En enero de este año, la Iglesia notificó que al menos mil inmuebles de los que había
inmatriculado realmente no eran de su propiedad, mientras que distintos movimientos
populares señalan que esta declaración es una fracción nimia de los que realmente no les
pertenecen, de entre los treinta y un mil inmuebles que inmatricularon por la Ley de Aznar
de 1998. Para esclarecer esta situación, Podemos Elche propone impulsar desde el
ayuntamiento un estudio de la propiedad real de los inmuebles de la Iglesia en nuestro
municipio para devolverlos a sus legítimos dueños.
En este sentido, en el día de ayer se realización por todo el territorio concentraciones por
parte de colectivos como “Recuperando”, cuyo objetivo era mostrar su rechazo ante la posible
legalización de miles de inmuebles inmatriculados ilegalmente, pues dichos colectivos exigían
“información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes
inmatriculados y la defensa del patrimonio público”.
Ante tal situación, la formación morada señala que “las instituciones deben velar por la
protección de los derechos de las personas, y por tanto poner los recursos necesarios para que se
esclarezca a quiénes pertenecen realmente los inmuebles inmatriculados por la Iglesia. Es por
ello, que cumpliendo con nuestro programa electoral proponemos que se deriven los recursos
necesarios para investigar las inmatriculaciones realizadas en nuestro municipio, y se defienda la
propiedad privada de aquellas instituciones o familias a las que pudieran pertenecer. Tomando
como ejemplo el trabajo realizado en este sentido por el Gobierno de Navarra, que entregó 2952
notas simples para que se investigara su propiedad”.
En palabras de Moisés García miembro de la ejecutiva local “los partidos y las
administraciones debemos dar cobertura a las necesidades de la ciudadanía y defender la
legítima propiedad de sus bienes. Nos encontramos ante una Ley de 1998 por la que con un
certificado de dominio emitido por la Iglesia, podían quedarse con bienes inmuebles de los que no
se conociera su propietario.
Ante una situación en la que diversos colectivos reclaman la delgada legalidad de este
acto, proponemos que se vele por la propiedad privada de los legítimos dueños de los bienes
inmatriculados en nuestro municipio, y se destinen los recursos necesarios para su investigación.
Esperamos que en este caso, el equipo de gobierno se ponga de lado de la ciudadanía y
responda en favor de esclarecer un hecho que desde nuestra opinión es del todo injusto”.
