CORRUPCIÓN
Durante el debate del proyecto de ley el portavoz de Compromís ha echado en falta más decisión a la hora de proteger a los alertadores
Madrid, 10 de febrero de 2023
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado hoy la “falta de protección jurídica” hacia quien denuncie prácticas de abuso y casos de corrupción en administraciones públicas y empresas en el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que hoy se ha debatido en el Senado, tal y como pide la directiva ‘whistleblower’ de la Unión Europea que debe ser traspuesta y que entró en vigor el 17 de diciembre de 2019. La Comisión ya pidió explicaciones a España por el retraso en la trasposición de la directiva.
La coalición valenciana ha recordado como en algunos de los casos más vergonzosos, como los casos Acuamed, Gürtel, Malaya, Azud o el Plaza, por citar algunos ejemplos, los denunciantes han sido apartados, despedidos, acosados, ha quedado con secuelas psicológicas y arruinados. “Su vida ha quedado hipotecada por hacer lo que creían correcto, por señalar situaciones extrañas en sus empresas, en sus cuarteles, en la monarquía, en sus departamentos de la Administración y llevamos aprobadas decenas de leyes con toda la urgencia del mundo que impide un debate sosegado mientras esta necesaria ley lleva años esperando”, ha manifestado Mulet, que se ha preguntado si el texto que llegacon el “beneplácito” de PP y PSOE “protege suficientemente a los denunciantes de corrupción que en ocasiones pagan un precio muy alto por su valentía”, tal y como denuncian numerosas organizaciones internacionales como la Red Internacional de Denuncias WIN (Whistleblowing International Network), la organización de apoyo a investigaciones de mala conducta empresarial y abusos de derechos humanos The Signals o la Plataforma para la defensa de los derechos digitales y democracia en red Xnet, miembro de WIN, entre otros.
Por eso el senador ha señalado que “dejamos que se escape entre nuestros dedos una normativa crucial, justo cuando España ha vuelto a empeorar en el grado de percepción de la corrupción según el informe anual de Transparencia Internacional. Esta ley, que debería servir como instrumento para luchar contra la corrupción, en su redacción actual acaba siendo un mero trámite de mínimos para cumplir con la transposición con retraso exigida por la UE y lo hace pervirtiendo aspectos clave de la directiva, por lo que no se asombren si luego se impugna ante las instituciones europeas”.
“La corrupción”, sostiene Mulet, “es y ha sido uno de los grandes males de nuestro país. Lo hemos sufrido intensamente los valencianos. Es alarmante que España no se alinee con los mejores estándares internacionales y proteja a los informantes como una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción e identificar los abusos de poder con suficiente antelación para detener el daño. No vemos clara la intención real de hacer limpieza. Con una normativa tan laxa que no garantiza la independencia, el anonimato y la protección de los denunciantes. El mensaje para la gente sigue siendo «habla bajo tu propio riesgo«, algo a su juicio “injusto e indigno”, ha concluido.
