Barcelona 23/02/2024
En la mañana del 23 la Presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña registraba en la Delegación del Gobierno de España en Barcelona un requerimiento a la Secretaría de Estado de Comercio para que revoque todas las autorizaciones vigentes en materia de comercio exterior -tanto exportación como importación- de material de defensa y doble uso que tenga como destino o como origen a Israel.
Actualmente, Israel está siendo investigado por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia y sus sistemáticas vulneraciones de derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad, contra el pueblo palestino que se repiten desde hace décadas. Ni ahora, ni desde el 7 de octubre, ni en ningún otro momento, el Estado español debería mantener relaciones comerciales con Israel.
La Ley española de Comercio de Armas prohíbe expresamente la transferencia de armas (compra y venta), entre otros supuestos, cuando existan indicios racionales de que el material pueda ser empleado en “acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.
A pesar de que la ley es clara sobre los supuestos de denegación y revocación de licencias, el gobierno español no ha dejado de comprar y vender armas a Israel en los últimos meses. Desde la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” se ha pedido en numerosas ocasiones al Gobierno que imponga un embargo militar completo a Israel y el ejecutivo, no sólo no ha detenido las transferencias de armas si no que, además, ha mentido al respecto, afirmando que desde el 7 de octubre no se había hecho ninguna exportación.
Según las investigaciones realizadas por el Centro Delás España sí ha exportado armas a Israel con posterioridad al 7 de octubre de 2023. La mayor parte de esas exportaciones se realizaron durante el pasado mes de noviembre cuando se exportaron en favor de Israel bienes armamentísticos por un valor de 987.000 euros.
Más de 375 organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, organizaciones feministas, ecologistas, antirracistas y pacifistas, entre otras muchas, llevan meses saliendo a las calles para exigirle al Gobierno que cumpla con sus obligaciones legales y que actúe para detener el genocidio en la Franja de Gaza. Desde la Comunidad Palestina de Cataluña decimos basta, basta de palabras y de declaraciones de buenas intenciones. Hay que pasar a los hechos y si el Gobierno no respeta ni la legalidad internacional ni sus propias leyes, haremos que rindan cuentas por ello.
Porque desde Palestina necesitamos ponerle fin al silencio y a la complicidad.
El 23 estuvimos en los juzgados, el domingo estuvimos en las calles y utilizaremos todos los espacios para levantar nuestras voces en la defensa de nuestros derechos, de nuestra tierra y de nuestra vida.
