De un tiempo a esta parte la política, falta de proyectos transformadores y compromisos firmes, se ha convertido en la hermana pobre de la economía y centra su argumentario en el valor aplastante e indiscutible de los grandes datos, de las estadísticas oficiales, de la macroeconomía.
Así del entusiasta y ambiguo «España va bien» de José María Aznar se ha pasado a los números concretos con el «Le voy a dar un dato» de Yolanda Díaz o lo de «La economía española crece por encima de la media europea» de Pedro Sánchez.
Seguramente tienen su parte de razón quienes resaltan esas grandes cifras y las enarbolan como prueba irrefutable de la salud del sistema y del buen hacer de los partidos gobernantes. Sin duda los excelentes resultados de las grandes empresas en general y de los bancos en particular, con beneficios anuales que en muchos casos se mueven por encima del 25%, serían un indicador indiscutible de que la economía española, al menos la de los ricos, avanza a paso firme.
Pero claro, por mucho que hayamos superado la cifra de 1.100.000 afortunados poseedores de un millón de euros y que el número de milmillonarios (españoles con fortunas superiores los mil millones) se sitúe en los 9.199, habiendo subido un 16´4% entre 2019 y 2021, lo cierto es que somos muchos más los ciudadanos que estamos muy lejos de disfrutar de esa rentas, destacando esos 12´3 millones (el 26% de la población) que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
Esas dos Españas de las que se viene hablando desde que al gran Antonio Machado acuñara la expresión, cada día se alejan más la una de la otra y viven realidades absolutamente distintas; la minoritaria rica multiplica sus beneficios y acumula artículos de lujo (coches de alta gama, yates, joyas, mansiones, etc.) mientras que la mayoritaria pobre apenas puede sobrevivir con su salario o pensión y ve como se convierten en quimeras sus derechos a una vivienda digna, a unos servicios sociales de calidad o incluso a alimentar y vestir adecuadamente a sus hijos.
Los beneficios empresariales prácticamente se duplicaron en 2022 respecto al año anterior (subieron del 6´9% al 11´2%) mientras que en es mismo período los salarios regulados por convenio subieron un 2´78%. Si en el mencionado año el IPC oficial arrojó un incremento del 5´7% no será difícil entender la forma en que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, a pesar de lo mucho que vienen incrementando su productividad. Pero con ser positivo el balance de todos los sectores económicos, lo que ya es de escándalo son los beneficios de eléctricas, inmobiliarias, energéticas o banca; floreciente negocio este de invertir el dinero de los impositores, que desde 2008 ha ganado 164.000 millones, al tiempo que ha destruido 37.000 empleos, recibido 88.000 millones del erario público para su rescate y exprimido a sus clientes más modestos que no perciben intereses y encima han de pagar por la mayoría de gestiones bancarias.
Lo bochornoso de la situación es que con una economía nacional tan boyante los salarios españoles (junto a los griegos) sean los únicos de la UE que han perdido poder adquisitivo en los últimos 20 años. Y si los precios suben más que los salarios, va siendo hora de que esos dos sindicatos (o lo que sean) que han firmado más del 90% de todos los convenios colectivos cambien su línea de sumisa moderación y se pongan del lado de los trabajadores a los que dicen defender, en lugar de coquetear con la patronal y los gobiernos como fórmula de garantizarse recursos materiales, espacios de poder y presencia en los medios. Hasta san Mateo parece que tenía claro que «No se puede servir a dos señores a la vez».
Antonio Pérez Collado, CGT País Valencià i Murcia
