EU Verds interpone denuncia en la Fiscalía provincial por presunta prevaricación del gobierno socialista de Aldaia; debido al reparto discrecional de subvenciones “nominativas” a entidades de dentro y fuera del municipio por valor de más 202.000 euros, sólo en 2016.
Tras la denuncia presentada el pasado 6 de abril, la Fiscalía ha aceptado “incoar Diligencias de Investigación penal” y nombrar a un fiscal instructor.
En la denuncia presentada, además de justificar la existencia de irregularidades contrastadas en la justificación de las subvenciones, se insiste en el concepto de prevaricación por abuso de poder, discrecionalidad o clientelismo, como se prefiera llamar. Unas actuaciones sancionadas por diversos pronunciamientos judiciales, sobre responsables públicos que pretendieron imponer su voluntad, ignorando o “rodeando” la legislación correspondiente aunque ello supusiera menoscabo para los intereses generales. Esto es lo que a juicio del grupo municipal de Esquerra Unida Verds viene ocurriendo en Aldaia a propósito de las subvenciones nominativas. Buscando un rédito y resultados muy concretos, el ejecutivo socialista -siempre presuntamente- proporciona “favores” de manera parcial e injusta, arbitraria en definitiva, empleando además unos recursos -en este caso dinerarios- que pertenecen a todo el pueblo de Aldaia.
Una descripción jurídica de este tipo de comportamientos es la citada por J.R. Chaves (“El delito de prevaricación reverdece jurisprudencialmente” 10 de febrero 2015), quien escribe:
“(…) Y así se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolución no ajustada al ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa (SSTS de 23-5 – 1998 , 1/1998 ; de 4-12-1998 ; 766/1999, de 18 mayo y núm. 2340/2001 , de 10 de diciembre), lo que también ocurre cuando la arbitrariedad consiste en la mera producción de la resolución -por no tener su autor competencia legal para dictarla- o en la inobservancia del procedimiento esencial a que debe ajustarse su génesis (STS núm. 727/2000, de 23 de octubre)(…)”.
La admisión a trámite por la Fiscalía Provincial de esta denuncia de Esquerra Unida Els Verds, constituye un nuevo paso en la escalada iniciada en 2016 para tratar de evitar una utilización del poder municipal por parte del grupo socialista muy alejado de criterios éticos y de buen gobierno. Unos comportamientos basados en el abuso de poder que, en otro tiempo, cuando tenían mayoría absoluta, denominábamos “rodillo”.
