La Delegación de Gobierno «premia» con multas por un total de 4400€ a las ecopacifistas que desplegaron una pancarta gigante contra el comercio de armas
València, 30 de noviembre de 2023.– La Delegación de Gobierno abre expediente sancionador por «ocupación de inmueble» según la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana a 11 de las personas que participaron el pasado 7 de mayo en la acción directa noviolenta contra la nueva visita al puerto de Sagunto de uno de los barcos saudís encargados del transporte de armamento desde EEUU y Europa susceptible de ser empleado por Arabia Saudí y sus aliados, acusados de cometer crímenes de guerra en la catastrófica guerra del Yemen. Miembros de Marfull-Acció Ecologista Agró y de Antimilitaristes-MOC accedieron al Alto Horno monumental, anexo al recinto portuario, para desplegar una pancarta gigante en la que se podía leer «STOP Barcos de la muerte». La acción se desarrolló con tranquilidad y sin incidentes. Las propuestas de multas son de 400€, con una multa de 600€ por desobediencia, a uno de los activistas que se encontraban en el exterior del monumento por traspasar el cordón policial para recuperar el trípode de una periodista que cubría la acción.
Y está tampoco ha sido la única de las consecuencias represivas contra la acción antimilitarista. Poco antes de la llegada de estas denuncias de la Policía Nacional, el grupo de ecopacifistas había conseguido el archivo de otras 10 propuestas de sanción por la misma acción, procedentes del Ayuntamiento de Sagunto, por una cuantía total de 2000€ por infracciones graves de las Ordenanzas Municipales que prohíben la colocación de carteles o pancartas en edificios públicos, el Ayuntamiento de Sagunto ha tenido que archivar en fechas recientes los expedientes sancionadores.
Pero esta represión por la vía administrativa o «buro-represión» lleva ya varios años intentando asfixiar la protesta ciudadana contra el comercio de armas y el uso del puerto de Sagunto que llevan a cabo Marfull y Antimilitaristes-MOC mediante la desobediencia civil y la acción directa noviolenta. Ya el 10 de diciembre de 2019, miembros de ambos colectivos se introdujeron en el recinto portuario de Sagunto de madrugada coincidiendo con la escala de uno de los barcos de la naviera estatal saudí Bahri, que con altas probabilidades transportaba armamento procedente de EEUU y posiblemente cargaba munición de artillería en Sagunto. Por esta acción, sorprendentemente fue la Autoridad Portuaria de Valencia la denunciante y aplicó contra el grupo de activistas el preconstitucional reglamento sancionador de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante pocos días antes del plazo de prescripción de estos hechos. El montante de las multas asciende a 3000€, ya pagadas pero recurridas y en espera de resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, que se demora prácticamente 4 años.
Estas duras actuaciones represivas contrastan con el apoyo y reconocimiento social que han recibido estas acciones de Acció Ecologista-Agró y Antimilitaristes-MOC, dos pequeñas organizaciones cuyos recursos provienen fundamentalmente de las aportaciones personales de socios y simpatizantes, para las que este rosario de multas está suponiendo un fuerte impacto. Para hacer frente a este repetido uso de la Ley Mordaza para acallar la acción ciudadana no violenta y desobediente y poder seguir actuando, Acció Ecologista-Agró y Antimilitaristes-MOC hacen un llamamiento a la solidaridad tanto a los sectores sociales que se oponen a la Ley Mordaza como a la mayoría social que rechaza la guerra y sus preparativos, mayoría a la que creen que representan y dan voz estas acciones.
Según representantes de estos dos colectivos, “nos resulta indignante en grado máximo que la respuesta de las administraciones a las reivindicaciones de cortar de una vez con el comercio de armas mediante la protesta noviolenta sea un rosario de procedimientos sancionadores y multas que nos restan tiempo, energía y drenan gravemente nuestra capacidad de seguir denunciando estas situaciones. Sin embargo, queremos manifestar nuestra clara disposición a seguir actuando mediante la acción directa para romper con el silencio y el pesimismo que ha enfriado la protesta social en estos años de aplicación de las leyes que criminalizan el activismo de los movimientos sociales, y seguimos reivindicando la desobediencia civil, no sólo como instrumento para desbordar la ley mordaza, sino también como herramienta legítima de participación política radicalmente democrática”.