Ante la situación desquiciante a la que se ha llegado en torno a la convocatoria del 1 de Octubre en Cataluña, Actúa quiere denunciar en primer lugar la responsabilidad del Gobierno y del Partido Popular que, desde los tiempos en que presentó recurso contra el Estatut que había sido aprobado por los parlamentos catalán y español, no ha dejado de alimentar la creciente desafección de una parte de la sociedad catalana hacia el Estado.
El gobierno del PP ha rechazado la negociación política, incentivando con ello la radicalización de posturas que ha llevado en estos días a un callejón sin salida en el que la utilización de los instrumentos del Estado degrada la función de los mismos y hace que la desproporción y la pérdida de garantías jurídicas sea la norma, presentando la acción de la Fiscalía contra representantes públicos elegidos democráticamente como una continuación del brazo represivo del Ejecutivo. En este sentido, Actúa considera que la citación de los alcaldes es de todo punto arbitraria ante la ausencia de hecho delictivo que se les pueda reprochar.
Sin embargo, las críticas no pueden ir solo en la dirección del Gobierno de Rajoy, que aprovecha el deterioro de la situación en beneficio propio, sino también frente a quienes, como la Generalitat y la mayoría parlamentaria pro independencia, hacen gala del desprecio más ramplón a las reglas democráticas de convivencia.
Quienes integramos Actúa afirmamos tajantemente que lo que se plantea el 1 de octubre ni es un referéndum, puesto que carece de garantías (ni tan siquiera se dispone de un censo en condiciones), ni es simplemente la movilización ciudadana que defienden otros, dado que viene impuesta y pre diseñada por los partidos y grupos independentistas. Es en realidad una convocatoria de adhesión unilateral al independentismo, sin garantías, insistimos, y al margen de la Constitución. Es más, consideramos que la dinámica en que ha derivado este proceso acabará fracturando España en beneficio de posiciones reaccionarias del Partido Popular en el resto de territorios del Estado, a la vez que deteriorará la convivencia en Cataluña y en el resto de España, que tanto nos ha costado construir y consolidar.
Actúa ni comparte el procès, ni las formas que desde el Gobierno se han seguido para afrontarlo. Ahora más que nunca es necesario reclamar una acción política basada en el diálogo y la negociación. Y exigir a los partidos políticos que actúen con responsabilidad y altura de miras hasta conseguir el acuerdo necesario para abordar de manera pactada y con garantías democráticas la reforma del modelo territorial del Estado.
