron la condición de acusación particular, cuando estaba plenamente justificada dado que varios opositores eran afiliados a nuestro sindicato, por ello tuvimos que continuar como acusación popular, eso sí, previo depósito de una fianza de 1000 euros exigida por el juez (les falló el primer obstáculo).
Esto es lo que ocurre cuando una organización que se declara abiertamente antisistema y planta cara de verdad al sistema, manteniéndose independiente, al margen de las subvenciones del Estado. Las consecuencias ahí están: por muy injustas que consideremos las decisiones judiciales, los costes de los recursos y los riesgos derivados de posibles condenas en costas (como es el caso), nos impiden el acceso a su “justicia”.
Todo ello confirma nuestra tesis: el sistema no puede luchar contra la corrupción, porque la corrupción es el sistema.
No obstante, tenemos la “esperanza” de que el Ministerio Fiscal recurra, dado que ha formulado igualmente acusación en este caso.
Sobre todo, después de hacer manifestaciones como éstas en sus conclusiones del juicio oral:
«Lo cierto es que también lo han manifestado aquí (refiriéndose a los responsables de Función Pública en su testimonio), es que tratándose de la persona que se trataba, es que no solamente está la opositora que hubiera copiado sino que también le estaban ayudando a hacer el examen, por eso como la situación era muy especial nosotros decidimos no tratarla como cualquiera otro opositor que está copiando y la expulsamos del examen, no lo hicieron así, ¿cómo lo hicieron? Mire la Administración actúa de una manera que yo me he quedado espeluznada, pero totalmente espeluznada» (….) «todos reconocían que era de manera incorrecta lo que se estaba haciendo allí, luego si era tan incorrecto esto, porque no tomaron precauciones desde el principio y, en primer lugar, se trata de evitar que el tribunal que después va a poner nota a los exámenes no sepa nada de esto, pero bueno, porque tenemos que escondernos, porque tenemos que hacer cosas muy raras, pudiéndolo hacer tan bien, o sea, lo siento, le hemos cogido usted se va y la señora que está cuidando también se va, y ya no vuelve a hacerlo más, esto por lo pronto, sin embargo esto no se hizo así, trató de esconderse y trató de esconderse hasta incluso al tribunal de oposición, que a mí también me parece que eso es muy fuerte, señorías, pero aparte de todo lo dicho, he de decir que, concretamente, los delitos contra los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos tratan de proteger el buen funcionamiento de la Administración Pública» (….)
Y refiriéndose a lo que han dicho las testigos colaboradoras en el ejercicio de la oposición: «somos opositoras, sabemos lo que cuesta la oposición y la verdad es que cada persona se debe sacar su plaza, las plazas no se pueden regalar ni se deben de regalar, esto es lo que ocurrió»
La sentencia nos ha condenado a las costas del juicio porque el Tribunal considera que hemos sido temerarios, lo que consideramos inaceptable, puesto que siempre hemos actuado con el fin de hacer Justicia, y seguimos creyendo que el delito por el que hemos acusado existe, y que así resulta de los hechos que la misma sentencia declara probados. Según la sentencia, A. Brugger ha sido absuelta porque sus respuestas, su falsificación, eran malas, no porque no lo haya cometido.
Pensamos que nuestra calificación no constituye ninguna «temeridad» por lo que recurriremos la condena en costas.
Para entender la realidad, conviene recordar lo que la Sentencia ha considerado hechos probados:
“La acusada ANA MARIA BRUGGER NAVARRO, cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones, funcionaria adscrita a la Dirección General de Función Pública que con anterioridad había ostentado el cargo de Directora General, el dia 10 de marzo de 2018 formaba parte del grupo de funcionarios designados por dicho organismo para vigilar la transparencia y corrección en las pruebas de oposición a “Técnicos Superiores de la Administración de la Generalitat” (Grupo A1-01), convocadas por Orden 1/2017, de 3 de enero de la Conselleria de Justicia.
En el desarrollo de dichas pruebas celebradas durante la mañana de ese día en la Universidad de Valencia y tras ser anunciados los temas a contestar, la acusada ocupó una silla al final del aula, donde comenzó a consultar su teléfono móvil y a escribir las respuestas a uno de dichos temas en varios folios de los repartidos a los opositores, en lugar de ejercer la labor de vigilancia encomendada. Seguidamente la acusada ANA MARIA BRUGGER se aproximó a la opositora y también acusada MARIA GONZALBEZ BERNAD, quien mantenía con aquella una relación de amistad, depositando ANA MARIA en su mesa los indicados folios con las respuestas escritas de su puño y letra.
La actuación descrita fue advertida por otras dos funcionarias que vigilaban igualmente el examen, dirigiéndose estas acto seguido a la mesa ocupada por MARIA GONZALBEZ BERNAD e interviniendo en su poder las hojas escritas por la funcionaria ANA MARIA BRUGGER que la referida opositora ocultaba debajo de otro bloque de hojas en blanco, de las que finalmente no llegó a hacer el uso proyectado.”
Por último, no podemos olvidar que el caso no finaliza aquí. Hay que recordar que la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública tiene abierto un procedimiento disciplinario contra A. Brugger, que fue suspendido al iniciarse el procedimiento judicial y que debe proseguir cuando la sentencia adquiera firmeza, para evitar la caducidad del mismo, por lo que exigimos la máxima diligencia en su tramitación. Y también le pedimos a todas las “instituciones” públicas (financiadas con dinero público) de control y persecución de la corrupción y el fraude -que no son pocas-, que recomienden (que lo saben hacer muy bien) desde tierra, mar y aire, a la Conselleria que debe actuar con la máxima diligencia para que el procedimiento disciplinario llegue a buen fin.
Asimismo, a la vista de las declaraciones de las colaboradoras y de la responsable de Función Pública en el control del examen, se deduce una actuación de los responsables de Función Pública que consiguió ocultar el grave incidente al Tribunal de la oposición, como señaló “espeluznada” la Fiscal. Hay que recordar que la CGT, en la fase de instrucción y ante indicios claros de esa actitud de ocultamiento al Tribunal y de no querer dejar constancia de lo ocurrido en el acta de incidencias, solicitó la imputación de la responsable de Función Pública, Teresa Carrasco, lo que fue rechazado por el juez de instrucción.
También CGT ha solicitado testimonio de las declaraciones de Teresa Carrasco por si pudiera haberse producido un delito de falso testimonio, y la Audiencia lo rechaza sin más. A la fiscal, le resulta “espeluznante”, ¿y nadie va a hacer nada?
Por ello, se solicita a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que informe públicamente sobre las actuaciones llevadas a cabo en su momento o, a la vista del juicio, para depurar responsabilidades por dichas actuaciones.
Comunicat de CGT sobre la Sentència de l’Audiència Provincial de València de 26 de març de 2021 (absolució de A. Brugger i M. Gonzálvez)
CGT ha exercit l’acusació popular en aquest cas, i manifesta el seu total desacord amb el sentit de la sentència, estem convençuts de la nostra acusació, que està totalment justificada en els fets que han sigut considerats provats i en la nostra qualificació jurídica del delicte.
No obstant això, els nostres limitats recursos econòmics ens impedeixen continuar o iniciar processos judicials per corrupció com a acusació popular, que suposen un cost desorbitat per a la nostra organització. Per això, anunciem que no podem recórrer, exclusivament, per limitacions econòmiques.
No és la primera vegada que ens tallen el passe a la seua “justícia”, la CGT s’ha personat com a acusació popular en casos molt concrets on la resta d’actors socials (partits polítics, governs, organismes públics de control, resta de sindicats, associacions, etc), no han volgut exercir la funció, que també els correspondria, de vetlar pels drets de les persones treballadores i d’una Funció Pública neta i al servei dels interessos generals.
En aquests casos tan assenyalats de denúncia de la corrupció sistèmica, hem patit tota mena d’obstacles. Cal recordar que, en el qual ens ocupa, tant el jutge instructor com l’Audiència ens van negar la condició d’acusació particular, quan estava plenament justificada atés que diversos opositors eren afiliats al nostre sindicat, per això vam haver de continuar com a acusació popular, això sí, previ depòsit d’una fiança de 1000 euros exigida pel jutge (els va fallar el primer obstacle).
Això és el que ocorre quan una organització que es declara obertament antisistema i planta cara de veritat al sistema, mantenint-se independent, al marge de les subvencions de l’Estat. Les conseqüències ací estan: per molt injustes que considerem les decisions judicials, els costos dels recursos i els riscos derivats de possibles condemnes en costes (com és el cas), ens impedeixen l’accés a la seua “justícia”.
Tot això confirma la nostra tesi: el sistema no pot lluitar contra la corrupció, perquè la corrupció és el sistema.
No obstant això, tenim l’“esperança” que el Ministeri Fiscal recórrega, atés que ha formulat igualment acusació en aquest cas.
Sobretot, després de fer manifestacions com aquestes en les seues conclusions del judici oral:
«La veritat és que també ho han manifestat ací (referint-se als responsables de Funció Pública en el seu testimoniatge), és que tractant-se de la persona que es tractava, és que no solament està l’opositora que haguera copiat sinó que també li estaven ajudant a fer l’examen, per això com la situació era molt especial nosaltres decidim no tractar-la com qualsevol altre opositor que està copiant i l’expulsem de l’examen, no el van fer així, com ho van fer? Mire l’Administració actua d’una manera que jo m’he quedat esborronada, però totalment esborronada» (….) «tots reconeixien que era de manera incorrecta el que s’estava fent allí, després si era tan incorrecte això, perquè no van prendre precaucions des del principi i, en primer lloc, es tracta d’evitar que el tribunal que després posarà nota als exàmens no sàpia res d’això, però bo, perquè hem d’amagar-nos, perquè hem de fer coses molt rares, podent-ho fer tan bé, és a dir, ho sent, li hem agafat vosté se’n va i la senyora que està cuidant també se’n va, i ja no torna a fer-ho més, això d’antuvi, tanmateix això no es va fer així, va tractar d’amagar-se i va tractar d’amagar-se fins i tot al tribunal d’oposició, que a mi també em sembla que això és molt fort, senyories, però a part de tot el que s’ha dit, he de dir que, concretament, els delictes contra els funcionaris públics en l’exercici dels seus càrrecs tracten de protegir el bon funcionament de l’Administració Pública» (…)
I referint-se al que han dit les testimonis col·laboradores en l’exercici de l’oposició: «som opositores, sabem el que costa l’oposició i la veritat és que cada persona s’ha de traure la seua plaça, les places no es poden regalar ni s’han de regalar, això és el que va ocórrer».
La sentència ens ha condemnat a les costes del judici perquè el Tribunal considera que hem sigut temeraris, la qual cosa considerem inacceptable, ja que sempre hem actuat amb la finalitat de fer Justícia, i continuem creient que el delicte pel qual hem acusat existeix, i que així resulta dels fets que la mateixa sentència declara provats. Segons la sentència, A. Brugger ha sigut absolta perquè les seues respostes, la seua falsificació, eren dolentes, no perquè no ho haja comés.
Pensem que la nostra qualificació no constitueix cap «temeritat» pel que recorrerem la condemna en costes.
Per a entendre la realitat, convé recordar el que la Sentència ha considerat fets provats:
“L’acusada ANA MARIA BRUGGER NAVARRO, les circumstàncies personals de la qual consten en les actuacions, funcionària adscrita a la Direcció General de Funció Pública que amb anterioritat havia ostentat el càrrec de Directora General, el dia 10 de març de 2018 formava part del grup de funcionaris designats per aquest organisme per a vigilar la transparència i correcció en les proves d’oposició a “Tècnics Superiors de l’Administració de la Generalitat” (Grup A1-01), convocades per Ordre 1/2017, de 3 de gener de la Conselleria de Justícia.
En el desenvolupament d’aquestes proves celebrades durant el matí d’aqueix dia en la Universitat de València i després de ser anunciats els temes a contestar, l’acusada va ocupar una cadira al final de l’aula, on va començar a consultar el seu telèfon mòbil i a escriure les respostes a un d’aquests temes en diversos folis dels repartits als opositors, en lloc d’exercir la labor de vigilància encomanada. Seguidament l’acusada ANA MARIA BRUGGER es va aproximar a l’opositora i també acusada MARIA GONZALBEZ BERNAD, qui mantenia amb aquella una relació d’amistat, depositant ANA MARIA en la seua taula els indicats folis amb les respostes escrites de pròpia mà.
L’actuació descrita va ser advertida per altres dues funcionàries que vigilaven igualment l’examen, dirigint-se aquestes tot seguit a la taula ocupada per MARIA GONZALBEZ BERNAD i intervenint en el seu poder les fulles escrites per la funcionària ANA MARIA BRUGGER que la referida opositora ocultava davall d’un altre bloc de fulles en blanc, de les quals finalment no va arribar a fer l’ús projectat.”
Finalment, no podem oblidar que el cas no finalitza ací. Cal recordar que la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública té obert un procediment disciplinari contra A. Brugger, que va ser suspés en iniciar-se el procediment judicial i que ha de prosseguir quan la sentència adquirisca fermesa, per a evitar la caducitat d’aquest, per la qual cosa exigim la màxima diligència en la seua tramitació. I també li demanem a totes les “institucions” públiques (finançades amb diners públics) de control i persecució de la corrupció i el frau -que no són poques-, que recomanen (que ho saben fer molt bé) des de terra, mar i aire, a la Conselleria que ha d’actuar amb la màxima diligència perquè el procediment disciplinari arribe a bon fi.
Així mateix, a la vista de les declaracions de les col·laboradores i de la responsable de Funció Pública en el control de l’examen, es dedueix una actuació dels responsables de Funció Pública que va aconseguir ocultar el greu incident al Tribunal de l’oposició, com va assenyalar “esborronada” la Fiscal. Cal recordar que la CGT, en la fase d’instrucció i davant indicis clars d’aqueixa actitud d’ocultació al Tribunal i de no voler deixar constància de l’ocorregut en l’acta d’incidències, va sol·licitar la imputació de la responsable de Funció Pública, Teresa Carrasco, la qual cosa va ser rebutjat pel jutge d’instrucció.
També CGT ha sol·licitat testimoniatge de les declaracions de Teresa Carrasco per si poguera haver-se produït un delicte de fals testimoniatge, i l’Audiència el rebutja sense més. A la fiscal, li resulta “esborronadora”, i ningú farà res?
Per això, se sol·licita a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que informe públicament sobre les actuacions dutes a terme en el seu moment o, a la vista del judici, per a depurar responsabilitats per aquestes actuacions.
