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En el DOGV se ha publicado el Decreto 37/2022, de 25 de noviembre por el
cual se crea una Comisión adscrita a Presidencia y de composición
paritaria, entre la Generalitat y las diócesis de la Comunidad
Valenciana y Tortosa, para tratar temas de patrimonio, cultura,
enseñanza, asistencia sanitaria, social y justicia. Se trata de una
comisión formada a partes iguales por  representantes de la Generalitat
y de la Iglesia Católica, para precisar los detalles de las relaciones
Generalitat-Iglesia Católica recogidas en los Acuerdos de 1979 con la
Santa Sede pero a la luz del contexto de las competencias transferidas a
las autonomías. O lo que es lo mismo, la Generalitat Valenciana, con su
Presidente a la cabeza y bajo el pretexto de reivindicar competencias
autonómicas, quiere asumir el papel de interlocutor directo con la
Iglesia Católica sin poner en cuestión los privilegios de los que
disfruta esta corporación religiosa

  Esta comisión, presidida por el Presidente Ximo Puig, tiene como
objetivo aclarar qué privilegios serán asumidos económicamente por la
Generalitat Valenciana en lugar de por el gobierno estatal, dado que
buena parte de los privilegios de los que disfruta la Iglesia Católica
se centran en ámbitos (sanidad, educación, etc.) cuyas competencias han
sido transferidas a las autonomías. La Generalitat no solo se hará cargo
del coste de estos privilegios, sino también de todos los gastos que
ocasionen sus miembros (funcionarios y representantes de la IC) con
motivo del funcionamiento de esta comisión (desplazamientos, dietas,
pernoctaciones, compensaciones económicas, etc)

  Desde Valencia Laica denunciamos esta nueva “hoja de ruta” diseñada por
la Generalitat Valenciana para un NUEVO CONCORDATO, “a la valenciana”,
lo que supone un paso atrás en la laicidad de las instituciones, en la
separación entre religiones y Estado . Los privilegios de la Iglesia
Católica son privilegios, los pague quien los pague.

  El Gobierno tripartito del Botànic debería atender como mínimo a los
compromisos que adquirieron los diferentes partidos con sus votantes, y
que están recogidos en sus programas electorales. Ya estamos
acostumbrados a que los partidos del Gobierno valenciano aprueben en sus
congresos la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede, haciendo
declaraciones en favor de la  laicidad, pero cuando llegan al poder se
dedican no solo a mantener los escandalosos privilegios de la Iglesia
Católica sino a crear comisiones que legitimen esos privilegios pagando
además todos sus gastos con dinero público, o sea, el dinero de toda la
ciudadanía, independientemente de su credo o religión.

  La sociedad valenciana exige cada vez con más fuerza a la Iglesia
Católica la devolución de los bienes apropiados por la Iglesia Católica
gracias al mecanismo inmoral de la inmatriculaciones. Y a la Generalitat
Valenciana, en representación del gobierno tripartito del Botànic, no se
le ocurre otra cosa que montar una comisión de colaboración con la
Iglesia Católica, corriendo además con todos los gastos que ocasione. En
lugar de dar pasos hacia el laicismo, la libertad de conciencia y acabar
  con los privilegios de esta corporación privada, se inicia una hoja de
ruta que nos recuerda al nacional catolicismo de otros tiempos.

La Generalitat Valenciana, por coherencia con las propuestas de los
partidos que la mantienen actualmente debería exigir al gobierno central
la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede en lugar de intentar
legitimar sus privilegios con la creación de comisiones para coordinar
la colaboración con esta corporación religiosa.

Valencia Laica Comunitat Valenciana.
Valencia 1 de Diciembre 2022

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