4 de enero de 2022
En 2000 el gobierno municipal de Alcoi, entonces presidido por el Partido Socialista del País Valenciá, acometió, con la connivencia del Partido Popular, la privatización del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad mediante un proceso oscuro y antidemocrático que impidió, de hecho, la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, a pesar de que se realizaron movilizaciones masivas y se consiguió el apoyo de más de 10.000 firmas demandando la suspensión de la privatización. El resultado fue la concesión del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Aqualia por 20 años y, de paso, propició una crisis en el partido de gobierno favoreciendo que poco después el PP asumiera el poder en el ayuntamiento de Alcoi.
Veinte años después, cuando la concesión ha sido prorrogada y está a punto de finalizar, otro gobierno socialista presidido por Toni Francés Pérez, persiste en optar por la privatización del agua utilizando procedimientos similares a los de entonces: apoyarse en un proceso nada transparente ni participativo que aprovecha la época de fiestas navideñas para ponerlo en marcha, a la vez que presenta un informe de parte encargado a una consultora privada que incorpora notables inconsistencias técnicas y metodológicas e, incluso, está plagado de matices y posicionamientos ideológicos a favor de la gestión privada.
Estas cuestiones han sido puestas de manifiesto tanto por Lluís Torró Gil, exregidor y exdiputado de EUPV, la organización ecologista La Carrasca y, específicamente, por el informe que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) preparó a petición de la Iniciativa Ciutadana per una Gestió pública de l’aigua. Los criterios y fundamentos que ha aportado la ciudadanía deberían ser tenidos en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre un tema crucial como es el modelo de gestión.
A pesar de ello, el alcalde ha optado por la privatización de los servicios de abastecimiento al margen de la ciudadanía, en clara vulneración del derecho humano al agua que tiene como principios fundamentales la transparencia y la participación activa, libre y significativa, en cuyo contexto se asume que cualquier decisión que afecta al modelo de gestión de los servicios de agua o saneamiento deben ser previamente contrastados con la ciudadanía. Esta circunstancia es especialmente cuestionable para el actual alcalde socialista, en la medida en la que el presidente de gobierno de España se comprometió en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020, a consagrar el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil.
En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) llama al actual alcalde a proceder de forma consecuente con las determinaciones de su partido y que ponga en marcha un proceso participativo y democrático sobre la forma de gestión del servicio de agua en Alcoi reconduciendo su propuesta al respecto del pleno del próximo 7 de enero.
Frente a este intento de privatización, la RAP apoya los posicionamientos de la Xarxa Valenciana per l´Aigua Pública y de los movimientos ciudadanos de Alcoi a favor de la remunicipalización y la gestión pública y democrática del agua.
