La organización anarcosindicalista considera que esta modificación de la normativa es totalmente insuficiente, porque continúa desprotegiendo a las personas trabajadoras más precarias de nuestra sociedad
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado tras conocerse el texto de la “nueva” Reforma Laboral, y que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros en breve, en el que analiza las líneas más importantes del mismo en cuanto a los efectos que tendrá sobre la clase trabajadora, dejando claro que los cambios anunciados por la ministra de Trabajo son totalmente insuficientes, no siempre positivos, y no se ha llegado a gran parte de los objetivos.
En un análisis general de este texto, CGT señala que se ha intentado atajar la temporalidad en aspectos como la desaparición del contrato de obra y el endurecimiento de causas o acceso a la condición de indefinido por acumulación de trabajo temporal. También se amplía el mecanismo de los ERTE, abarcando causas macroeconómicas de cualificación de trabajadores y trabajadoras para activarlo con un fondo a cargo de contribuciones por desempleo y vía impuestos (Presupuestos Generales del Estado). CGT indica en este punto que para soportar los costes de este mecanismo se recurra a los excedentes de las cotizaciones por desempleo, aportaciones por los PGE y la financiación de la Unión Europea, es decir, que en parte se utilice para sufragarlo contribuciones a la Seguridad Social (en unos momentos en los que se nos vende la insostenibilidad del Sistema Público de la Seguridad Social), y por los impuestos de la ciudadanía, cuando es un mecanismo diseñado para beneficiar a las empresas, para que puedan ajustar su producción en todo momento. En este bloque, lo que más llama la atención para la organización anarcosindicalista, es el establecimiento de un nuevo artículo, el 47 Bis, con el llamado “mecanismo RED de flexibilización y estabilización”, para que cuando se den causas cíclicas o sectoriales, el Consejo de Ministros pueda activar esta herramienta para que las empresas se acojan a las medidas de suspensión o reducción de jornadas ante la autoridad laboral. Se crea, pues, una prestación específica para las personas trabajadoras afectadas que no consumirán cotizaciones pero que tampoco garantizan el 100 % del salario. Las empresas, por su parte, mantendrán las bonificaciones en cotizaciones, que van en función de la causa suspensiva con la única condición de dotar de formación a los trabajadores.
Por otro lado, CGT señala que la prioridad de los convenios de empresa sobre los del sector solo desaparece en materia salarial, manteniéndose en el resto de aspectos, y se recupera el Convenio Colectivo en situación de ultraactividad. Pero, por otro lado, no se modifica la redacción de las causas del despido de la reforma laboral de 2012, ni la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la misma. Tampoco se restablecen las indemnizaciones por despido improcedente y los salarios de tramitación que la reforma del Partido Popular alteró y que produjo un abuso del despido libre sin mayor consecuencia para la clase empresarial. Además, CGT considera que esta “nueva” normativa de Yolanda Díaz, continúa la senda de la flexibilidad y la competitividad de las empresas en el mercado internacional. En definitiva, el bloque central de este nuevo texto afecta a la temporalidad, eje vertebrador de la misma, pero que es una condición exigida por Bruselas para recibir los fondos, aunque tampoco fija un tope máximo por empresa o sector, sino que dependerá de la negociación.
CGT reprocha al Gobierno de PSOE y UP que la no derogación de la Reforma Laboral de 2012 se ha olvidado de muchos aspectos muy dañinos para las personas trabajadoras de este país, ya que no resuelve tampoco los problemas de los contratos a tiempo parcial no voluntarios, ni limita o prohíbe el uso de horas extras, pese a la tasa de paro existente. Tampoco limita la cesión de personas trabajadoras por medio de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
CGT considera que esta “no derogación” o “no reforma” es una nueva tomadura de pelo a la clase trabajadora, que sigue soportando las consecuencias de nuevas crisis sin recuperarse de una situación aún más dura tras la pandemia de Covid-19, presente en nuestro país desde marzo de 2020, algo que al parecer, para las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT carece de consideración a la vista de la cesión realizada sin contrapartida ni lucha por su recuperación.
