La formación morada a través de su portavoz Moisés García ha solicitado que se
investigue la posible responsabilidad patrimonial del gobierno de Mercedes Alonso por la firma del
contrato con Aparcisa. Esta reacción se produce tras conocerse la sentencia del Juzgado
Contencioso Administrativo Número 1 de Elche que da la razón al Ayuntamiento en la rescisión
del contrato de Aparcisa, pero condena al Ayuntamiento de Elche a indemnizar con una cuantía
mínima de 300.000 €.
Apuntan que las decisiones tomadas durante el gobierno del Partido Popular, que eran en
contra de toda opinión formada sobre el asunto del mercado central, van a costarle al bolsillo de la
ciudadanía ilicitana posiblemente más de 300.000 €. Es en el momento de la firma del contrato,
cuando toda la información de la que se disponía indicaba que iba a encontrarse patrimonio
susceptible de ser protegido, como por ejemplo señala la propia sentencia, la ubicación del refugio
antiaéreo 3B de la Guerra Civil, que era notoria y conocida por todos los ilicitanos e ilicitanas.
Por tanto, consideran evidente que la señora Alonso y su corporación también eran
conocedores de esta información en el momento de la firma del contrato con Aparcisa, por lo que
la firma del contrato se pudo realizar bajo conocimiento de que era susceptible de rescisión o
indemnización, y que en ningún momento las obras por las que se contrataba eran realizables.
Entienden que, a día de hoy y dada esta situación, el Partido Popular está intentando que se mire
hacia otro lado al pedir ellos dicha responsabilidad al actual consistorio.
Moisés García señala que “todas las ilicitanas e ilicitanos éramos conocedores, por cultura
popular o por tener acceso a los informes pertinentes, que la construcción de los aparcamientos
en el mercado central eran inviables. Pues como se ha comprobado con las excavaciones se ha
encontrado patrimonio que es susceptible de protección, lo que ha permitido rescindir el contrato
legalmente.
Ante esta situación, pedimos que el gobierno municipal defienda los intereses de los
ilicitanos e ilicitanas y estudie la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial al anterior
gobierno del Partido Popular por la indemnización de 300.000 €. Pues es consecuencia de
decisiones y firmas de contrato que a todas luces no iban a ninguna parte, no se puede permitir
que sea la ciudadanía ilicitana la única perjudicada de esta operación urbanística”.
