Podem ha presentado de manera simultánea en el Congreso de los Diputados, les Corts y el Ayuntamiento de Valencia una batería de iniciativas para paralizar el proyecto y destinar la inversión prevista, de 30 millones del presupuesto del Estado para otras actuaciones más sostenibles a consensuar con el Ministerio de Fomento.
Podem se suma a la oposición vecinal a la ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-Valencia de la Autovía V-21 mediante la presentación con escasos días de diferencia sendas Proposiciones No de Ley en el Congreso de los Diputados y en les Corts valencianes que serán debatidas en las próximas semanas. También en el ayuntamiento de Valencia, donde se contaría con el apoyo de los partidos de gobierno, Compromís y PSOE.
El eventual pronunciamiento a favor de la paralización del proyecto por parte del pleno del ayuntamiento de Valencia, vendría a sumarse al rechazo acordado por unanimidad por el pleno del ayuntamiento de Alboraia el pasado 12 de septiembre.
El proyecto de ampliación a tres carriles del del tramo Carraixet-Valencia de la Autovía V-21 se remonta al año 2009 y no había salido a licitación hasta agosto de 2017 el contrato de obras. La justificación del proyecto es aumentar la capacidad de la V-21 en su tramo final de entrada a Valencia. Un punto que soporta más de 70.000 vehículos de media al día y que concluye en un complejo sistema de semáforos que regula el acceso y la distribución del caudal de vehículos hacía distintas vías de la ciudad.
Los colectivos vecinales que encabezan la oposición al proyecto y diversos expertos alegan que la ampliación proyectada de un tercer carril no resolverá el cuello de botella que se produce en la entrada a Valencia y que por el contrario generará una expectativa que inducirá una mayor presión de tráfico inasumible por la ciudad. Critican también que la alternativa elegida tendrá un enorme impacto sobre una huerta periurbana en vías de protección a través de la Llei de l’Horta, ya en trámite parlamentario y el Pla de Acción Territorial de Protecció de l’Horta que acaba de concluir el periodo de información pública.
Lo cierto es que el proyecto de Fomento supone la desaparición de 80.000 metros cuadrados de huerta en producción en una zona de alta fertilidad, además de la destrucción o desvió de acequias que forman parte de la estructura tradicional bajo la jurisdicción del Tribunal de las Aguas, declarado por la UNESCO en 2008 patrimonio inmaterial de la humanidad.
En línea con los argumentos esgrimidos por los colectivos vecinales y expertos, la diputada en el Congreso de los Diputados, Rosana Pastor, cuestiona la necesidad real de la ampliación y esgrime que «la tendencia en toda Europa es a incorporar la lógica de la sostenibilidad a la planificación en materia de transporte y no a seguir apostando por inversiones que estimulen el tráfico privado y el colapso de las ciudades que deben abandonar la cultura del coche para ser espacios más habitables».
En esa dirección apunta la moción que María Oliver, concejala de València en Comú, negocia con los restantes gurpos del gobierno municipal y que puede asegurar que el ayuntamiento de Valencia se sume a la petición al Ministerio de Fomento de paralización de la licitación de las obras, en términos similares a lo acordado también por Alboraia, el otro municipio afectado por el proyecto.
Según Oliver, «estamos a tiempo de hacer que el gobierno central no comprometa 30 millones de euros en una actuación rechazable desde el punto de vista técnico y social y de llevar a cabo una reflexión sobre las alternativas que favorezcan la movilidad colectiva y sostenible pensando en el futuro de la ciudad y el área metropolitana».
Desde les Corts, el diputado Antonio Montiel, recuerda que el pasado 14 de septiembre, con ocasión del debate de política general, el pleno de les Corts, también a iniciativa de Podem, aprobaron por unanimidad que las inversiones del Estado deben ser respetuosas con la planificación territorial y urbanística de la Generalitat y los ayuntamientos afectados y para ello es necesaria la creación de una comisión de coordinación que examine con antelación suficiente las necesidades reales de la Comunidad Valenciana y sus municipios bajo principios de prioridad social, sostenibilidad y eficiencia. «El tiempo de recibir pasivamente aquellas inversiones que el Estado central decide, casi sin consultar a la ciudadanía ni a sus representantes, pasó. Debemos exigir coherencia territorial, ambiental y social en todas las inversiones si queremos hacer de ellas una herramienta de desarrollo equilibrado y sostenible de nuestra comunidad», afirma.
