Estimado equipo de redacción:
Desde el colectivo Alicante Antitaurina, les enviamos dos artículos de opinión para su posible publicación, como aportes al debate público tras el pleno celebrado recientemente en el Ayuntamiento de Alicante, en el que se rechazó la moción para eliminar la financiación pública de actividades taurinas y reconvertir la Plaza de Toros en un espacio cultural libre de violencia.
El primero, titulado “105.000 razones para dejar de financiar la tortura”, está firmado por nuestro colectivo y adopta un tono más directo y crítico. En él se cuestiona el uso de dinero público para sostener prácticas crueles como la tauromaquia, especialmente a la luz de datos como los 105.000 euros anuales que percibe el director de la Escuela Taurina Municipal o los más de 8.000 euros de inversión por alumno, en un contexto de graves carencias sociales, culturales y sanitarias en nuestra ciudad.
El segundo texto, firmado por Pablo González, voluntario social y miembro de la asociación Dignidad Animal, ofrece una reflexión ética y humanista sobre la incoherencia que supone seguir subvencionando espectáculos basados en el sufrimiento animal. Su enfoque es más institucional y apela a los principios progresistas del Partido Socialista y a los valores democráticos que deberían regir la acción política.
Ambos textos surgen del trabajo continuado de muchas personas implicadas en la defensa de los derechos de los animales y en el impulso de la ILP “No es mi cultura”, que en Alicante ha sido uno de los territorios con mayor actividad y recogida de firmas para derogar la Ley 18/2013.
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional, entrevista o publicación parcial. Les agradecemos de antemano su atención y el espacio que puedan brindar a esta perspectiva ciudadana.ç
Atentamente,
Colectivo Alicante Antitaurina
105.000 razones para dejar de financiar la tortura Por Alicante Antitaurina
Lo que ocurrió en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante fue el enésimo
ejemplo de cómo el poder político se arrodilla, una vez más, ante el lobby taurino.
Una moción sensata, razonable, pacífica —como todas las que piden que el
dinero público no sirva para financiar tortura— fue ridiculizada y rechazada. ¿Por
qué? Porque hay partidos que siguen anclados en un concepto de cultura que
huele a sangre, a privilegio, a clientelismo.
Pero vayamos al grano. Hablemos de números: 105.000 euros es el salario
aprobado para el director de la Escuela Taurina Municipal de Alicante. ¿Cuántas
personas estudian allí? 19 alumnos. Echen cuentas: más de 5.500 euros por
alumno, solo en dirección. Pero eso no es todo. La moción denunciaba que en
total, incluyendo actividades, personal, premios y certámenes, el Ayuntamiento
destina más de 80.000 euros anuales a la tauromaquia.
Mientras tanto, asociaciones culturales, grupos de teatro independiente,
programas de arte comunitario, proyectos sociales, huertos escolares,
actividades para mayores o iniciativas por la salud mental luchan por sobrevivir
con ayudas ridículas —si es que las hay—. Pero la tortura en plaza tiene vía libre
y presupuesto asegurado.
¿Esto es cultura? ¿Esto es progreso? ¿Esto es lo que defienden los
representantes públicos en una ciudad que presume de moderna y europea?
En el pleno escuchamos de todo. Intervenciones predecibles desde el sector
taurino: que si el toro es cultura, que si es economía, que si sin festejos se
extingue la dehesa, como si el ecosistema español dependiera de las banderillas.
Pero lo más lamentable no fue eso. Lo más lamentable vino del concejal
socialista Miguel Castelló, que decidió no solo abstenerse de apoyar la moción,
sino atacar con desdén a quienes la defendieron. Un concejal con doctorado en
Filosofía y formación humanista que, en lugar de reflexionar sobre el sufrimiento
y el valor de la vida, prefirió hacer juegos malabares con tecnicismos para
esquivar el debate ético. Un concejal que, en vez de dar ejemplo desde su
supuesta sensibilidad progresista, optó por decir que la moción “no era
antitaurina” porque no pedía directamente la prohibición.
Claro que no pedía prohibir, señor Castelló. Pedía algo más básico: que dejemos
de pagar todos lo que solo disfrutan unos pocos. Pedía justicia fiscal. Pedía
democracia. Pedía coherencia.
La hipocresía se hizo evidente cuando muchos de quienes se declaran cristianos
—y hay varios en el pleno— defendieron, sin sonrojarse, una práctica que
consiste en acribillar un animal vivo con espadas ante la mirada de niños y niñas.
¿En qué parte del Evangelio se justifica el derramamiento de sangre como
espectáculo infantil? ¿Dónde encaja eso con el mensaje de compasión, de amor
por las criaturas, de cuidado del débil? O la Biblia ha cambiado mucho, o algunos
interpretan la palabra de Cristo en función de su carnet de abonado.
Desde Alicante Antitaurina, colectivo integrado por voluntariado y fedatarias de
la ILP “No es mi cultura” para derogar la Ley 18/2013 —esa ley que se inventaron
para blindar la tauromaquia como “patrimonio cultural” mientras la sociedad se
alejaba de ella— decimos alto y claro: no con nuestro dinero. Alicante fue uno de
los territorios donde más firmas se recogieron, donde más ciudadanía se implicó,
donde más calles, mesas, conciertos y mercados vieron a personas explicando
pacíficamente que el dolor no es arte y que la violencia hacia los toros no no
educa.
Y por eso duele tanto ver cómo nuestros representantes ignoran esa voluntad
popular. Cómo prefieren proteger a los suyos —porque esto no va de cultura, va
de redes de poder, va de clientelismo— antes que escuchar a una ciudadanía
que cada día tiene más claro que el futuro no pasa por el albero ni por la muleta
casposa.
Esto no es una guerra cultural. Es una exigencia ética. Lo que está en juego no
es solo el bienestar animal. Es el modelo de ciudad que queremos. ¿Una ciudad
que financia muerte o una ciudad que impulsa vida?
Mientras se gasta ese dinero en premiar a toreros, ampliar ferias, mantener
escuelas que apenas tienen alumnado real, se cierran servicios, se recortan
ayudas, se eternizan listas de espera para psicología infantil o atención a la
dependencia. Pero claro, la fiesta nacional no se toca. A eso no se le llama
cultura. Se le llama prioridad ideológica camuflada de tradición.
En 2025 no hay justificación posible para mantener la tauromaquia con dinero
público. Que existan personas a las que les gusta matar animales públicamente
ya es grave. Que además tengan que cobrar por ello con fondos públicos es una
ofensa a la inteligencia y a la ética.
El concejal Castelló dijo que si los festejos se autofinancian, pueden seguir
haciéndose. En eso coincidimos. Que se autofinancien. Que busquen
patrocinadores privados. Que monten rifas, crowdfundings o lo que quieran. Pero
que no lo pague el pueblo. Después desplazaremos nuestra lucha hacia otros
objetivos para conseguir la abolición, sí, la abolición de la barbarie taurópata.
Porque si algo quedó claro en el pleno, es que cuando se trata de defender a los
taurinos, algunos políticos se ponen el capote. Pero cuando se trata de defender
la dignidad, los derechos emergentes, la compasión o la justicia fiscal, prefieren
mirar para otro lado.
Alicante no merece una cultura financiada con sufrimiento
Por Pablo González (asociación Dignidad Animal).
En el último pleno del Ayuntamiento de Alicante, se debatió una moción
presentada por el Grupo Compromís para eliminar las subvenciones públicas a
actividades que implican maltrato animal, y reconvertir la Plaza de Toros en un
espacio multifuncional abierto a toda la ciudadanía. La propuesta fue rechazada,
pero lo más llamativo no fue la votación previsible, sino el discurso del concejal
socialista Miguel Castelló.
Resulta inquietante que alguien con formación en Humanidades y Filosofía no
vea la contradicción entre defender una práctica de violencia ritualizada hacia
animales y los valores progresistas y humanistas que su partido, el PSOE, dice
representar. Castelló no solo evitó entrar en el debate ético, sino que se centró
en ridiculizar la propuesta, reprochando que no se pidiera directamente la
prohibición de los toros, como si pedir que no se financie con dinero público una
práctica cruel fuera un acto de cobardía y no de democracia.
Quienes defendemos una cultura libre de violencia animal no pedimos censuras.
Pedimos coherencia: si la tauromaquia quiere seguir existiendo, que lo haga sin
fondos públicos. Que se autofinancie. Porque Alicante, como buena parte de
España, ya no quiere pagar espectáculos de sangre. Según el informe de la
Fundación BBVA, citado incluso por el propio concejal, un 72% de la población
rechaza la tauromaquia. ¿A quién representan entonces quienes la siguen
subvencionando?
Durante el pleno, las intervenciones de los representantes del lobby taurino no
aportaron nada nuevo: una defensa emocional de su profesión y la repetición de
los tópicos de siempre. Hablaron de valores, de economía, de tradición. Pero
nunca del sufrimiento. Nunca del toro. Nunca del problema moral que implica
convertir el dolor de un ser vivo en entretenimiento.
Frente a esa superficialidad, la ciudadanía ha dado una lección de compromiso
ético. Muchas personas en Alicante hemos trabajado durante meses como
voluntarias y fedatarias para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular que propone
derogar la Ley 18/2013, que convirtió la tauromaquia en Patrimonio Cultural.
Nuestra ciudad ha sido uno de los territorios más activos en toda España. ¿Y
qué respuesta obtuvimos de nuestros representantes en el pleno? Silencio,
evasión, y en algunos casos, desdén.
No se trata de una guerra entre ideologías. El artículo 13 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea reconoce a los animales como seres
sintientes y obliga a tener en cuenta su bienestar en las políticas públicas. La
tauromaquia es una excepción cultural legal, sí, pero no moral. Y las excepciones
no deben blindarse con dinero público. Porque cuando lo hacemos, estamos
diciendo que la tradición está por encima de la compasión. Que el arte justifica
el sufrimiento. Que los privilegios pesan más que la evolución ética.
La historia del pensamiento español está llena de voces críticas con la
tauromaquia. El investigador Juan Ignacio Codina documentó en su tesis
doctoral “Pan y Toros. Breve historia del pensamiento antitaurino español” cómo
la crítica a estos espectáculos ha sido constante desde hace siglos, incluso
desde dentro del propio mundo cultural español.
Hoy, desde la ciudadanía, desde el voluntariado y desde una conciencia
colectiva en auge, pedimos algo básico: que nuestros impuestos no se destinen
a sufrimiento. Que la política esté a la altura del progreso ético que ya ha calado
en gran parte de la sociedad. Que se escuche la voz de quienes creemos que
una ciudad moderna y compasiva es incompatible con el maltrato como
espectáculo.
Alicante merece una cultura viva, sí. Pero sin sangre
