El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales y a los jueces Marchena y Llarena como sus más destacados peones.
Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.
Así, tras el macrojuicio a los líderes del Procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del Procés mediante un informe del llamado «clan de los indomables» de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que «la Constitución prohíbe los indultos generales». Fracasado el intento de paralizar la concesión de dichos indultos llega el turno de la segunda pata del trípode judicial tardofranquista, el Tribunal de Cuentas que reclama a dichos líderes catalanes la friolera de 5,4 millones de euros por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern en el periodo comprendido entre 2011 y 2017.
Como colofón a la ofensiva judicial contra el Gobierno Sánchez, asistimos al penúltimo ejercicio de “dislate jurídico” del Tardofranquismo judicial, teniendo como protagonista a la Sala de lo Penal del TS al realizar la revisión de las condenas del juicio del procés para adaptarlas a la reforma reciente reforma del Código Penal consensuada entre ERC y el PSOE.
Dicha reforma eliminaba el delito de sedición con lo que sobre el líder de ERC Oriol Junqueras pesaba tan sólo el delito de desobediencia así como un nuevo tipo de malversación atenuada que el Gobierno y ERC esperaban que fuera aplicable a estos hechos (un supuesto de malversación sin ánimo de lucro con penas mucho más bajas), pero la Sala presidida por el juez Marchena siguiendo la doctrina del juez instructor, el inclíto Llarena, le mantiene la pena íntegra de inhabilitación de 13 años, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031.
Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del tardofranquismo judicial cuyo objetivo sería implementar en España una «democracia no liberal», siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.
Germán Gorraiz- Analista
