Los partidos del Gobierno han cedido a las presiones ultras, enmendando
su propio texto para dejar fuera de la nueva ley el periodo preautonómico,
y con ello a las víctimas Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero.
El 10 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores radicados en Cantabria
que viajaban a Andalucía fueron detenidos, torturados y asesinados
brutalmente a manos de miembros de la Guardia Civil, que inicialmente los
confundió con militantes de ETA.
Incluso, la Guardia Civil trató de falsear hechos y eliminar indicios, la
investigación y el juicio estuvieron llenos de irregularidades y amenazas,
sólo tres de los once participantes cumplieron condena (rebajada con
indultos) y las víctimas siguen esperando reconocimiento 40 años después.
En 2018, el Parlamento de Cantabria homenajeaba a las víctimas del
llamado Caso Almería y aprobaba de forma unánime una declaración
institucional, en la que instaba al Gobierno central a reconocerles. Sin
embargo, ahora que tienen oportunidad de hacerlo ellos mismos, rehusan
hacerlo de manera incomprensible.
En el proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria
presentada a las asociaciones memorialistas, la disposición alcanzaba hasta
la entrada en vigor del estatuto de autonomía, como parece lógico
tratándose de una ley autonómica. Sin embargo, tras las presiones llevadas
a cabo por las derechas, especialmente concretadas por el portavoz del PP
Íñigo Fernández en esta cuestión, PRC y PSOE han presentado una
enmienda parcial a su propio documento para que la ley llegue únicamente
hasta 1978, dejando fuera a las víctimas que PRC, PSOE y PP instaron a
reconocer recientemente.
Concretamente, la declaración consensuada en 2018 por todos los grupos
del Parlamento de Cantabria instaba a “iniciar los cambios legislativos
necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo o
violencia política, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos
de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la
consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas”.
Sacar de la ley el periodo preautonómico que va de 1978 a 1982, supone
perpetuar un periodo de oscuridad (y de impunidad), en el que existe una
innegable violencia política de naturaleza aún tardofranquista. La ley de

memoria andaluza, por ejemplo, sí llega hasta la entrada en vigor de su
autonomía, por lo que pudiera darse la paradoja de que Luis Cobo, Juan
Mañas y Luis Montero acabaran siendo reconocidos en la tierra a la que se
trasladaban y no en la que vivían.
Para Cantabria No Se Vende resulta “simplemente inaceptable” que PRC y
PSOE modifiquen el documento para excluir la memoria de aquellos tres
jóvenes trabajadores cántabros que por fin parecía que iban a tener
reconocimiento, si no la justicia que merecen.

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