La plataforma ciudadana y municipalista denuncia que muchas de las mociones aprobadas en el pleno no se han llevado a cabo, no se han aplicado o bien sólo lo han hecho a medias, la mayoría de ellas por parte de partidos de la oposición, pero también varias que fueron iniciativas de los propios partidos políticos que conforman el gobierno, PSOE y Compromís.
Por un lado, Totes amb Burjassot señala mociones que no se han aplicado en su totalidad, como la moción por una vivienda digna aprobada en septiembre de 2015, en el que el Ayuntamiento se comprometió a tener reuniones todos los meses con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuestión que no sucede; no se ha creado la concejalía 22, acuerdo adoptado en octubre de 2015 a instancias de Compromís; ni tampoco se ha creado la Comisión Extraordinaria ni convocado al Consejo de Participación Ciudadana para debatir los reglamentos municipales y cambiar el funcionamiento de las instituciones para hacerlas más participativas y transparentes, acuerdos aprobados en abril de 2016, y que el equipo de gobierno se comprometió a acometer antes de 2017.
Por otro lado, desde la plataforma señalan mociones que no se han aplicado, como la creación del Consejo Municipal de Transparencia, aprobada en abril de 2016 con el objetivo de hacer seguimiento de subvenciones, deuda y cuentas municipales; aseguran que nunca se han incluido criterios sociales, ambientales y/o administrativos en los pliegos de los contratos que se licitan, tal y como se aprobó también en abril a instancias de EU; y tampoco se ha aplicado ni un acuerdo de la moción de C’s para realizar un seguimiento en la web del Ayuntamiento sobre el seguimiento de las mociones aprobadas, propuesta de junio de 2016. Recuerdan también que hay compromisos que no se están aplicando correctamente o están tardando, como el desarrollo e implantación de la Agenda21, el pleno infantil o la construcción del nuevo edificio para el CEIP San Juan de Ribera.
Por último, en Totes amb Burjassot denuncian que existen mociones suyas paralizadas desde hace meses, como la propuesta para reordenar el tráfico en el barrio Isaac Peral; o la realización de una auditoría energética y medidas para la eficiencia energética de los edificios municipales, presentadas en marzo y en mayo de 2016 respectivamente.
La plataforma ciudadana avisa de que el Ayuntamiento tiene la obligación de ejecutar los acuerdos aprobados en el pleno o podría incurrir en una ilegalidad.
