La Coordinadora per la Protecció de les Moles fue muy crítica con las sentencias del TSJCV por sus “errores y malentendidos significativos” a la hora de interpretar la normativa medioambiental
El Tribunal Supremo de España ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por Acció Ecologista Agró y la Coordinadora per la Protecció de les Moles contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que desprotegía el Paraje Natural de Les Moles, dando prioridad a los intereses de la multinacional británica IntuEurofund Valencia S.L. Esta decisión refuerza la importancia de la protección medioambiental en el ámbito judicial.
La Coordinadora había argumentado que las sentencias del TSJ no valoraron adecuadamente los valores ecológicos de Les Moles, y que cometieron un error al considerar que las discontinuidades físicas (autopistas o áreas urbanas cercanas) justificaban la exclusión del paraje de los planes de protección. Según su planteamiento, el criterio de continuidad debe ser ecológico y no únicamente físico, un enfoque crucial para preservar los ecosistemas en su integridad.
En un contexto de cambio climático, la conservación de espacios naturales como Les Moles es aún más crucial, especialmente frente al impacto de fenómenos meteorológicos extremos como la reciente DANA que azotó a la Comunidad Valenciana. Estos espacios actúan como esponjas naturales, absorbiendo y reteniendo grandes cantidades de agua, lo que ayuda a mitigar inundaciones en áreas urbanas circundantes. Su degradación o urbanización incrementa significativamente el riesgo de daños materiales y humanos, al reducir la capacidad del terreno para gestionar el agua de lluvia y aumentar el escurrimiento superficial. Les Moles, por su ubicación estratégica, constituye un sistema de amortiguación clave frente a estos episodios de lluvias torrenciales.
El Supremo evaluará ahora si las discontinuidades físicas pueden prevalecer sobre el criterio de conectividad ecológica a la hora de determinar la protección de espacios naturales. Este punto también había sido debatido en otros dos recursos de casación previamente admitidos, uno contra la empresa Dextro y otro contra el Ayuntamiento de Paterna.
La Coordinadora ha recibido con entusiasmo la noticia, subrayando que el caso de Les Moles marca un precedente en la defensa de espacios naturales amenazados por intereses urbanísticos. Este recurso resalta la necesidad de un enfoque más holístico para interpretar la legislación ambiental en España, con implicaciones que podrían sentar jurisprudencia sobre cómo proteger enclaves naturales en entornos urbanizados.
Con este avance judicial, el Tribunal Supremo contribuirá a aclarar el marco legal para la protección de espacios naturales en el contexto de infraestructuras y desarrollos urbanos.
La Coordinadora recuerda que, actualmente, en Les Moles hay tejones, garduñas, ardillas, ginetas, chotacabras, petirojos, abejarucos y una diversidad de flora protegida que no puede desaparecer por las ansias desarrollistas de políticos y especuladores sin escrúpulos.
“No permitiremos que dejen a la ciudadanía de la comarca sin este espacio en el que practicar actividades al aire. Un paraje donde coexisten de manera armoniosa la fauna silvestre y las comunidades humanas”. En este sentido consideran muy importante los usos sociales de les Moles: paseos; ruta del colesterol; aulas de la naturaleza de centros escolares; picnic de fin de semana; paseos con mascotas; recolección de setas, espárragos, etc. Actividades que realizan ciudadanos de Paterna, San Antonio, Burjassot, Godella y Valencia. “La admisión de este recurso de casación por parte del Tribunal Supremo pone de relieve la importancia de que las instancias judiciales superiores se alineen con las exigencias del momento actual, marcadas por la emergencia climática y la necesidad de proteger los ecosistemas. Al aceptar revisar decisiones del TSJ que pudieron subestimar los valores medioambientales de Les Moles, el Supremo demuestra sensibilidad hacia la preservación del patrimonio natural y la correcta aplicación de la legislación. Su papel es crucial para garantizar que los intereses económicos no prevalezcan sobre la sostenibilidad ambiental y el bienestar común”.