Agradece a organizaciones y personas el apoyo recibido y solicita reunión con Ana
Barceló para despejar dudas sobre próximos pasos
La plataforma por la Sanidad 100 x 100 pública y de Calidad del departamento de salud
de Torrevieja se alegra de la decisión de la Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública , dada a conocer el martes 13 de octubre , de no prorrogar el contrato con
Ribera Salud que vence en octubre de 2021 y recuperar el departamento de salud de
Torrevieja de la comarca de la Vega Baja para la sanidad pública valenciana.
La Plataforma ha trabajado y luchado para que la sanidad pública deje de ser nicho de
negocio para empresas con ánimo de lucro. Porque la sanidad pública es demasiado
importante para dejar su gestión a empresas como Ribera Salud – Centene Corporation
que tienen como brújula el beneficio para sus accionistas y no la salud de la población.
Con humildad destaca el papel realizado en este proceso por la plataforma y por el
conjunto de organizaciones y personas que desde la sociedad civil han contribuido a
este importante avance para reforzar la sanidad pública recuperando lo que se había
privatizado. Quiere compartir este momento de alegría y expresar su agradecimiento
por al apoyo recibido.
La plataforma tiene la firme voluntad de continuar su trabajo en la defensa de una
sanidad pública y de calidad, que no se agota con el anuncio de Consellería, porque
defiende que la participación de la ciudadanía es un factor fundamental para
mejorar la salud individual y comunitaria.
A pesar del avance que representa la decisión de la Consellería de Sanidad en
recuperar el departamento de Torrevieja a la sanidad pública, persiste incertidumbre e
incógnitas sobre los pasos que se darán desde la Administración, por lo que la
plataforma ha solicitado una reunión con la Consellera de Sanidad.
Desde su constitución, la plataforma ha trabajado y reivindicado una sanidad 100 x 100
pública y de calidad, que pasa, en nuestra comarca, por la recuperación del
Departamento de Salud de Torrevieja, con las máximas garantías de seguridad jurídica.
Considera que el proceso debe ser la gestión pública y directa, con la mayor
transparencia posible y que cuente con la participación de trabajador@s y usuari@s.
