Las administraciones públicas han sembrado la desconfianza que
ahora generan, ocultando, manipulando y mintiendo sobre el
desarrollo eólico impuesto
Desde aquellas declaraciones gubernamentales de Revilla caricaturizando como
retrógrado a todo aquel que impugnara la industrialización eólica de los montes
pasiegos, hasta las declaraciones de garantía patrimonial y severidad
proteccionista de Marcano de esta semana, pasando por los informes negativos
para la declaración de impacto ambiental de los P.E. de Garma Blanca y Ribota,
se aprecia un cambio evidente en la relación del Gobierno con los eólicos. El
motivo es uno, muy claro: la progresiva toma de conciencia y organización de la
población cántabra.
Las mismas autoridades que durante meses tramitaron todo de espaldas a la
población y que cuando saltó la liebre lo vendían como el maná, hoy asumen en
su discurso los riesgos y perjuicios de este modelo. Pero aunque las palabras ya
vayan en otra dirección, el hecho es que siguen abrumando con tramitaciones
(39 ya para 30 días de alegaciones), trabajando para el lobby eólico y mintiendo
a la población.
Por ejemplo, resulta bochornoso que el Gobierno responda a la movilización de
los valles cántabros en Reinosa prometiendo “transparencia total”, cuando se
cumple un mes de que 15 colectivos sociales solicitáramos “conocer el informe
del Gobierno de Cantabria en relación a la evaluación ambiental del P.E. Sierra
del Escudo”, sin respuesta satisfactoria. “Ahora que estas comunicaciones
generan un justificante electrónico, es absurdo mentir a este respecto, salvo
que te sepas impune”, señala el co-portavoz de CNSV, Diegu San Gabriel.
Los mismos políticos que concedieron un permiso de fracking y edificaron
cientos de chalets ilegales en el litoral, que tienen el Plan de Energías
Renovables (Plenercan) y el Plan de Sostenibilidad Energética (PSEC) caducados
y el Plan de Ordenación Territorial en un cajón para beneficiarse del desorden,
no pueden pretender que nadie confíe en sus palabras, cuando además se
contradicen con sus actos.

Violan sistemáticamente el ya de por sí insuficiente marco legal, sin ninguna
consecuencia. La única garantía sobre nuestro patrimonio cultural y natural,
sobre que se hagan bien las cosas en Cantabria, es un pueblo informado,
consciente y organizado.

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