Los regidores y regidoras de las comarcas de Alicante nos concentramos
hoy ante la preocupación que nos genera el deterioro político y de gestión
en la Diputación de Alicante.
La institución es víctima nuevamente de un uso partidista por parte del
Partido Popular, con el dócil beneplácito de Ciudadanos. Se usa la
institución como plataforma propagandística de su presidente, Carlos
Mazón.
Este año 2021 será el quinto en el que los ayuntamientos de la Comunitat
recibirán de la Generalitat el Fondo de Cooperación Municipal. Desde que
los presupuestos autonómicos incluyeron en 2017 este fondo, los
municipios de la provincia han recibido (si incluimos los que llegarán este
año) casi 70 millones de euros.
Por el contrario, también este año es el quinto en el que la Diputación de
Alicante, con gobiernos liderados por el Partido Popular, ha negado estos
fondos que dotan de libertad y autonomía a los ayuntamientos. Y la cifra
que los consistorios dejaremos de percibir es por lo tanto la misma, casi
70 millones de euros en cinco años.
Sin duda, estamos ante un ataque sin paliativos del Partido Popular a la
libertad y la autonomía de los ayuntamientos alicantinos, que nos deja en
una clara desventaja frente a los ayuntamientos de las provincias de
València y Castellón, cuyas diputaciones, no solo participan en este fondo,
sino que, como es el caso de la Diputación de València, hasta triplica su
asignación.
Pero la Diputación de Alicante, de la mano de su actual presidente, Carlos
Mazón, no solo atenta contra la libertad financiera de los consistorios con
su actitud irresponsable ante el Fondo de Cooperación. La gestión de
Mazón arrastra preocupantes déficits en la gestión de las diferentes
ayudas que se están poniendo en marcha desde la Diputación.
El colapso en la resolución de los proyectos, la ínfima ejecución de obras,
los retrasos constantes en hacer llegar los fondos son, entre otras
cuestiones, piedras en el camino del trabajo a los ayuntamientos, y cada
vez de mayor calibre.

Esta situación ha sido especialmente grave en 2020, en el que los
municipios de la provincia de Alicante hemos recibido hasta el 50% menos
de ayudas respecto del que han recibido los municipios que dependen de
la Diputación de València y Castellón.
Además, se aprueban ayudas de forma parcelada con un único propósito
promocional, hecho que deriva en la multiplicación de la burocracia, lo que
afecta gravemente el trabajo de los y las funcionarias de la Diputación y
de los ayuntamientos.
A estas alturas, solo entre el Plan Planifica y el conocido como plan Más
Cerca (que es en realidad el pago de las ayudas retardadas desde 2020)
en la Diputación de Alicante hay cerca de 1000 obras paradas en los
despachos. La ejecución de la mayoría de estas obras se delega en los
municipios a los cuales se les exige un calendario estricto de finalización
de obras que, a estas alturas, ya imposible de cumplir.
Como ejemplos, también podemos citar la situación de las ayudas de la
DANA, todavía sin tramitar; o la situación del Plan Planifica del cual, la
Diputación no tiene ningún proyecto propio redactado. También por el
hecho que la Diputación de Alicante ha sido la última institución al tramitar
las ayudas para los comercios del Plan Resistir.
A este hecho se suma la agravante del seguidismo a la extrema derecha
en la Diputación y diferentes municipios por parte del Partido Popular. Las
continuas proclamas racistas de diputados del gobierno de la institución
son una constante.
Con todo, los regidores y regidoras convocantes mostramos nuestro
compromiso con la reivindicación de los valores democráticos
municipalistas y exigimos una transformación absoluta de la acción del
gobierno de la Diputación y de la actitud de sus dirigentes.

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