Esta falta de control “puede dar lugar a prácticas poco transparentes que beneficien intereses personales o privados”, afirma la diputada Cristina Cabedo
La Comisión de Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy una iniciativa de Podemos en la que se reclama al Consell que introduzca mecanismos de control que aseguren que ninguna corporación municipal pueda incluir requisitos en la uniformidad de la policía local diferentes a los establecidos en la normativa vigente sin la correspondiente solicitud.
Asimismo, plantea que se arbitren sanciones administrativas en la propia normativa que regula la homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Local de la Comunitat Valenciana para aquellas corporaciones locales que incumplan los procedimientos establecidos para introducir cambios y mejoras en la uniformidad de la policía local.
La diputada del grupo parlamentario Podemos-Podem, Cristina Cabedo, ha explicado que esta propuesta tiene su origen en una denuncia de CCOO referente a la adjudicación, por parte del ayuntamiento de Torrent, de la licitación sobre la confección de los uniformes de la policía local diferentes a los de la normativa general porque así lo permite la normativa general, pero sin cumplir la tramitación administrativa necesaria, situación que parecía que también se iba a producir en Paterna y Requena.
Cabedo ha alertado de que “nos hemos acostumbrado a los grandes casos de corrupción que salen por la televisión” pero, ha añadido, “la cultura caciquil también hay que prevenirla en los espacios que no salen en las televisiones nacionales”. A su juicio, hay que “evitar y desaprobar desde la administración las posibles mafias caciquiles de la propia administración”.
La diputada ha recordado que según el artículo 8 de la Ley 6/1999 de Coordinación de Policía Local, es una competencia del Consell determinar, homogeneizar y homologar la uniformidad de la Policía Local.
No obstante, Cabedo ha indicado que este decreto en su artículo 3 indica que, como consecuencia del desarrollo tecnológico o por necesidades del servicio, operatividad o estética, las corporaciones que estimen oportuno incorporar o modificar alguna pieza o elemento no recogido expresamente en el decreto, podrán proponer la introducción de las mejoras en la uniformidad de los miembros de sus unidades, una vez su propuesta sea estudiada por el Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales y la conselleria competente.
Sin embargo, ha advierte Cabedo, “a pesar de establecerse este silencio positivo, el decreto no dispone nada si ocurre lo contrario” es decir, que la norma no prevé control o sanciones en el caso de que los concursos públicos de las corporaciones locales establezcan requisitos diferentes a los establecidos por el decreto sin solicitarlo.
Esta falta de control, según ha manifestado la parlamentaria, “puede dar lugar a prácticas poco transparentes que beneficien intereses personales o privados, como corporaciones locales que a través de pliegos técnicos de concursos públicos beneficien a ciertos fabricantes o proveedores, configurando así redes clientelares y de corruptelas”.
Así, ha recordado que “la actividad de los sindicatos ha sido importante para hacer conocer a la dirección general de la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias respecto a prácticas ilegales en este sentido, pero es necesario que la Administración Pública introduzca normativa y canales de control atendiendo a su responsabilidad en una más eficaz, justa y transparente gestión de los recursos públicos”.
