El informe que se elaboró en respuesta a las acciones judiciales de Compromís reclama a los diputados populares devolver 45.000 euros, 28.000 de ellos en comidas y desplazamientos sin relación con la actividad de la institución y da por buenos casi 60.000 euros en telefonía pese a que el PP no acredita el uso del dinero acorde a ley.
Entre 2015 y 2016 el porcentaje de financiación del partido proveniente de la Diputación pasa a ser del 27,82% al 99,58%, generando incluso superávit en las cuentas del PP.
Compromís considera que, incluso siendo una auditoría amiga, los resultados del documento demuestran que el PP presentó certificados falsos a la Intervención para evitar devolver el dinero.
22 de julio de 2021
La auditoría externa encargada por la Diputación de Alicante sobre las subvenciones recibidas por los partidos políticos no pone luz y taquígrafos en el uso que el PP hace del dinero público, pero sí constata parte de las irregularidades que viene denunciando Compromís desde hace años en la institución alicantina, como es la financiación irregular del partido con dinero público y falsedad documental en la acreditación de ese gasto.
El informe de Faura-Casas acredita que el PP debe devolver a las arcas públicas -al menos- 45.000 euros de los cerca de 466.000 que ha ingresado desde la Diputación alicantina en cuentas del partido entre 2015 y 2018. De esta cantidad a devolver, 28.000 euros sirvieron para pagar comidas y desplazamientos que no tienen nada que ver con la actividad política de los diputados.
La Diputación de Alicante financia, según su propia cuenta justificativa, casi enteramente y de forma irregular al partido que dirige Carlos Mazón, presidente además de la institución. Entre 2015 y 2016 el porcentaje de financiación del partido proveniente de la Diputación pasa a ser del 27,82% al 99,58%, generando incluso superávit en las cuentas del PP.
Compromís considera que Eduardo Dolón, secretario provincial del partido entonces y vicepresidente de la institución, mintió cuando certificó que el trasvase de dinero al partido estaba justificado al ser, según Dolón, un gasto conjunto e indivisible. El dato se aportará a la investigación que actualmente realiza la Fiscalía Anticorrupción sobre este asunto.
Auditoría amiga con el PP
Los valencianistas, no obstante, califican de auditoria amiga del PP al ser excesivamente laxa con la investigación. Incomprensiblemente, la auditoría da el visto bueno a gastos en telefonía por valor de 60.000 euros que sirvieron para pagar el teléfono de todo el partido mientras indica expresamente que no puede considerarse un gasto conjunto e indivisible.
“El importe indicado en las diferentes cuentas justificativas incluye gastos de teléfono del Partido Popular de Alicante que corresponde a gastos comunes indivisibles como: líneas fijas, ADSL-internet, línea fax, etc. y gastos de teléfono que no tendrían la consideración de gastos comunes e indivisibles al incluirse las líneas particulares de miembros del Partido Popular de Alicante que no tienen relación directa o indirectamente con el Grupo Popular de Diputación de Alicante. La información facilitada no permite identificar los gastos que corresponden a uno u otro concepto, por lo que no podemos identificar los gastos que deben considerarse como elegibles de este concepto (nota 2.4.2)”.
Asimismo, admite que el PP no aporte las facturas de gasto al informe y se haya limitado a exhibirlas en su sede, contrariamente a lo que la Intervención de la institución pidió a todos los partidos, entre ellos Compromís. Y lo más llamativo, da por bueno que el PP pasará a financiar en 2016 desde la Diputación el 99,58 por ciento de los gastos del partido y que indique que no existe ningún criterio razonable que lo justifique, como expresa el auditor cuando enumera las limitaciones del propio estudio financiero.
“En las cuentas justificativas presentadas se observa que con los fondos aportados por el Grupo Político del Partido Popular de la Diputación de Alicante se financian gastos realizados por el Partido Popular de la provincia de Alicante (PP de Alicante) cuyo porcentaje de financiación varia de unos ejercicios a otros y sin que dicho porcentaje esté establecido a partir de argumentos y razonamientos que permitan verificar la razonabilidad del porcentaje aplicado (nota 2.3.2)”.
“Más allá de las acusaciones de financiación irregular los datos reflejan el uso sin complejos de los recursos de la Diputación para mantener la casi totalidad de gastos del PP provincial. Cabe recordar que, en 2015, en plena crisis económica, el PP multiplicó por cuatro estas asignaciones a los grupos. Carlos Mazón y todo el pasado del PP deberían tener una distancia social de un kilómetro de cualquier administración pública”, ha aseverado Gerard Fullana, portavoz del Compromís, quien fuera denunciado por el PP de Alicante por expresar lo que ahora en parte constata una empresa privada.
Anticorrupción y Tribunal de Cuentas
Compromís aportará la auditoría a la Fiscalía de Anticorrupción que actualmente investiga los hechos denunciados por la coalición. Además, el portavoz en la institución, Gerard Fullana, ha insistido en que la auditoria no solo es ilegal, puesto que usurpa la acción que debería ser del Tribunal de Cuentas, sino que lo es también por dar por buenas justificaciones que no acreditan el destino finalista de los fondos.
