La Sección Sindical de la CGT en el Ayuntamiento de València denuncia la manipulación e hipocresía de los Colegios profesionales de Arquitectas y Arquitectas técnicas de València en sus últimas manifestaciones, y se posiciona en defensa de la función pública frente al acoso constante por parte de diversos colectivos empresariales del sector inmobiliario y de los intereses corporativistas de dichos colegios profesionales.
En una declaración conjunta publicada en los medios de comunicación (1), ambos colegios profesionales “ofrecen su colaboración” al Ayuntamiento para “reducir los tiempos de espera en la concesión de licencias urbanísticas, que actualmente acumulan demoras de mas de un año“. Para ello, anuncian la propuesta de la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, con la finalidad de ocuparse de la verificación técnica y formal de la documentación necesaria para la tramitación y concesión de las licencias.
Además, el señor Vicente Terol, presidente del CAATIE, se atreve a aseverar que el personal técnico de dichos colegios profesionales “llevan realizando este tipo de tareas desde hace más de 30 años, mediante el control de sus visados“ y que “tienen la experiencia y capacidad de solventar la gestión de una licencia en unos pocos días, no más de una semana“.
Consideramos que pretender hacer creer que los supuestos problemas de tramitación de las licencias son causados exclusivamente por la gestión administrativa y ofrecerse a sustituir al personal funcionario en su tarea de garantizar el interés general y el cumplimiento de la legalidad es, como mínimo atrevido, cuando tanto en el sector privado, como en el público, es bien sabido que el registro y visado de proyectos que realizan dichos colegios se ha demostrado poco riguroso e ineficaz como mecanismo de control del cumplimiento de la normativa urbanística y técnica que precisamente evalúa el personal funcionario en la tramitación de las licencias.
Asimismo, la CGT advierte que la legalidad de la propuesta de establecer convenios de colaboración con los colegios profesionales fue puesta en duda por la Comisión Nacional de la Competencia que inició un procedimiento sancionador contra varios ayuntamientos (entre ellos València) y contra la Federación Española de Municipios y Provincias y que concluyó con la resolución de 28 de diciembre de 2011 (2 que declaraba su irregularidad.
Por otro lado, consideramos que muy poca credibilidad y rigor muestran estas organizaciones privadas pretendiendo “ir por libre” por la vía del convenio, cuando esta función que proponen ya está sometida a la regulación de las llamadas entidades colaboradoras urbanísticas (ECUV) a través del Decreto 62/2020, de 15 de mayo, del Consell, que exige a los colegios profesionales -como al resto de entidades colaboradoras- que “cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8 de este Decreto y se sometan al régimen de obligaciones, auditorías, precios e incompatibilidades establecidos de los artículos 10 a 13”.
La organización anarcosindicalista denuncia que estas declaraciones que pretenden desprestigiar unos servicios públicos cuyo cometido principal es el de velar por la legalidad de la actividad urbanística y empresarial de la ciudad de València, forman parte de la estrategia de crear un estado de opinión favorable a la privatización final de esta función pública esencial, ya iniciada hace meses con la atribución de responsabilidades públicas a las ECUV y con la reciente y escandalosa modificación de la Ley 6/2014 de Calidad Ambiental, mediante la última ley de acompañamiento, que otorga facultades públicas de control ambiental a los organismos de certificación administrativa (OCA), como la emisión de certificados de compatibilidad urbanística.
En definitiva, la Sección Sindical de la CGT en el Ayuntamiento de València interpela a dichos colegios profesionales para que declaren públicamente su respeto hacia estos servicios públicos esenciales y les propone que colaboraren con ellos desde sus competencias de revisión y control del cumplimiento normativo de los proyectos de sus colegiadas, mejorando así su calidad y evitando que se paralicen los expedientes de licencias por incumplimientos normativos o formales que sí provocan que se alarguen los plazos de concesión de las mismas.
Por último, hacemos un llamamiento a las delegaciones del Ayuntamiento con competencias en la materia, es decir, Personal, Urbanismo, Actividades y a la propia Alcaldía, para que renuncien a cualquier proceso privatizador, y para que adopten las medidas necesarias que prestigien a la Función Pública, fundamentalmente mediante la dotación adecuada de personal funcionario público que garantice la gestión directa del servicio público porque, a nuestro entender, es la única vía para garantizar la objetividad, imparcialidad y el cumplimiento de la legalidad y los intereses generales.
(2) Se adjunta Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 28 de diciembre de 2011
