La Confederación General del Trabajo (CGT) advierte que la sostenibilidad,
concretamente la energética, no se puede conseguir a costa de la destrucción del
territorio de todos, y sobre todo, siguiendo por el camino del “crecimiento” sin límites que,
por definición, es insostenible.
La CGT denuncia las agresiones al territorio y a las personas y, en definitiva, a la
sostenibilidad de los recursos, de los proyectos empresariales financiados con millones
de euros de fondos públicos, europeos, estatales, autonómicos y locales, y de proyectos
públicos aberrantes, como es el caso de la ZAL y la ampliación del puerto de València.
En concreto, denunciamos la campaña de manipulación de los lobbies empresariales del
sector energético, de la automoción eléctrica (léase Wolkswagen y Ford por ejemplo) y
otros como el de la construcción y especulación inmobiliaria, que están lanzando
continuos ataques y agresiones hacia aquellos colectivos que plantan cara a sus
intereses desbocados, especulativos y destructivos.
Recientemente, el sector empresarial de las grandes instalaciones fotovoltaicas ha
amenazado con reclamar indemnizaciones millonarias contra el personal funcionario y
cargos públicos que, según ellos, “obstaculicen” arbitrariamente la obtención de las
autorizaciones administrativas correspondientes ( https://www.levante-
emv.com/economia/2022/12/02/funcionarios-enfrentan-pagos-millonarios-bloqueo-79393092.html “Los
funcionarios se enfrentan a pagos millonarios por el bloqueo de las renovables. El informe de Andersen
sobre la posile reclamación de mil millones a la Generalitat focaliza en los trabajadores públicos y sus jefes
el cobro del dinero por las decisiones arbitrarias”).
Quieren acabar ”a las bravas” con el control público de sus actividades, función que
corresponde a personal funcionario profesional e independiente. La interpretación de las
normas corresponde a la Administración competente, y lo de la arbitrariedad es un
concepto tan indeterminado que conviene dejarle claro a los empresarios que tendrán
que probarlo, lo que no hacen, simplemente porque las decisiones funcionariales están
motivadas en una interpretación que no les gusta, y que se basa en la legislación que
todavía ampara la protección del territorio, del medio ambiente y de las personas.
La CGT advierte al capital que deje de amenazar y presionar, al más puro estilo mafioso,
al personal funcionario profesional, que todavía sigue siendo el único resquicio de
independencia dentro de la Administración Pública, que vela por el cumplimiento de la
legalidad y el interés general.
Personal que trabaja, además, en la más absoluta precariedad de recursos, precisamente
gracias a las tesis ultraliberalizadoras y privatizadoras que están ahogando el
funcionamiento administrativo, recortando los recursos humanos de forma constante, con
el fin de acabar con los controles públicos independientes, y poniendo en serio riesgo el
control del funcionamiento de actividades de riesgo, o actividades que dañan el medio
ambiente, que destruyen el territorio, el paisaje y todo lo que se le ponga por delante del
capital salvaje e insaciable.
También denunciamos el colaboracionismo con los intereses privados de determinados
partidos políticos supuestamente de izquierdas con responsabilidades de «gobierno», y el
silencio cómplice de los sindicatos a su servicio que, frente a estas presiones intolerables
sobre el ejercicio independiente de su función pública, han decidido abandonar los
colectivos funcionariales.
Y denunciamos la manipulación de la mayoría de los medios de comunicación, que
difunden las tesis del desarrollismo desmesurado en beneficio de unos pocos,
escondiendo conscientemente las voces científicas defensoras de que el único camino
posible es poner fin al crecimiento capitalista ilimitado, destructivo e insostenible y
comenzar una transición absolutamente urgente hacia un sistema económico y social
respetuoso con la naturaleza, el medio ambiente y las personas.
El sector de la construcción y la especulación inmobiliaria es otro sector que ejerce una
enorme presión y manipulación sobre el personal de las Administraciones Públicas.
Recientemente, la CGT en el Ayuntamiento de Valencia tuvo que salir al paso de las
declaraciones del presidente de la llamada Asociación de afectados por los retrasos de
las licencias en València, Aflival ( https://valenciaplaza.com/entrevista-alfredo-burgera-aflival .
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/-plataforma-afectados-licencia-valencia-20221108120408-
nt.html), y exigió su rectificación inmediata por atentar contra la independencia funcionarial
en el ejercicio de sus funciones de velar por el cumplimiento de la legalidad y la
satisfacción de los intereses generales.
Sus recientes declaraciones descalificando al personal funcionario, sin aportar ningún
dato cierto y concreto que lo justifique, merecieron la más absoluta repulsa por parte del
sindicato.
El sindicato advierte que no va a tolerar ninguna injerencia en la independencia
funcionarial y va a estudiar el ejercicio de acciones contra la reiterada actitud de intereses
corporativos que pretenden presionar de una forma intolerable al personal con tal de
conseguir la inaplicación de la normativa de protección ambiental, urbanística y
patrimonial, así como la eliminación de los controles administrativos, lo cual redunda en
un perjuicio para la ciudadanía.
La mal entendida agilización administrativa para beneficiar unos intereses empresariales
desbocados va a ser respondida de forma contundente por nuestro sindicato. No
podemos seguir admitiendo la defenestración permanente y la intromisión en la Función
Pública, que constituye la garantía del Estado de Derecho para proteger los derechos de
la ciudadanía.
La necesaria agilización administrativa se consigue con una mayor dotación de recursos
humanos cualificados y profesionalizados, y de recursos materiales, en especial,
tecnológicos, y no suprimiendo controles públicos como pretende el poder empresarial
corrupto, que está poniendo en peligro la calidad del trabajo de los técnicos profesionales
del sector.
La ciudadanía tiene que conocer la realidad de lo que está pasando en la Administración
Pública: las medidas privatizadoras, la pérdida constante de empleo público, la relajación
o eliminación de los controles públicos, la manipulación informativa denigrando
constantemente al personal funcionario, sólo benefician a unos cuantos que persiguen un
enriquecimiento desaforado, y perjudican a la gran mayoría social.
Por ello, exigimos una auditoría interna inmediata de los recursos humanos de las
Administraciones Públicas con el fin de garantizar la dotación necesaria con personal
funcionario público que es el que ofrece las garantías necesarias del cumplimiento de la
legislación. Eso es, precisamente, lo que persigue nuestro sistema de Función Pública,
ser una garantía de imparcialidad, objetividad e independencia en el ejercicio de las
funciones de control del cumplimiento de la normativa ambiental, patrimonial, urbanística
y de calidad de la edificación.
València, a 20 de diciembre de 2022.
La Confederació General del Treball (CGT) denuncia la manipulació dels «loobies»
empresarials de les grans infraestructures i projectes destructors del territori, dels
recursos naturals i de les persones i ix en defensa dels controls públics d’aquests
projectes exercits per personal funcionari públic, professional i independent
La Confederació General del Treball (CGT) adverteix que la sostenibilitat, concretament
l’energètica, no es pot aconseguir a costa de la destrucció del territori de totes i, per
descomptat, tampoc seguint pel camí del «creixement» sense límits que, per definició, és
insostenible.
La CGT fa molt de temps que denuncia les agressions al territori i a les persones i, en
definitiva, a la sostenibilitat dels recursos de tota la ciutadania, que suposen els projectes
empresarials aberrants finançats amb milions d’euros de fons públics europeus, estatals,
autonòmics i locals, com són els casos de la ZAL i l’ampliació del port de València.
I ara, de nou, denunciem la campanya de manipulació dels «loobies» empresarials del
sector energètic, de l’automoció elèctrica (Wolkswagen i Ford, per exemple) i altres com
el de la construcció i especulació immobiliària, que darrerament estan llançant
contínuament atacs i agressions cap aquells col·lectius que planten cara als seus
interessos desbocats, especulatius i destructius.
Recentment, el sector empresarial de les grans instal·lacions fotovoltaiques ha amenaçat
de reclamar indemnitzacions milionàries contra el personal funcionari i càrrecs públics
que, segons ells, «obstaculitzen» arbitràriament l’obtenció de les autoritzacions
administratives corresponents:
Els funcionaris se enfronten a pagaments milionaris pel bloqueig de les renovables.
L’informe d’Andersen sobre la possible reclamació de mil milions a la Generalitat, focalitza en les treballadores públiques i els seus caps el cobrament dels diners per les “decisions
arbitràries”
( https://www.levante-emv.com/economia/2022/12/02/funcionarios-enfrentan-pagos-
millonarios-bloqueo-79393092.html ).
Creguem que és molt evident que volen acabar a la força amb el control públic de les
seues activitats, funció que correspon al personal funcionari professional i independent.
La interpretació de les normes correspon a l’Administració competent i això de
l’arbitrarietat és un concepte tan indeterminat que convé deixar-los clar als empresaris
que hauran que provar amb fets eixa acusació tan greu que des de CGT estem segures
que no ho faran, simplement perquè les decisions funcionarials estan motivades en una
interpretació que no els agrada i que es basa en una legislació que encara empara la
protecció del territori, del medi ambient i de les persones.
La CGT adverteix al capital que deixe d’amenaçar i pressionar -al més pur estil mafiós- el
personal funcionari professional que avui hui continua sent l’única garantia
d’independència dins l’Administració Pública, de control del compliment de la legalitat de
les activitats que puguen malmetre el medi ambient, destruir el territori i el paisatge i, en
definitiva, de l’interès general de tota la ciutadania.
A més, aquest personal ja fa molt de temps que treballa en la més absoluta precarietat de
recursos, precisament gràcies a les tesis ultra liberalitzadores i privatitzadores que estan
ofegant l’administració, retallant els recursos humans de forma constant i amb l’objectiu
d’acabar amb els controls públics independents.
També denunciem el col·laboracionisme amb els interessos privats de determinats partits
polítics suposadament d’esquerres amb responsabilitats de «govern», i el silenci còmplice
dels sindicats al seu servei que, front a aquestes pressions intolerables sobre l’exercici
independent de la seua funció pública, han decidit abandonar els col·lectius funcionarials.
I denunciem la manipulació de la majoria del mitjans de comunicació, que difonen les
tesis del desenvolupisme desmesurat en benefici d’uns pocs, amagant conscientment les
veus científiques defensores de que l’únic camí possible és posar fi al creixement
capitalista il·limitat, destructiu i insostenible i encetar una transició absolutament urgent
cap a un sistema econòmic i social respectuós amb la natura, el medi ambient i les
persones.
El sector de la construcció i l’especulació immobiliària es un altre sector que exerceix la
manipulació i està pressionant el personal de les Administracions Públiques. Recentment,
la CGT a l’Ajuntament de València va haver d’eixir al pas de les declaracions del president
de l’anomenada Associació d’afectades pels retards de les llicències a València, Aflival,
exigint la seua rectificació immediata per atemptar contra la independència funcionarial en
l’exercici de les seues funcions de vetlar pel compliment de la legalitat i la satisfacció dels
interessos generals ( https://valenciaplaza.com/entrevista-alfredo-burgera-aflival .
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/-plataforma-afectados-licencia-valencia-
20221108120408-nt.html )
El sindicat CGT adverteix que no va a tolerar cap ingerència en la independència
funcionarial i va a estudiar l’exercici d’accions contra la reiterada actitud d’interessos
corporatius que pretenen pressionar d’una forma intolerable el personal funcionari per tal
d’aconseguir la inaplicació de la normativa de protecció ambiental, urbanística i
patrimonial, així com l’eliminació dels controls administratius, redundant en un perjudici
per a la ciutadania i l’interès general.
La mal entesa “agilització administrativa” per a beneficiar uns interessos empresarials
desbocats provoca la defenestració permanent del personal funcionari i una intromissió
intolerable en la Funció Pública que constitueix la garantia de l’Estat de Dret per a protegir
els drets de la ciutadania.
La necessària agilització administrativa s’aconsegueix amb una major dotació de recursos
humans qualificats i professionalitzats i de recursos materials, en especial tecnològics,
per tal de millorar les condicions de treball dels tècnics professionals del sector i la
qualitat del servei públic que ofereixen a la societat.
I la ciutadania ha de conèixer la realitat d’allò que està passant en l’Administració Pública:
les mesures privatitzadores, la pèrdua constant d’ocupació pública, la relaxació o
eliminació dels controls públics, la manipulació informativa denigrant constantment al
personal funcionari, només beneficien a uns quants que persegueixen un enriquiment
desaforat, i perjudica la gran majoria social
Per això, exigim una auditoria interna immediata dels recursos humans de les
Administracions Públiques amb l’objectiu de garantir la dotació necessària de personal
funcionari com a una garantia d’imparcialitat, objectivitat i independència en l’exercici de
les funcions de control del compliment de la normativa ambiental, patrimonial, urbanística
i de qualitat de l’edificació.
València, a 20 de desembre de 2022
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