| La nueva normativa elimina la obligatoriedad de que las explotaciones ganaderas cuenten con un veterinario, un plan sanitario integral y un plan de bienestar animal, lo que compromete los estándares mínimos del bienestar animal en las instalaciones ganaderas del país. Igualdad Animal denuncia que el Gobierno ha accedido a estos cambios ante las presiones del lobby ganadero permitiendo modificaciones normativas que suponen un debilitamiento en el bienestar y la sanidad animal. Por ello, exige la restauración inmediata de esta figura y un seguimiento riguroso del impacto de estas medidas. Las reformas abren la puerta a una menor vigilancia, más irregularidades y mayor sufrimiento animal en las granjas, retrocediendo hacia una ganadería menos controlada y más opaca. IMÁGENES GRANJAS INDUSTRIALES EN ESPAÑA 25/04/2025 |
 Explotación de cría de cerdos en España. Igualdad Animal La figura del “veterinario de explotación” será voluntaria a partir de ahora en las granjas españolas, así lo recogen los Reales Decretos 344/2025 y 346/2025 [1] que acaban de ser publicados en el Boletín Oficial del Estado. Estas nuevas normas eliminan la obligatoriedad de contar con estos profesionales y con un Plan de Bienestar Animal elaborado por los mismos, dos herramientas esenciales para prevenir el sufrimiento de los animales y garantizar estándares mínimos de salud y bioseguridad en las granjas. «Desde Igualdad Animal denunciamos con indignación esta reforma, que prioriza la simplificación administrativa sobre la vida y el bienestar de millones de animales» Anna Mulá, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal. ¿Qué cambia exactamente? Con la excusa de «reducir la burocracia» en el campo, dentro del paquete de 43 medidas anunciadas por el Ministerio de Agricultura en marzo de 2024, el Gobierno ha cedido ante las presiones del lobby ganadero y ha introducido modificaciones normativas que suponen un debilitamiento en el bienestar y la sanidad animal: – El veterinario de explotación deja de ser obligatorio. Ahora será el propio ganadero quien decida si cuenta con este profesional, que hasta ahora era clave para una supervisión constante del estado sanitario de los animales, la bioseguridad y el cumplimiento de la normativa vigente. – El Plan de Bienestar Animal también se vuelve optativo, salvo en los casos en los que una visita zoosanitaria realizada por parte de un profesional veterinario determine la necesidad de elaborarlo. Esto reduce significativamente la exigencia de prevenir el sufrimiento animal de manera sistemática y estructurada. ¿Qué implicaciones tiene? Estas reformas, que ya encendieron las alarmas entre profesionales veterinarios durante su tramitación, abren la puerta a una menor vigilancia, más irregularidades y mayor sufrimiento animal en las granjas. En lugar de avanzar hacia un sistema alimentario más ético y responsable, retrocedemos hacia una ganadería menos controlada y más opaca. «En un contexto en el que la ciudadanía demanda cada vez más transparencia, responsabilidad y respeto hacia los animales, el Gobierno ha decidido mirar hacia otro lado. Y lo ha hecho justo cuando los casos de maltrato en granjas y mataderos están siendo más visibles gracias al trabajo de investigación y denuncia de organizaciones como Igualdad Animal» Anna Mulá, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal. Exigimos responsabilidad política Desde Igualdad Animal consideramos estas decisiones inaceptables. Reducir el bienestar animal a una cuestión voluntaria es abdicar de una responsabilidad ética y política. Por ello, exigimos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: – La restauración inmediata de la obligatoriedad del veterinario de explotación y del Plan de Bienestar Animal. – La apertura de un proceso de diálogo real con expertos independientes en bienestar animal y con las organizaciones de protección animal y que se actúe con la responsabilidad que el contexto exige. – Un seguimiento riguroso y público del impacto que estas medidas tendrán en la salud de los animales y la seguridad alimentaria. Igualdad Animal seguirá denunciando, vigilando y movilizando a la ciudadanía hasta lograr que ningún animal quede desprotegido. Los animales no pueden ser las víctimas invisibles de los intereses económicos. La defensa del bienestar animal no puede quedar reducida a una opción voluntaria. [1] Real Decreto 346/2025, de 22 de abril, por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y Real Decreto 344/2025, de 22 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, y el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, en materia de vigilancia del titular de la explotación. |
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