Tras las maniobras del Gobierno de Mariano Rajoy que activó todos los recursos del Estado para evitar que estallase antes del 26J, esta semana nos hemos encontrado con la gran noticia de que el Estado, o sea los contribuyentes, tenía que nacionalizar las autopistas de peaje que se encuentran en quiebra. Se trata de las cuatro radiales de acceso a Madrid, gestionadas por un consorcio compuesto por las archiconocidas Abertis, ACS, Sacyr y Bankia; algunas de las cuales sale en los papeles de Bárcenas como posibles financiadores del PP.
Los empresarios sabían que si no funcionaba su negocio, se renegociaría, es decir, si va bien gano, y si va mal pagas tú. Un negocio redondo. Pues la broma nos costará de 4.500 a 5.500 millones de euros. Curiosamente la misma cifra Bruselas está demandando que recortemos en sanidad y educación. Otro negocio que roza el esperpento, hay que rescatar el negocio de otros y además nos recortan en nuestro estado de bienestar.
¿Y qué sucede cuando una autopista funciona? Pues se negocia el plazo, al menos en 14 autopistas se ha hecho así. Por ejemplo, una cercana a nosotros, la de Valencia-Alicante, cuyo plazo de concesión se ha ampliado de 27 a 47 años.
Cláusulas vergonzantes
En los contratos de concesión, provenientes de la era Aznar, existe la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que obliga al Estado a asumir la gestión de las infraestructuras en quiebra y, además, abonar a las compañías que tienen la concesión el importe de la inversión que no han recuperado.
Así, el actual Ministro de Fomento, De la Serna, retoma un plan de rescate que habían intentado sacar a flote sin éxito sus predecesores en el Ministerio. Conviene recordar las palabras de su inmediata antecesora, Ana Pastor, cuando decía que el rescate de las autopistas tendría un coste 0 para el contribuyente.
La propuesta es que Fomento asuma las autopistas, tras aplicar una quita del 50% de su deuda y convertir el resto en un bono a treinta años de su propiedad. Como veis todo muy rentable para las empresas adjudicatarias, ahora bien, para el contribuyente es como mínimo vergonzante. Fomento cree que la operación puede salir rentable al poder recaudar cantidades por los peajes. Sí estáis leyendo bien, ahora resulta que las empresas que no están obteniendo rendimientos económicos, las rescatamos entre todos, pagamos su deuda, y nuestro Ministro dice que puede ser un chollo. Nos toman por tontos o, al menos, eso parece.
Causas
Las causas son varias. Desde sobrecostes en el proceso de construcción, sobrecostes en la expropiación de los terrenos valorados en 400 millones y un coste final de 2.400, escasez de tráfico, ubicaciones paralelas a otras vías gratuitas, autopistas que no llevan a ningún sitio,
En su momento se estimó que por estas radiales circularían unos 10.000 vehículos diarios. Quien realizó esta estimación iba sobre seguro, pero no cayó en la cuenta de que hay carreteras paralelas que son gratuitas y que quien tiene que circular por estas autopistas suele ser el ciudadano que va todos los días a trabajar, y claro, el trabajador un día puede pagar el peaje, pero si es a diario, prefiere perder 10 minutos, sino no vale la pena ni ir a trabajar.
Si a estas empresas se les hubiera dicho que corrían con los gastos si no se llegaba a esa cantidad de vehículos, ¿qué hubiera pasado? Pues que ni si quiera se hubiera presentado al concurso para obtener esa adjudicación, pero como detrás estaba papá Estado, pues eso.
Antecedentes
Lo peor de todo es que en este tipo de situaciones ya tenemos experiencia, pero no nos ha servido de mucho. En 1984, el Gobierno, presidido por Felipe González, salió al rescate de seis autopistas de peaje en quiebra: Atlántico, de la Ruta de la Plata, de la Costa da Morte, de Val Miñor, de Navarra, y Central Gallega. El banco malo que se creó entonces fue bautizado como empresa nacional de autopistas (ENA).
En medio siglo se han adjudicado a empresas privadas 38 concesiones para la construcción y gestión de 6.277 kilómetros de este tipo de infraestructuras de alta capacidad. Con el tiempo, 14 de ellas, con sus 1.304 kilómetros, se arruinaron y fueron nacionalizadas, o sea que el 37% de las concesiones otorgadas y el 21% de los kilómetros han quebrado y han sido rescatados.
Si ya tenemos estos antecedentes, ¿por qué se sigue actuando así? O ¿es que estas empresas y el Estado a sabiendas de lo que va a pasar, firman cláusulas donde el único que sale perdiendo es el contribuyente? Ante ello me pregunto ¿estas actuaciones no tendrían que tener alguna consecuencia, tanto para el Ministro de turno, como para las empresas? Porque no olvidemos que están en juego nuestra sanidad, educación, pensiones y servicios sociales; que son las partidas que el Gobierno del PP tiende a recortar y hacer acopio, con las conocidas consecuencias que suponen: desde niños en barracones para estudiar, a largas listas de espera en nuestra sanidad, recortes en dependencia, etc.
El mecanismo de la responsabilidad patrimonial de la administración es una estafa legalizada. Para evitar estas actuaciones reprobables, Unidos-Podemos ha propuesto esta misma semana, incluir en el Código Penal un nuevo delito de administración ilegal para la administración pública, equivalente a la negligencia en la empresa privada. El desfalco y maltrato a las instituciones no puede quedar más tiempo impune. Si gestionan mal, que rindan cuentas.
