Desde la Confederación General del Trabajo queremos trasladar nuestro más sincero pésame a la familia, amigas/os y compañeras y compañeros de la trabajadora asesinada en Badajoz. El grave suceso ocurrido en Badajoz no es más que la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el sector.
Las personas trabajadoras de la intervención social vienen denunciando desde hace años la precarización de las condiciones laborales por parte de empresas que les exponen a condiciones de inseguridad con falta de respaldo continua e inestabilidad permanente. Empresas sin ningún interés en la integración, ni la rehabilitación social, entidades gestoras que ven el sector como una línea más de negocio ante la vergonzosa pasividad de los gobiernos, tanto autonómicos, como el central, los cuales siguen sin considerar nuestro trabajo con la seriedad que este merece y que con su inacción nos siguen condenando al olvido y a una permanente e insoportable precariedad.
Desde nuestra organización sindical, exigimos tanto a la administración pública como a las empresas privadas que operan en el sector:
– Condiciones laborales dignas.
-La administración debe vigilar todas las concesiones de servicios públicos que se realizan a empresas privadas.
-Aumento de la inversión pública y de recursos para el sector.
-Reconocimiento de los riesgos psicosociales que sufren los profesionales del sector y tomar medidas preventivas ante los mismos
-Ampliación de las plantillas y reducción de la ratio por profesional.
La vocación y la implicación con las personas más desfavorecidas de este grupo de profesionales no puede ser la excusa para aceptar situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad, a la vez que ahondan en la desigualdad social y en las privaciones de los colectivos para los que trabajamos.Cubren, desde la precariedad y la falta de recursos, unas necesidades y problemáticas que debieran asumir las administraciones públicas. Los beneficios de las empresas del tercer sector nos cuestan la vida.Para el sector social la movilización es ahora más que nunca una cuestión de dignidad.
Llegamos tarde para Belén, pero las administraciones públicas, responsables de que se realice el trabajo con estas lamentables condiciones, deben garantizar que no vuelva a quedar ninguna otra trabajadora más del sector por el camino y deben empezar a dar los pasos para considerar nuestra profesión como lo que es: un pilar imprescindible del estado de bienestar y dotarnos como profesionales de los medios y condiciones laborales acordes a la importancia, exigencia y responsabilidad que tiene nuestro trabajo.
Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT.
