La COVID-19 ha provocado una crisis mundial de salud sin precedentes, ocasionando la muerte de  millones de personas. También ha puesto de manifiesto y agravado desigualdades y ha afectado desproporcionadamente a las poblaciones marginadas. Ha llevado a los gobiernos a aplicar medidas que ponen en riesgo diversos derechos humanos y, a medida que continúa propagándose, amenaza con dejar sin trabajo a la mitad de la fuerza laboral del mundo y con sumir en la pobreza extrema hasta a 150 millones de personas más en 2021.

Estados, empresas farmacéuticas, organizaciones intergubernamentales e institutos de investigación de todo el mundo han tomado medidas para desarrollar productos médicos que puedan prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19, dando lugar a una carrera sin precedentes por producir vacunas en un tiempo récord.

Este último año  los gobiernos han invertido miles de millones de dólares de las y los contribuyentes en impulsar a empresas como AstrazenecaModerna Pfizer BioNTech para acelerar la investigación, fabricación y distribución de vacunas. Una de las claves para acabar el virus.

Ahora, compartir lo que saben, es de justicia , una necesidad de salud pública y salvaría  millones de vidas.

Amnistía Internacional y la  Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià- en la iniciativa ciudadana europea Right2Cure en España  se une en la campaña global para pedir el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19.

Los objetivos de esta campaña son:

  • Que todos los Estados aumenten, con urgencia, las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos asegurando que las vacunas COVID-19 estén disponibles y sean accesibles, asequibles y de buena calidad para todas las personas, sin discriminación.
  • Que las empresas farmacéuticas compartan tecnología y conocimientos para aumentar el suministro y  el acceso con equidad a las vacunas.
  • Que los Estados miembros de la OMC apoyen firmemente la “exención de las patentes» de las vacunas   y de otros medicamentos para combatir la COVID-19, lo que ayudaría a garantizar que los productos médicos  pueden fabricarse con rapidez y ponerse a disposición de todas las personas.
  • Que los Estados aseguren, a la población más vulnerable, el acceso a las vacunas y tratamientos contra la COVID-19.
  • Que los Estados aumenten, con urgencia, las medidas necesarias para proteger a las y los trabajadores de primera línea para prevenir y / o reducir el impacto negativo de la pandemia de Covid-19 en sus derechos.

Así mismo, desde Amnistía Internacional y otras destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por  el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER denunciamos la exclusión en la práctica de las campañas de vacunación de las personas inmigrantes en situación irregular, de las personas sin hogar y, en general, de poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica.

Reclamamos a  Carolina Darias, ministra de Sanidad,  que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adopte las directrices vinculantes para asegurar el acceso a la vacunación, sin ningún tipo de discriminación, a las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria.

Entre los diferentes colectivos susceptibles de ser excluidos en la práctica de las campañas de vacunación se encuentran, según las organizaciones firmantes, las personas mayores reagrupadas legalmente por familiares que residen en España, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que, en muchos casos, y en su mayoría mujeres, se ocupan del cuidado de mayores, o las personas sin hogar.

Por ello reclamamos la adopción de manera urgente del anteproyecto de ley -anunciado por el Gobierno- para que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Un instrumento clave para garantizar el derecho a la salud de estas personas, incluido el derecho a acceder a la vacuna contra la COVID-19.

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