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Con motivo de las declaraciones del Secretario Autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, sobre la Renta Valenciana (RVI), las PAH valencianas queremos expresar nuestra satisfacción y nuestras preocupaciones en relación a las mismas.

Nos congratulamos de que se hable de mejorar la gestión de la RVI, y que se plantee su desarrollo compatible con ingresos del trabajo, las PAHs valencianas estamos reclamando desde 2020 su aplicación, por ser de vital importancia.

Desde las PAHs estamos viendo a personas que tienen problemas de emergencia habitacional o de acceso a la vivienda, y en muchos casos tienen también situaciones de emergencia económica o falta de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas; es por ello que, desde las PAHs valencianas hemos visto necesario que ésta sea una vertiente de nuestro trabajo. Lo que vemos en la PAH es un reflejo de la pobreza en el País Valencià, que afecta a proporción considerable de la población1. La pobreza es un problema complejo relacionado con las características de la economía valenciana: los sectores productivos que predominan, el mercado laboral precarizado, la prevalencia de la economía sumergida… y con el propio sistema capitalista que genera riqueza por un lado y pobreza por otro.

Cómo solucionar la pobreza excede nuestra capacidad, pero sí vimos que hay una herramienta autonómica fundamental para aliviarla, que es la RVI, y valoramos que de lo que se podía hacer a corto plazo, lo que más efecto tendría es mejorarla. Por eso hemos dedicado una parte de nuestro trabajo en los dos últimos años a defender esta mejora. Y dentro de ella el punto clave era precisamente la ampliación de la Renta Valenciana para que llegue a hogares con ingresos del trabajo.

La Renta complementaria de ingresos del trabajo es una modalidad que estaba previsto que se pusiera en marcha en 2020, pero en 2023 sigue sin aplicarse. Esto supone que cualquier hogar en que algún miembro tenga ingresos, salvo que sean de una de las prestaciones que se complementan, no tiene derecho a la Renta Valenciana. Se trata sobre todo de hogares con baja intensidad de trabajo: con empleos de pocas horas semanales -muy frecuentes en la limpieza y los cuidados-, de pocos meses al año -agricultura, hostelería-, con protección de desempleo no contributiva: subsidio tras agotar el paro;, subsidio de mayores de 52 años, RAI (excepto la de violencia de género, que sí es compatible). etc.

Consideramos que las cuantías de la RVI en su modalidad mayoritaria -la Renta de Garantía de Inclusión Social (RGIS), destinada a quienes no tienen ingresos- son un mínimo imprescindible para un hogar con esos miembros. Para que esos hogares puedan cubrir sus necesidades básicas es vital que la RVI complemente hasta esas cuantías los ingresos que tienen.

Cada año, cada mes, cada día, que pasa sin que se aplique la compatibilidad de la RVI con el trabajo, se está produciendo sufrimiento en estos hogares y se está afectando negativamente a su futuro, desde la salud a la educación. Por eso pedimos que se incluya la Renta complementaria de ingresos del trabajo en los presupuestos de 2024.

Las familias no pueden esperar que se estudie un cambio de modelo de la RVI, necesitan que se aplique ya la modalidad que tendría que estar en marcha hace ya casi cuatro años.

Hay otra mejora de la RVI, con mucho menos impacto presupuestario, que también consideramos que debe aplicarse en 2024: la que afecta a las y los pensionistas. Si las cuantías de la RGIS son un mínimo que cualquier hogar con esos miembros necesita, incluso con más motivo lo pueden necesitar los hogares que reciben una prestación -por vejez, invalidez, violencia de género… circunstancias que pueden suponer más necesidades, no menos-. Actualmente sigue habiendo pensiones que no son compatibles con la RVI y por tanto no se complementan por bajas que sean

Además, las cuantías de la modalidad para quienes tienen pensiones, la RCIP, son más bajas que la RGIS. Los ingresos del hogar entre las prestaciones y la RVI son inferiores a la RGIS, siendo la 1 Para datos sobre la pobreza y para otras informaciones, ver el documento base sobre la Renta Valenciana que elaboramos el primer trimestre de 2023 y que también adjuntamos. diferencia mayor cuando más miembros hay en el hogar que depende de la prestación. Esta discriminación, hay que subsanarla.

Para que la RVI sea una herramienta útil frente a la emergencia económica hay otro aspecto que es fundamental mejorar: la gestión. La RVI solo se puede solicitar cuando se está ya en pobreza severa. El tiempo que pasa desde que se solicita hasta el cobro, que en la mayoría de los casos son muchos meses o incluso años, las familias han de pasar por alternativas a cual peor: endeudarse, en hogares que no pueden acceder a la financiación “normal” y por tanto el endeudamiento tiene más costes y más riesgos; sablear a su entorno, especialmente a la familia extensa y amistades, con los problemas que eso genera; y, cuando no consiguen ni eso, pasar miseria. Cada día así es muy largo.

Los retrasos son un problema gravísimo. No es solo que lo veamos la PAH, la Sindicatura de Greuges lo recoge años tras año “Habida cuenta del considerable esfuerzo que ha realizado la Generalitat para incrementar, año tras año, las dotaciones presupuestarias dedicadas a estas materias, resulta inexcusable concluir que se debe abordar una revisión de los procedimientos de gestión de estas prestaciones. Esto es algo que viene recomendando, sin éxito, esta institución en sus resoluciones sobre las quejas que presentan los ciudadanos.” Y es un problema de modelo de tramitación. Coincidimos plenamente con la Sindicatura en que este modelo se ha mostrado incompatible con la necesaria eficacia: no se ha resuelto a pesar de la mejora de los recursos, es necesario cambiar el modelo de gestión.

Para ello la gestión directa a través de la Consellería de Bienestar Social, sin mediar, en primera instancia, los Ayuntamientos, es esencial. Una vez tramitada por dicha Consellería, se solicitarán al Ayuntamiento los informes o intervenciones pertinentes en cada caso, pero la gestión de la prestación, seguiría su curso y se agilizaría.

Además de estas cuestiones más urgentes, hay otra que nos parece muy importante y que precisamente fue objeto de las Jornadas en que intervino el Secretario Autonómico: el Non Take- Up, la población que reúne los requisitos para recibir una prestación pero no la recibe.

De los hogares valencianos en pobreza severa solo un porcentaje reducido percibe la RVI. Como decíamos, lo primero es remover los obstáculos para que puedan acceder a ella quienes tienen ingresos del trabajo o de prestaciones que ahora son incompatibles. Lo siguiente es que realmente accedan a ella, hacer que la tasa de cobertura se vaya ampliando hasta llegar a ser lo más próxima al 100 %.

Para eso se deben detectar los factores -sociales o geográficos- que se asocian con el no acceso y dedicar los recursos necesarios para que la RV llegue a quienes más lo necesitan. Todo ello en el camino de una verdadera Renta de Garantía de Ingresos, sin cuantías diferentes por modalidades, que haga que todos los hogares con las mismas necesidades (número de miembros, discapacidad…) tengan garantizados los mismos ingresos mínimos.

Por último, queremos hacer algunas consideraciones sobre otro aspecto que menciona el Secretario Autonómico, los itinerarios de acompañamiento:

  • Los itinerarios no pueden ser motivo para retrasar la percepción económica. Cuando una persona o una familia solicita la RVI es porque está en una necesidad económica acuciante. Puede necesitar, o no, un acompañamiento para mejorar su futuro, pero lo que seguro que necesita en su presente, y de manera que no se puede demorar, es dinero. Cuando se puso en marcha la RVI, la asociación de la prestación profesional -el itinerario- y la económica, contribuyó a retrasar aún más la tramitación y el cobro, cosa que se corrigió posteriormente. No podemos volver a caer en el mismo error.
  • Necesitar una prestación económica no equivale a necesitar itinerario de acompañamiento. Lo que vemos en la PAH, que coincide con lo que dicen los estudios, es que la pobreza se debe sobre todo a causas estructurales como las que mencionamos antes; en el PV tenemos algunas de las ciudades más pobres del Estado, mucha economía sumergida, subsidios de desempleo de 463€. Estos son problemas estructurales, sociales, que no se corresponden a fracasos de una persona o una familia, y no se pueden corregir con inclusión. Mientras estos problemas se mantienen, necesitan la prestación económica. Generalizar la prestación profesional a todas las personas que reciban la RVI, es un planteamiento erróneo; sigue manteniendo la causa de su situación en él mismo y no en la sociedad, se equivoca en las alternativas y desaprovecha recursos profesionales, que sí deben centrarse en intervenir con personas que expresan y sienten la necesidad de este tipo de ayuda. Es necesario dejar de pensar que las personas que acuden a SS.SS. necesitan ser educadas, controladas porque su cultura les impide salir de la pobreza; todo lo contrario, deben ser considerados persona sujetos de derechos, con posibilidades de lograr cambios y mejorar su situación.
  • Desde nuestra experiencia, la prestación profesional, tal como se aplica generalmente, resulta muy poco eficaz. No solo no vemos que ayude a salir de la pobreza, sino que más bien parece una forma de control y una especie de circuito de cursillos de segunda para pobres: los cursos dirigidos al empleo son peores que los de Labora o de otras entidades; los de desarrollo personal -alfabetización digital, meditación, manualidades…- son peor valorados por las usuarias que los equivalentes de los Centros Sociales para la población general… En muchas ocasiones acuden desmotivados, porque se les obliga al percibir la RVI, y no se corresponde con una necesidad sentida. Se desvía el origen de su malestar, de sus necesidades, a una formación, unos cursillos, que en la mayoría de las ocasiones, no se ha elegido. Lo que vemos es que, como regla general, la población que necesita la RVI y la que está un poco mejor y no la necesita, son muy similares y, aparte del dinero, tienen necesidades similares, y que es mejor que los primeros utilicen los recursos generales y no otros específicos para pobres.
  • Consideramos que, a nivel social, las expectativas que se pueden poner en los itinerarios de acompañamiento son muy, muy limitadas. Como decíamos, hay hogares en los que, además de tener pocos ingresos o no tenerlos, hay otros problemas: singhogarismo, discapacidad, adicciones, menores… y que se pueden beneficar de la prestación profesional si se les dedican suficientes recursos profesionales y la intervención es buena. Pero para reducir la pobreza, los itinerarios pueden hacer muy poco. Incluso si tienen éxito, si alguien logra salir de la pobreza, por ejemplo porque deja el campo o el cuidado de ancianos y pasa a un sector con mejores condiciones de empleo, otra persona ocupará su lugar. Sin duda hay que hacer que la prestación profesional sea más eficaz, pero por mucho que mejore, su papel en la reducción de la pobreza será mucho más limitado que el que le asigna la RVI. Poner la confianza en los itinerarios puede desviarnos de lo que realmente puede reducir la pobreza, que es mucho más complicado y ha de implicar a toda la Generalitat.
    País Valencià, 10/10/2023
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