La diputada de Podemos Cristina Cabedo, ha recordado hoy que su grupo parlamentario había reclamado en Les Corts Valencianes que el Consell estableciera mecanismos de control en adjudicaciones de uniformes de la policía local, después de que un juzgado de Torrent haya abierto diligencias penales por un presunto delito contra la administración pública en el procedimiento de contratación de los uniformes de la policía que realizó hace meses el ayuntamiento.
Cabedo ya había advertido de que la falta de control podía dar lugar a prácticas poco transparentes que beneficiaran a intereses personales o privados y por ello, presentó una propuesta de resolución en la que reclamaba al Consell que introdujera mecanismos de control que aseguraran que ninguna corporación municipal pudiera incluir requisitos en la uniformidad de la policía local diferentes a los requisitos establecidos en la normativa vigente sin solicitarlo previamente.
Podemos también planteó que se arbitraran sanciones administrativas en la propia normativa que regula la homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local de la Comunitat Valenciana para aquellas corporaciones locales que incumplan los procedimientos establecidos para introducir cambios y mejoras en la uniformidad de la policía local.
Cabedo ha insistido en que la falta de control “puede dar lugar a prácticas poco transparentes que beneficien intereses personales o privados, como corporaciones locales que a través de pliegos técnicos de concursos públicos beneficien a ciertos fabricantes o proveedores, configurando así redes clientelares y de corruptelas».
La diputada también presentó en Les Corts preguntas referidas a los ayuntamientos de Torrent, Requena y Paterna interesándose sobre si estos consistorios habían propuesto a la Generalitat la introducción de mejoras en la uniformidad de los miembros de su policía local y si es así, si se notificó la resolución al respecto por parte del Consell en los tres meses siguientes a la fecha de entrada de la propuesta en el registro del órgano competente en su tramitación.