De ser ciertas las prácticas destapadas por un medio de comunicación, se podría estar ante un caso de corrupción
Madrid, 22 de enero de 2022
La coalición Compromís ha solicitado a través del senador Carles Mulet la comparecencia en el Senado del presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, para que explique la adjudicación del servicio de transporte por satélite de la señal para Norteamérica y Centroamérica de RTVE a Servicios Audiovisuales Overón S.L.
Una información periodística en El País titulada ‘Los pliegos de tres concursos públicos incluían al ganador en los metadatos antes de adjudicarse’, la que destapó la posible existencia de irregularidades en RTVE a la hora de licitar.
El archivo del pliego, que fue creado dos días antes del anuncio oficial de la licitación, contenía en sus propiedades el término “Servicios Audiovisuales Overon, S”. Dos meses después, esta compañía de telecomunicaciones por satélite con 290 empleados ganaba una adjudicación de 246.996 euros para prestar el servicio. Esta empresa fue la única que acudió al concurso. Representantes de RTVE aseguraron desconocer los motivos por los que la empresa de Roures figuraba en las propiedades del archivo del pliego. Por su parte, Servicios Audiovisuales Overón negó también todo conocimiento.
Mulet ha señalado que “como tiene toda la apariencia de una adjudicación a dedo, es urgente aclarar si existieron contactos previos, saber quién elaboró el pliego técnico, si existió dejación de funciones o, incluso, si ha habido torpeza. También si se permitió que el adjudicatario se hiciese un contrato a la carta para rentabilizar al máximo su beneficio y si esta forma de operar podría haberse repetido en otras ocasiones«.
La coalición ha presentado además una moción en Comisión en la que Senado insta al Gobierno a efectuar una investigación sobre este asunto, dando a conocer los nombres y los cargos de los responsables que han firmado el mencionado pliego técnico. Asimismo, se insta a efectuar una investigación de todos los expedientes firmados por esos mismos responsables en los cinco años anteriores, comprobando si existe concurrencia real, falsedad documental y si las ofertas presentadas se adecúan a las necesidades requeridas.
A tal efecto, se insta a someter a auditoría a todos esos expedientes que sea verificada por la Intervención General de la Administración General del Estado, emitiendo un informe en el plazo de tres meses. A la luz de los resultados obtenidos en la investigación, se insta a depurar responsabilidades y a efectuar cuantas acciones legales resulten oportunas.
“Necesitamos luz y taquígrafos. RTVE debe ser pulcra y ajustarse a la legislación en sus concursos de licitación. No podemos quedarnos ni con la duda ni con la sospecha de que pudiera ser cierto lo publicado, o de que podría haber sucedido en otras ocasiones. Los valencianos ya tuvimos bastante con lo sucedido durante décadas en nuestros medios públicos y sus funestas consecuencias. RTVE debe ser independiente en todas sus dimensiones y ajustarse al marco legal. Y esta, la relativa a la determinación de sus propias necesidades y el procedimiento contratación de sus servicios, es una de ellas”, ha concluido.
